Maíra Máximo (Brasil) / Resumen.cl
El último martes 20, fue aprobado en el Senado brasileño -por 55 votos contra 13- un decreto que establece una intervención federal por medio de fuerzas militares en el estado de Rio de Janeiro hasta el 31 de diciembre de este año. El decreto ya había pasado por la Cámara de Diputados, recibiendo 340 votos favorables y 72 en contra. La resolución determina la entrega de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Rio de Janeiro al mando de Walter Souza Braga Netto, General del Ejército brasileño. En la práctica, eso implica que estarán bajo dirección del Ejército las policías Militar y Civil, además del Cuerpo de Bomberos (que es militar) de la región.
Según el gobierno de Brasil, tal intervención estaría motivada por la necesidad de contener el grave comprometimiento del orden público generado por una escalada de la violencia en el Estado, que ya venía hace meses sufriendo una crisis en el sistema de seguridad pública. La intervención federal, como se denominó oficialmente, está prevista en la Constitución brasileña, sin embargo, es aplicada por primera vez desde que esta fue promulgada en 1988 – hito que marca el fin de la dictadura militar en el país.
Rio de Janeiro vive una profunda crisis política desde 2016, lo que se ve fuertemente reflejado en la seguridad pública. No obstante, otros estados brasileños han presentado números todavía más complejos de violencia. En 2017, el índice de homicidios en Rio de Janeiro fue de aproximadamente 40 por cada 100 mil habitantes, mientras que en la ciudad de Rio Branco, capital del estado de Acre (región Norte) se espera que los números de homicidios por 100 mil habitantes lleguen a 75. En el último año diversas regiones de Brasil fueron testigos de impactantes matanzas, principalmente relacionadas al narcotráfico, además de masacres de cientos de personas dentro del sistema carcelario del país. La gran mayoría de las víctimas compuestas por jóvenes negros.
La disposición adoptada por el gobierno de Michel Temer preocupa a muchos sectores de la sociedad y ha generado diversas críticas. Ningún análisis fue presentado para que se justificara la intervención y tampoco hay datos respecto a la efectividad de la acción de las Fuerzas Armadas – que desde 1992, con la ECO 92 tienen una trayectoria de ocupación frecuente de las calles de Rio de Janeiro, sobre todo en fechas de grandes eventos como el mundial de fútbol de 2014 y las últimas olimpíadas. Rio – así como varias capitales brasileñas – ha tenido en los últimos años niveles preocupantes de violencia e inseguridad, sin embargo, llama la atención que se tome una medida de esa magnitud en el momento en que los casos de delincuencia estén acercándose más a las zonas de clase media y alta de la ciudad.
Otro factor que inspira las críticas son los posibles usos políticos de la intervención. Para muchos, es evidente el uso electoral que se daría por el equipo de Michel Temer y su partido, el Movimento Democrático Brasileiro (MDB), considerando que la seguridad pública siempre ha tenido gran valor electoral en el país. Además, significativa parte de la población apoya ese tipo de medidas. A la vez, se estaría utilizando la conmoción causada por el decreto para desviar la atención de la opinión pública de la impopular reforma del sistema de previsión social encabezada por el actual gobierno.
En entrevista al canal GloboNews, Jaqueline Muniz, profesora de la Universidade Federal Fluminense (Rio de Janeiro) especialista en seguridad pública, defiende que la intervención federal, así como otras operaciones protagonizadas por las Fuerzas Armadas en Rio tienen valor de “teatralidad operacional”, presentando alto rendimiento político/electoral y mediático, pero no ofrecen resultados efectivos. Al final de esas operaciones tampoco son presentados informes o cualquier otro tipo de documento que dan cuenta de los procedimientos utilizados y los efectos producidos en las comunidades involucradas.
La violencia por parte de los agentes de seguridad pública es una realidad prácticamente naturalizada en el país, y los casos muy pocas veces son investigados, juzgados y/o penalizados. En 2016 fueron asesinadas 4224 personas a manos de las policías, siendo la gran mayoría de las victimas hombres(99,3%), jóvenes(81,8%) y negros (76,2%). En la ciudad de Sao Paulo, en 2015, uno de cada 4 asesinatos fueron cometidos por policías. Cabe resaltar que desde 1996, militares que cometían homicidios eran juzgados por la Justicia común, pero en octubre del año pasado el Congreso Nacional aprobó una ley que transfiere a la Justicia militar la responsabilidad para juzgar a aquellos que cometan asesinatos durante operativos. Existe por ende el temor de que con la aplicación del decreto se genere cada vez más violencia hacia las comunidades más pobres y los negros y negras, sectores de la población que sufren efectivamente los efectos más duros de ese escenario.
El cuadro es más grave todavía considerando la intención manifestada por los comandantes del Ejército, en reunión de los Consejos Nacionales de la República y de la Defensa(realizada en Brasília la última semana) de generar órdenes de allanamiento colectivos, en los cuales estarían sometidas calles o barrios enteros. Esto significaría que la Policía o el Ejército tendrían la autorización de ingresar a cualquier lugar de determinada área sin autorización de los propietarios. En la misma reunión, Eduardo Villas Boas, Comandante del Ejército Brasileño, pidió garantías legales de que el Ejército pudiera actuar en Rio de Janeiro sin que posteriormente fuera instaurada una “nueva Comisión de la Verdad”, haciendo referencia a la Comisión Nacional de la Verdad que investigó violaciones de derechos humanos durante los años de 1946 y 1988 en el país.
*Imagen: niñas y niños son revisados por soldados del Ejército en RJ. Fuente: Diario Folha de Sao Paulo, 21/02/2018.
