En los últimos años hemos asistido a un sostenido aumento de la lucha reivindicativa de los trabajadores chilenos. En los seis años transcurridos desde el 2006, ha habido un crecimiento constante de las huelgas, tanto legales como ilegales, por mejoras salariales y de las condiciones laborales.

Este es un hecho de importancia capital, pues la lucha reivindicativa es la base para el paso a formas de lucha de mayor calado estratégico e histórico, que instalen a los trabajadores en la disputa política primero y permitan pensar en la construcción de una alternativa social al capitalismo posteriormente.

El nuevo período fue abierto por las grandes luchas de los trabajadores subcontratistas del cobre y forestales, quienes sobrepasaron la legalidad del código del trabajo pinochetista, nunca modificado por los gobiernos de la Concertación, e impusieron en los hechos la negociación inter empresa. La represión del “gobierno ciudadano” de Michelle Bachelet cobró la vida del obrero forestal Rodrigo Cisternas en mayo del 2007.

Este período de alza de la lucha sindical sucede a un período de depresión de las luchas. En el período 1998-2005, considerando sólo las huelgas legales, hubo un promedio anual de 12 mil trabajadores en huelga; en el período 2006-2011, dicha cifra se elevó a 21 mil trabajadores por año. El número de huelgas pasó de un promedio de 109 por año en el período 1998-2005 a 161 en el período 2006-2011.

Dicho período de depresión sucedió a su vez a un período de alta pero declinante movilización de los trabajadores. Las grandes luchas populares contra la dictadura prosiguieron a principios de los 90 tras la instalación del régimen civil contemplado en la Constitución de 1980. Pero el compromiso de las principales fuerzas políticas sindicales y de su organización, la CUT, con los gobiernos concertacionistas fue mermando la lucha, en la medida que los dirigentes iban comprometiéndose cada vez más con la mantención de la gobernabilidad.

Este nuevo período de alza de la lucha reivindicativa se produce fundamentalmente por la continuada profundización de las contradicciones del capitalismo neoliberal chileno. En los años 90, las altas tasas de crecimiento del producto permitieron simular esas contradicciones, expresadas fundamentalmente como un crecimiento de la desigualdad social, fenómeno que a su vez es la expresión del crecimiento de la explotación de los trabajadores.

Sin embargo, las motivaciones económicas no bastan para explicar este resurgimiento de la lucha sindical, pues si así fuera éste habría comenzado mucho antes. La explicación está en la interacción del sindicalismo con el sistema político a partir de 1990.

El sindicalismo en los 90 y hasta el 2005

Desde el inicio de los gobiernos civiles el grueso del sindicalismo, agrupado en la CUT, se subordinó al proyecto político de la Concertación y aportó en forma decisiva a la desmovilización de los trabajadores para asegurar la gobernabilidad del capitalismo neoliberal, ahora administrado por la oposición burguesa a la dictadura. A cambio, los gobiernos concertacionistas otorgaron una serie de prebendas a los dirigentes de la CUT, desde el ser reconocidos como únicos interlocutores válidos del mundo sindical hasta cargos remunerados en distintas comisiones creadas como parte de normativas laborales. En la práctica, la CUT se transformó en sindicalismo oficial, una mera extensión del Ministerio del Trabajo en el mundo sindical.

Los gobiernos de la concertación, actuando en coordinación con la CUT, se encargaron de reprimir, dividir o cooptar, según fuera necesario, cualquier brote de sindicalismo independiente o, por lo menos, más activo en la defensa de los intereses de los trabajadores. Los dineros del Ministerio del Interior y de la Secretaría General de Gobierno estuvieron siempre disponibles para comprar dirigentes; los dirigentes sindicales de la Concertación, a su vez, siempre estuvieron disponibles para venderse.

Lo anterior, más la clara opción política de la Concertación por los intereses empresariales, fue poco a poco desmovilizando y desmoralizando a los trabajadores organizados. Considerando sólo huelgas legales, en el período 1990-1993 hubo un promedio de 31 mil trabajadores en huelga al año; en el período 1994-1997 la cifra bajó a 21 mil; en el período 1998-2001, llegó a 12 mil trabajadores, que se mantuvo en el período 2002-2005.

Esta fuerte tendencia a la disminución de la lucha reivindicativa de los trabajadores organizados tenía también componentes estructurales. Desde fines de los años 80 y durante los 90 se producen fuertes cambios en el trabajo asalariado, que se expresan en: a) cambios en la actividad económica, disminuyendo algunas ramas, como la industria, y creciendo otras, como los servicios b) cambios en la relación laboral de los trabajadores con las empresas, creciendo el subcontrato c) precarización laboral.

Con el gobierno de Ricardo Lagos, empiezan a echarse las bases del resurgimiento de la lucha reivindicativa de los trabajadores. En primer lugar, porque las organizaciones sindicales empiezan a asimilar los cambios estructurales en el trabajo asalariado (p. e. organización de contratistas, de trabajadores de servicios y comercio, etc.); segundo, porque queda demostrado que el ala “progresista” de la Concertación es tan neoliberal como su ala demócratacristiana, lo que marca la distancia política entre sectores sindicales emergentes y la Concertación. De ahora en adelante, las fuerzas más dinámicas de los trabajadores organizados pueden avanzar sin el lastre político de las lealtades partidarias que amarraron al sindicalismo de la transición.

La recuperación de la lucha reivindicativa y organización de los trabajadores

En enero del año 2006 se efectúa la primera gran paralización de trabajadores contratistas del cobre, marcando el nuevo período de ascenso de la lucha económica de los trabajadores. Se trató de una paralización fuera del marco legal del código laboral de la dictadura y se logró imponer en los hechos la negociación multiempresa a CODELCO. Marchas masivas por las calles de las ciudades mineras, en especial Rancagua, epicentro del conflicto, cortes de rutas, tomas de recintos, incluyendo la Catedral de Rancagua, e incluso el descarrilamiento de trenes mostraron un grado de combatividad pocas veces visto durante la mal llamada “transición a la democracia”. El mismo año se produce el estallido de la “Rebelión de los pingüinos”, lo que indicaba claramente que se estaba ante un nuevo período de la lucha popular.

El año 2007 fue el turno de los trabajadores forestales, en un conflicto que le costaría la vida al trabajador Rodrigo Cisternas, asesinado por carabineros. El año 2008, los subcontratistas del cobre vuelven a la carga. En esa ocasión, la CUT jugó un rol claramente anti trabajadores, mostrando su careta como organización de defensa del statu quo y la gobernabilidad capitalista. El paro fue derrotado, pero constituyó un parte aguas entre las nuevas organizaciones de trabajadores y las organizaciones burocráticas a la cabeza de la cuales se encuentra la CUT.

La CUT, Central Unitaria de Trabajadores, no tiene ninguna relación con la antigua Central Única de trabajadores fundada por Clotario Blest en 1953. Esta CUT nace en 1988 a partir de un acuerdo político entre los principales partidos de oposición a la dictadura, la DC, el PS y el PC; desde el comienzo fue una mesa político-sindical donde las decisiones finales se acordaban entre los partidos de acuerdo a sus propios intereses políticos, que cada vez más empezaron a estar en contradicción con los intereses de los trabajadores.

Por ese carácter de mesa político-sindical, la CUT jamás contó con un sistema democrático de elección de sus dirigentes. El sistema electoral indirecto está diseñado para favorecer el fraude masivo, la sobrerrepresentación artificial y las organizaciones fantasmas. Por eso jamás la CUT tuvo ninguna convocatoria real entre los trabajadores, como quedó lastimosamente demostrado este año 2012 con una marcha convocada contra el salario mínimo a la que llegaron apenas 500 personas. En las elecciones de este año de la CUT, los dirigentes sindicales “votaron” por cuenta de 700 mil trabajadores, cuando los cálculos estiman que la central no tiene una afiliación superior a los 250 mil trabajadores. Como reconoció el dirigente PC Cristián Cuevas, las elecciones de la CUT son un gigantesco “fraude”.

Frente a esa organización sindical burocrática, ha crecido la organización clasista de los trabajadores chilenos. Organizaciones como el Siteco, la Unión Portuaria del Bío-Bio, el SINTRAC y muchas otras han venido a sumarse en los últimos años a otras formadas durante los años 90, como la CGT.

Las organizaciones clasistas han visualizado claramente la necesidad de avanzar en un proceso de unidad de dichas fuerzas, que permita potenciar las luchas de los trabajadores y enfrentar la política de contención de las organizaciones burocráticas, pero hasta ahora los esfuerzos realizados en ese sentido no han rendido los resultados esperados. Las diferencias sobre organización y objetivos de los trabajadores han sido hasta ahora un obstáculo para la unidad; además, tras varias organizaciones hay proyectos políticos celosos de proteger su “nicho” de trabajadores, una práctica que recuerda las de los partidos de la CUT.

Avanzar hacia la presencia política de los trabajadores

La lucha reivindicativa es la base sobre la que puede levantarse la lucha política de los trabajadores. En Chile, como en casi todo el mundo capitalista, los trabajadores han sido expulsados del espacio político que ocuparon hasta los años 70 dentro de las democracias burguesas. Con ello, perdieron una importante vía de acceso a las mayorías populares y nacionales, base a su vez para la posibilidad de construir un bloque de fuerzas capaz de levantar un proyecto de superación del capitalismo.

En el último período también se han desarrollado iniciativas de parte de las organizaciones clasistas que apuntan a demandas políticas hacia el Estado. La de mayor éxito organizativo hasta ahora es la coordinación por la Renacionalización del Cobre, demanda que ha sido ligada a la necesidad de financiar otras demandas que han emergido desde los movimientos sociales, como las demandas por educación gratuita o de financiamiento de la vivienda social. En Julio, dicha iniciativa convocó a marchas y actos en varias ciudades por la renacionalización del cobre.

En esta materia, no obstante, también hay profundas diferencias estratégicas y tácticas entre los distintos actores del movimiento sindical. No existe un proyecto político hegemónico que sea capaz de arrastrar a todos a un proceso unitario, por lo que las diferencias políticas no tienen hasta ahora solución. Hay fuerzas que apuestan a la acción directa y aspiran a acumular fuerza al margen del Estado, sin ni siquiera plantearse la lucha por demandas democráticas mínimas como el fin del código laboral de la dictadura; otras fuerzas no comparten esa lógica infantilizada y visualizan claramente que la potencia hegemónica del Estado capitalista no puede ser simplemente ignorada.

El movimiento sindical es uno de los componentes principales de la clase trabajadora y tiene un rol estratégico en una perspectiva anticapitalista. El ascenso de las luchas reivindicativas de los trabajadores chilenos es, aunque insuficiente aún, claro y firme; las contradicciones estructurales del modelo capitalista neoliberal en Chile, que cada vez se manifiestan con mayor fuerza, seguirán empujando a los trabajadores a la lucha. Superar la fragmentación de las organizaciones clasistas y concordar un camino de lucha y unidad es la tarea principal del momento.