Mesa Regional por la salud denuncia: segregación y lucro en salud
Desde su formación, en abril del 2012, la Mesa Regional por la salud se ha propuesto reunir a trabajadores y usuarios del sistema de salud con el objetivo reinstalar la salud como un derecho. En este recorrido han logrado construir un diagnóstico, con diversos actores y sus visiones propias respecto a la salud. ¿Cuáles son los aspectos más relevantes?
Sistema mixto que segrega
En Chile existe un sistema de salud público-privado, el primero conformado por Hospitales, CESFAM, consultorios, postas etc. Esta red es financiada en 36% por nuestros impuestos a través del Estado mediante aporte fiscal, el 64% es aportado por el fondo nacional de salud (FONASA) utilizando el 7 % mensual que aportan los trabajadores afiliados de los tramos C y D ya que los tramos A y B no cotizan. Este sistema es solidario, es decir el pozo reunido es distribuido entre todos los cotizantes. Para el 2013 la Salud Pública cuenta con un presupuesto de 3,5% del Producto interno Bruto (PIB), pese a que la organización mundial para la salud (OMS) recomienda para un país como Chile un gasto público en salud del 6% del PIB.
El sistema privado por su parte, lo conforman las ISAPRES que venden un plan o paquete de prestaciones a quien pueda pagarlos. Los centros de atención privada son las clínicas, consultas, centros de diagnósticos etc. Las cotizaciones de los afiliados a ISAPRES alcanzan un 20% del gasto nacional en salud. Ambos sistemas, público y privado, coexisten, originando segregación: Los que pueden pagar los altos costos compran un paquete de prestaciones (plan ISAPRE) que les asegura al menos atención oportuna, les siguen quienes pertenecen a FONASA, pero que pueden hacer un copago y acceder al sistema privado (llamada modalidad libre elección) y por último están aquellas personas, la mayoría de los chilenos, que deben “conformarse” solo con el acceso a un sistema público ineficiente y pobre en recursos.
Lucro con dinero de todos los trabajadores
Desde hace más de 25 años que somos testigos del desmantelamiento de la salud pública. Conocemos los graves problemas en la asistencia pública, relacionados con la falta de recurso humano (un 44% de los médicos atiende a 13 millones de personas del sistema público, mientras el 56% de médicos atiende a las 2,9 millones de personas en el sistema privado) carencias de infraestructura, equipamiento e insumos. Estas carencias son causa directa del insuficiente financiamiento.
FONASA hace traspaso de dinero a los hospitales de acuerdo a las prestaciones que otorga, cuyos costos reales muchas veces superan con creces los aportes de FONASA, por ejemplo un día cama en la UTI tiene un costo promedio de $1770. 750, no obstante FONASA paga al hospital solo $60.860, de esta forma los hospitales públicos, como el Regional de Concepción han venido acumulando enormes deudas. Entre los años 1999 y 2009 la capacidad hospitalaria del sistema público, es decir, las camas para atención de pacientes, disminuyó en 12%.
Se suma a esta situación una campaña de desprestigio hacia el sistema público de salud, así gran parte de los cotizantes de FONASA optan por atenderse con prestadores privados mediante la modalidad libre elección (compra bono). Un trabajador, además de pagar sus impuestos y cotizar el 7% en FONASA debe destinar gran parte del presupuesto a la atención de salud si es que desea ser atendido de forma oportuna. El resultado, un 37% del gasto nacional en salud proviene directamente del bolsillo de las familias, ya sea comprando medicamentos o en copagos a instituciones privadas.
El principal problema de este sistema es que cada año más dinero fiscal pasa a empresarios de la salud. El desvió de dinero público destinado a salud, hacia el sistema privado ha ido en aumento: el año 2005 un 3,8% del gasto en atenciones médicas hospitalarias era absorbido por privados, al año 2009 la cifra aumento a 7,4%. El presupuesto de salud para el año 2013 contempla más de 1.187 millones de dólares en subsidios y compras a las clínicas privadas, esto es un 37,25% más que el de año 2010. De acuerdo a la fundación Creando Salud, con esta cifra se podrían haber construido 593 consultorios o contratado 32 mil nuevos trabajadores para la atención pública.
La inauguración del plan de Garantías Explícitas en Salud (GES), vino a abrir otro punto de fuga de recursos públicos hacia las empresas privadas. Este plan que es la continuidad del AUGE, considera una canasta de 69 enfermedades ante las cuales el Estado se convierte en garante de atención oportuna y efectiva, pero esta política no consideró inyección de recursos para mejorar hospitales, sino que dispuso de fondos para bonos, o Voucher, los mismo que la subvención en educación, cada persona con alguna de estas patologías representa para clínicas un entrada de dinero asegurada, la usura se hace patente: por cada bono AUGE extendido a los privados, se podrían hacer hasta 3 intervenciones en el sistema público.
Por último, el protagonismo que el Estado otorga a las empresas privadas de salud se corona con la política de concesión de hospitales que se discute actualmente en el Congreso. Esto implica que una empresa privada construirá, proporcionará el equipamiento y administrará en el hospital (servicios no clínicos). En Santiago hay dos proyectos en los que el Estado pagará cerca de $600 millones de dólares mientras el costo real es menos de $300. Se espera el mismo proceso en Chillán. Los trabajadores de la salud, reunidos en la FENATS, FENASENF y FENPRUSS se han manifestado, ante lo que consideran “Hospitales Islas“ ya que no se integrarán a la red pública privilegiando “el LUCRO por sobre los objetivos sanitarios que deben caracterizar una salud pública al servicio de su pueblo”. Denuncian que la concesión agudizaría la precarización laboral y significa la pérdida de derechos ganados por los trabajadores, ya que no considera la carrera funcionaría, otorga además excesivas atribuciones a los “directores ejecutivos” de estos hospitales.
Las políticas focalizadas, la falta de financiamiento al sistema público, el desprestigio de la salud pública y creciente protagonismo de las empresas privadas no son casuales, sino que responden a una constitución y una estructura económica formuladas para que la empresa privada y el lucro determinen la vida de las personas, bajo la supuesta libertad de elección en un sistema mixto que ofrece alternativas de acceso, pero no garantiza el derecho a recibir cuidado médico.
