Minería y crisis climática en tiempos de pandemia: ¿Dónde está el “Sueldo de Chile”?
Por Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA
Estos años han sido tiempos complejos a nivel social, político, ambiental, y sanitario, donde lo último se insinúa como presagio de una severa crisis económica a inicios de la segunda década del siglo XXI.
El año 2019 constituyó el segundo año de un segundo gobierno de Sebastián Piñera, caracterizado por una profundización de sus políticas conservadoras y neoliberales, fuertemente focalizadas en
una agenda pro inversión, pese a las crecientes manifestaciones sociales de protesta.
La administración agudizó la crisis en torno al agua, la educación y la salud pública; intensificó la criminalización hacia el pueblo Mapuche; se negó a escuchar las demandas de la ciudadanía movilizada. Así, a la lucha por la defensa de los derechos básicos, se sumaría en la calle el rechazo al sistema de pensiones y a los tratados de libre comercio.
Tras el estallido social del 18 de octubre, el movimiento feminista convocó a un 8 de marzo con más de un millón de personas en la capital, principalmente mujeres, exigiendo el fin de la precarización de la vida.
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Todo esto evidencia las profundas inequidades perpetradas por más de treinta años, pese
–o gracias– a este discurso de desarrollo y progreso, en clave neoliberal, el cual continúa sosteniéndose sobre la mercantilización de la naturaleza o extracción de materias primas, teniendo la minería un especial papel, al ser llamada “el sueldo de Chile”.
Si bien es cierto, en la actualidad Chile es el principal productor de cobre en el mundo, con
un 28%, y el primer exportador con un 32 % del mercado mundial, también lo es que ello no es directamente proporcional a los aportes fiscales realizados por la minería, ya que según cifras entregadas por el Banco Central, a comienzos de los años ´90, la minería del cobre representaba un 19,7%, del total del PIB, mientras en el año 2019 alcanzó apenas un 8,4%, ello independientemente del estallido social, ya que es una tendencia que caracteriza a prácticamente los últimos 26 años, salvo el 2006 y 2007, que se volvió al 19%.
A lo que debemos agregar, que el volumen de mineral extraído durante el 2018 y 2019 corresponde a 5,8 millones de toneladas, es decir, 3 veces más de lo extraído a comienzos de los ´90. A pesar de este crecimiento en la extracción, el aporte en empleo del conjunto de la minería es solo el 2,7% del total de la ocupación del país, 67.375 contratados directos y 160.965 de contratistas, total 228.340 trabajadores.
Con todo ello, en este contexto de pandemia, la minería fue tempranamente declarada
como una de aquellas actividades que por su naturaleza no pueden detenerse y cuya interrupción genera una alteración para el funcionamiento del país, lo cual le permitió contar con un permiso único colectivo, otorgado en un principio por el Ministerio de Minería. Luego, al autorizar considerarla como un servicio de utilidad pública, las propias empresas gestionan el salvoconducto por medio del cual pueden transitar (hasta la fecha) a través de los denominados cordones sanitarios.
Levantando algo así como “la estrategia minera”, la cual nunca consideró detener las operaciones extractivas, proclamándose en los medios como los protectores de la economía, durante y post pandemia, e intentando acelerar la aprobación de todo tipo de proyectos que ingresen al sistema para obtener permisos del Estado, sin considerar las consecuencias que esto trae, y manteniendo la abrumadora proyección de llegar a los 7,04 millones de toneladas extraídas al 2030.
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