Por Cristina Bonilla Araya [1] y Nelson Caja Herrera [2]
El proceso de urbanización asociado a las ciudades en Chile esboza una relación directa con la división territorial del trabajo, donde existen diferencias en las actividades económicas que se desarrollan en los territorios, siendo éstas las que van determinando cómo son usados en la producción y consumo. En ese sentido, dichas actividades económicas se diferencian por el grado de capital, tecnología y organización del trabajo (Santos, 1979), circuitos económicos urbanos que definen “vocaciones territoriales”, y generan distintos impactos, que afectan en términos ambientales, políticos, sociales y económicos.
En el caso de las actividades más capitalizadas las cuales se basan principalmente en la productividad y el extractivismo (agroindustrias de exportación, sectores inmobiliarios, energía, minería, entre otros), se concentra y acumula capital, sin que esta acumulación necesariamente implique desarrollo y mejor calidad de vida de las comunidades, sino que muchas veces todo lo contrario, ya que generan externalidades negativas. Actúan como enclaves estratégicos y poco tienen que ver con las dinámicas locales, lo que no sólo merma las capacidades de desarrollo local, sino que contrapone usos, intereses y perspectivas del territorio, y pone en una profunda situación de desventaja a las comunidades y ecosistemas, debido a las características del desarrollo de esas actividades económicas.
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Materializando asimetrías de capital y por tanto de poder, las que han contribuido al desarrollo de distintos tipos de conflictos, que varían según las características de los territorios y de los intereses que hay puestos sobre éste. En ese sentido, los ejemplos más claros en Chile, son los de carácter socioambiental, donde las comunidades, y sobre todo las mujeres, padecen el desarrollo, viviendo la afectación de sus derechos humanos y ambientales, la degradación-destrucción ambiental y los desastres socionaturales, como efectos colaterales del proceso productivo. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), existen 127 conflictos socioambientales a nivel nacional, de los cuales, 70 están activos; 33 latentes y 24 cerrados. Y la Región de Valparaíso es la que se encuentra en mayor conflicto con un total de 21 conflictos identificados (16 activos; 3 latentes; 2 cerrados), territorios como la bahía de Quintero-Puchuncaví, los valles de La Ligua y Petorca, localidad de Los Molles, el valle del Marga Marga, entre otros, develan que, tras el desarrollo, entendido como la instalación de grandes capitales en los territorios, reside una profunda huella de vulneraciones.
Las cuales son consecuencia y resultado de la herencia de un modelo de desarrollo neoliberal que no da tregua, evidenciado en un Estado que fomenta como pilares de desarrollo y de modernización de las políticas públicas, normativas e instrumentos, la privatización de la vida. Así también de la institucionalidad, en sus distintas escalas y sectores, las que han acompañado el proceso de territorialización de la economía de mercado a nivel regional y local, jugando roles claves en el entramado que la viabiliza y prioriza por sobre sueños, anhelos, y, por supuesto, derechos humanos y ambientales, de las comunidades locales.
La planificación territorial a nivel local-regional no ha estado exenta a esta herencia, actuando de manera funcional a los intereses que la economía de mercado ha impuesto. Un ejemplo de ello es lo que sucede en la actualidad en el Área Metropolitana de Valparaíso (AMV), donde se evidencia un proceso de urbanización, expansión y verticalización urbana, intensificado por los proyectos inmobiliarios que se asientan y proyectan incluso hacia zonas que no deberían ser habitadas, destruyendo humedales y dunas; impactando la red de drenaje, quebradas, esteros; deforestando y reduciendo áreas de bosque esclerófilo, de infiltración y de captación de carbono.
Estos hechos no solo han puesto en riesgo a los ecosistemas del AMV y de la región, también han contribuido a la configuración del riesgo ante desastres y a la ocurrencia de desastres propiamente tal, por ejemplo, en zonas residenciales construidas sobre humedales, las que posteriormente han resultado inundadas; en zonas habitadas cercanas a áreas forestales, donde los incendios incluso son parte de estrategias para favorecer los despejes de terreno y cambios de uso de suelo.
Es esta una de las evidencias más contingentes sobre la necesidad de una trasformación en la forma de organizar y gestionar las ciudades, dado que el proceso de planificación (institucional, normativo, instrumental) y de desarrollo nos debiera conducir, en lo general, a territorios equilibrados en términos sociales, económicos y ambientales; y en lo específico, a la prevención de los desastres, reducción de las vulnerabilidades y de implementación de medidas de adaptación y mitigación frente a las consecuencias del cambio climático, cuyo panorama es poco y nada alentador, afirmado en el pasado mes de agosto en el 6to informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC).
A pesar de lo anterior, existen iniciativas que se están adoptando en términos políticos y de gobernabilidad a distintas escalas, por ejemplo, a escala nacional, contamos con un proceso constituyente andando, que de partida se propone a enterrar la herencia neoliberal que arrastramos y que nos arrastra. Las y los constituyentes se han planteado varios desafíos en materia de derechos humanos y ambientales que no están consignados en la actual constitución, entre las propuestas, está la idea de una “constitución ecológica” que pondrá en el centro la sustentabilidad de la vida y el bien común, por sobre el bien mercantil.
Por otro lado, en la escala regional, es primera vez que contamos con gobernadores regionales elegidos democráticamente, y que en el caso de Valparaíso con Rodrigo Mundaca y de acuerdo a toda su trayectoria como dirigente en MODATIMA, nos permite reflexionar que su gestión regional será desde los territorios y sus comunidades, y que se actuará implementando procesos participativos vinculantes y permanentes que consigan los diversos desafíos, luchas, permitiendo que las prioridades y necesidades fluyan desde la escala local hacia la regional para tensionar la estructura de orden hegemónico. Asimismo, en la escala local con las comunas que componen el Área Metropolitana de Valparaíso, se visualiza una reconfiguración del escenario político-institucional tradicional, siendo en su mayoría nuevas fuerzas de izquierdas las que están levantando gobiernos locales con proyectos transformadores sobre los que cae el desafío de viabilizar el flujo de prioridades desde lo local a lo regional, bajo el objetivo de alcanzar el bien común y el equilibrio de los territorios y su gente, especialmente, ante un escenario creciente de aumento de las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, crisis ambiental y riesgo socionatural en contexto de cambio climático.
Sin dudar, la planificación regional y local, debe considerar la organización y gestión de los territorios con los componentes sociales, ambientales y políticos como estructurantes, donde estos se relacionen con un componente productivo que represente una real contribución al desarrollo, de manera que seamos capaces de proyectar ciudades y territorios ambientalmente sostenibles y comunidades que conquisten mejores condiciones de vida en miras del buen vivir. En sintonía con ello, el proceso constituyente y la Convención Constitucional resultan esperanzadoras a la hora de materializar los anhelos que se evidencian en los distintos territorios vulnerados a nivel nacional y regional, siendo el desafío la construcción de una nueva guía para un desarrollo social, ambiental, cultural, político y económico que ponga la vida y la dignidad en el centro. De seguro un alto desafío, pero no imposible. Llamamos a seguir corriendo cercos, teñidos de verde, de dignidad y esperanzas.
[1] Geógrafa PUCV; Magíster en Políticas Ambientales y Territoriales UBA. Co directora Asociación Geógrafas Chile
[2] Geógrafo UPLA.
