Luego de la tremenda devastación, producto de una de las temporadas de megaincendios forestales más cruenta en toda la historia del centro sur chileno, viene un debate intenso y complejo en relación al modelo forestal y su continuidad, amén de la regulación hoy casi inexistente respecto a la industria, requiere de mucho criterio y creatividad. Además de convicciones firmes en torno al tipo de relación que establecemos entre sociedad, economía y naturaleza.
La urgencia debe responderse con rapidez, pero ello no debe nublar la necesaria revisión del modelo forestal.
Pues bien, ideas a trabajar existen para financiar una transición del modelo forestal monopólico y que se avance a una variación en las modalidades productivas de las zonas rurales, por lo demás abandonadas a su suerte luego del fin de la Reforma Agraria y la consecuente Contrarreforma Agraria, proceso estudiado y que nos da luces del problema en el que estamos, es decir, plantaciones de especies ignífugas y con planes de manejo que no siguen normas internacionales.
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Más allá de los efectos penales, la responsabilidad de las empresas es clarísimas: destrucción de bosque nativo y cultivos, apropiación del patrimonio de las tierras y empleo precario y estacional, por nombrar algunos; el Estado también tiene parte en el entierro: desregulación de la industria forestal, abandono de la agricultura campesina y respuesta reactiva frente a las emergencias generadas por el modelo de explotación de monocultivos de pinos y eucaliptos.
Como hemos conocido, a través de la opinión de académicos y por el reporte que hemos hecho por años en torno a este asunto (allí están los documentales Plantar Pobreza y Llamas del despojo), hoy se plantean ideas que el legislador y el ejecutivo tienen el deber de debatir, por ejemplo, un impuesto territorial o royalty forestal que destine esos recursos a potenciar otras actividades productivas en las zonas destruidas, para ello deberían acompañarse otras medidas: una veda de plantaciones de monocultivo, desarrollar un plan de restablecimiento ecosistémico y reelaborar las forma de explotación (distancia de zonas pobladas, entre otras).
Es urgente la planificación territorial para generar un paisaje de mosaicos, en dónde el monocultivo alterne con paisajes agrícolas y reservas naturales. Mayor cuidado de reservas hídricas que permiten combatir el incendio, además que ríos y humedales son cortafuegos naturales. En este sentido la implementación y desarrollo de sistemas agroforestales o silvopastoriles puede ser también una opción.
Fomentar una política de desarrollo productivo regional que genere alternativas para que los pequeños y medianos productores campesinos pueden transitar desde el monocultivo hacia la producción agrícola, transición que debe tener una presencia fuerte del Estado para que sea exitosa a mediano y largo plazo. Esto pensando que hay mucho campesino que plantó pino y eucalipto en sus terrenos y que ahora está arrepentido y quiere volver a producir alimentos u otras actividades económicas. Aquí el Estado debe hacerse presente en esta transición económica del campo.
Otro tema es potenciar los cortafuegos casi inexistentes en el Biobío, el Estado debe intervenir para que las empresas forestales terminen su acto irresponsable de instalar monocultivo de pino y eucalipto al lado de zonas pobladas sin siquiera cortafuegos.
Más allá de la inmediatez de las medidas en ayuda de damnificados y las responsabilidades penales a perseguir, urge pensar de nuevo nuestros territorios, es vital para nuestra sobrevivencia.
Resumen.
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