El jueves, 237 familias que habían comprado departamentos a través del plan especial para trabajadores (PET) ganaron  una demanda hacia el Estado por 5 millones de pesos cada una.

Las familias habían denunciado que las viviendas que les entregaron el 2001, presentaban fallas estructurales. Entre ellas, napas subterraneas (agua bajo las construcciones) y carencia de escurrimiento de las aguas lluvias.

La política de vivienda del Estado más parece ser un acuerdo entre el gobierno y las empresas constructoras que con las familias trabajadoras, ya que con las cuantiosas sumas de dinero que estas pagan y que el Estado les entrega, las empresas no son capaces de hacer viviendas decentes.