Un reciente estudio de la Universidad Austral determinó que parte de la sequía que afecta al Lago Caburgua se debe a la instalación de un dique, propiedad del empresario Marcelo Benito Taladriz, en el río Trafampulli, uno de sus afluentes. Desde la municipalidad de Pucón indicaron que están trabajando en una mesa intersectorial para detener el desvío del cauce.

Por Nicolás Silva

La investigación, encargada por la organización Caburgua Sustentable, reveló que la instalación de un dique en el río Trafampulli está directamente relacionado con la pérdida de agua del lago Caburgua en los últimos 15 años. En respuesta, se conformó una mesa intersectorial en conjunto con organizaciones sociales, la DGA, Seremi de Medio Ambiente y el municipio de Pucón, para dirimir las responsabilidades del caso y perseguir medidas efectivas contra quienes resulten responsables.

Consultada por RESUMEN, la concejala de Pucón, Daniela García, quien además preside la comisión de medio ambiente de la municipalidad, indicó que “lo primero que queremos es que se saque el dique y se devuelva el curso de agua al Lago Caburgua. También, que la DGA presente un informe acabado y por escrito del por qué se autorizó esa construcción”.

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Según el informe encargado por Caburgua Sustentable, el daño causado al Río Trafampulli y a sus componentes de flora y fauna aledaños fue catalogado de “irreversible” y prácticamente “incalculable”, ya que la bifurcación del río estaría desviando del orden de un metro cúbico por segundo, lo que traducido a los últimos 13 años, provocó la desaparición del caudal en diversos segmentos de su curso.

García comentó que la información levantada por la Universidad Austral será contrastada con un estudio encargado por la DGA a la Universidad de Chile, tras determinación de la mesa intersectorial, el que debería estar publicado durante la primera quincena de enero.

La concejala mostró su preocupación ante la laxitud de las instituciones para otorgar permisos de esta clase cuando se trata de familias influyentes, y señaló la importancia de “observar quienes son las personas involucradas en esto, porque son familias muy pudientes y poderosas. Un proceso como este me parece muy cuestionable".

Precisamente, la investigación apunta al empresario agrícola Marcelo Benito Taladriz, quién en 2006 solicitó un permiso para la construcción del dique, el que fue otorgado por la DGA dos años más tarde, proceso por el que la institución deberá dar cuenta a la mesa intersectorial.

García enfatizó en que “es muy importante que no se invisibilice la crisis climática en la que estamos y la crisis hídrica que se pronostica, y atender la situación del Lago Caburgua de una forma integral y futurista”. Agregó que “necesitamos que el próximo Gobierno y el proceso constituyente aseguren instituciones que velen por el cuidado de las aguas, porque en Chile todo lo relacionado con el cuidado de aguas está difuminado en diferentes instituciones que no están centralizadas en una política nacional".

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