Ministerio de Desarrollo Social respaldó interés nacional de Central Rucalhue sin pronunciarse sobre posibilidad de nueva consulta indígena
Protesta contra la Central Rucalhue | 7.08.2022[/caption]
Esto ha arrastrado presiones de parte del empresariado chino. Ejemplo de aquello fue una carta enviada a cuatro Ministerios de parte de Zhou Haibo, gerente general de China International Water and Electric en Chile y subsidiaria de la transnacional China Three Gorges Corporation, donde señaló que la tardanza de la resolución por parte de Conaf ha generado un «impacto e incertidumbre respecto de la posibilidad de continuar no solo con este proyecto, sino que con otras futuras inversiones que la compañía tiene planificadas en Chile».
Sobre este punto Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales - OLCA señaló que "la carta del gerente general de la trasnacional China International Water and Electric en Chile, dirigida a cuatro ministros con la intención de destrabar la construcción de la represa Rucalhue en el río Biobío, se constituye en una amenaza y una presión política indebida, que al parecer busca saltarse la institucionalidad en desmedro del territorio y los derechos de las comunidades afectadas".
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Sin embargo, y pese a la presión del empresariado, la declaratoria de interés nacional ha sido progresivamente cuestionada a partir de la nula participación de las comunidades y organizaciones en el análisis de un proyecto cuyo Estudio de Impacto Ambiental tiene más de una década, y ha estado dotado de conflictividad socioambiental, alcanzando incluso la criminalización de jóvenes.
En este sentido, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales - OLCA facilitó a este medio documentación obtenida vía transparencia respecto al rol que cumplió la Subsecretaría de Servicios Sociales -dependiente del Ministerio de Desarrollo Social- en el proceso de interés nacional. Además de conocer la posición del organismo respecto a una eventual declaración de interés nacional sobre el proyecto, Conaf solicitó a la cartera presidida por la ministra Javiera Alejandra Toro Cáceres pronunciarse sobre la eventual necesidad de realizar un nuevo proceso de consulta indígena.
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Protesta contra la Central Rucalhue | 7.08.2022 | Fotografía: Revista Otra Voz[/caption]
La documentación revisada por RESUMEN no solo acredita que el visto bueno al interés nacional por parte de Desarrollo Social estuvo fuera de plazo, sino que también la Subsecretaría de Servicios Sociales envió un oficio a Conaf requiriendo mayores antecedentes para pronunciarse sobre procedencia de consulta indígena. Sin embargo, el oficio de la Subsecretaría fue enviado en noviembre de 2023, cuando en octubre del mismo año Conaf ya había prescindido de la información del organismo.
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En su respuesta, la Subsecretaría de Servicios Sociales indicó que "a la fecha el Oficio Ordinario SSS 3562/2023, de fecha 6 de noviembre de 2023, de la Subsecretaría de Servicios Sociales dirigido a la Corporación Nacional Forestal, donde se requiere mayores antecedentes para dar respuesta requerimiento de informe de procedencia de consulta indígena respecto de la solicitud de excepcionalidad del artículo 19 de la Ley N° 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, para la intervención o alteración de hábitat de especies en categoría de conservación Naranjillo y Guindo Santo, no ha sido respondido por el requirente a esta Subsecretaría, por lo que no es posible entregar la información solicitada y en consecuencia, se carece de antecedentes suficientes para dar respuesta a la solicitud de informe de procedencia de consulta indígena en los términos solicitados".
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Extracto de respuesta vía transparencia[/caption]
Así las cosas, la inminente resolución de Conaf posee un flanco abierto basado en el retraso absoluto de pronunciamiento de la cartera dirigida por la ministra Toro y, al mismo tiempo, la Subsecretaría encabezada por Francisca Gallegos Jara, el cual tiene directa relación con la participación de comunidades históricamente desplazadas, y que incluso podrían significar una vulneración al acuerdo de solución amistosa entre el Estado chileno y las familias Mapuche Pehuenche del Alto Biobío, aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el contexto del conflicto por la construcción de Central Ralco.
RESUMEN contactó a la Corporación Nacional Forestal para conocer los motivos por los que no habría enviado los antecedentes solicitados por la Subsecretaría de Servicios Sociales. Sin embargo, al cierre a esta edición la institución no ha respondido.
Rechazo desde organizaciones y comunidades
Paula Riffo, integrante de la organización Semillas del Lirken de Rucalhue, catalogó como una "aberración" el actuar de la cartera dirigida por la ministra Toro, señalando que es "una falta de respeto a la comunidad que habita aquí y que rechaza este proyecto". En este sentido, Riffo indicó que "las empresas desde siempre han entrado a los territorios de igual manera, obligando a las personas a firmar papeles y a no considerar a quienes se oponen. Ninguna inversión es suficiente cuando un río saturado de represas peligra con una más".
En la misma línea, la pobladora de Rucalhue enfatizó en que "es insólito que, sabiendo las consecuencias irreparables de las centrales hidroeléctricas, se introduzca a la vida del Biobío como si nada".
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Fotografía: Resumen[/caption]
Por su parte, Fernanda Purran, parte de la comunidad de Callaqui de Alto Biobío, también rechazó la decisión del Ministerio de Desarrollo Social, indicando que "la ciudadanía manifestó y ha manifestado de diferentes formas su rechazo a la construcción de la Central Hidroeléctrica". A criterio de Purran, el accionar del Ministerio refleja que "los intereses empresariales están por encima de las leyes y la opinión pública de las comunas aledañas al río Biobío".
En esta línea, Fernanda explica que esta "es una decisión apresurada donde se ve claramente la presión empresarial sumado a una falta de profesionalismo e incompetencia por parte del ministerio de desarrollo social, quienes por cierto deberían tener muy en cuenta que es fundamental considerar todos los aspectos relevantes antes de respaldar un proyecto, especialmente si está relacionado con comunidades indígenas". Asimismo, señala que es esencial realizar una nueva consulta adecuada a las comunidades, respetando su derecho a participar en decisiones que puedan afectar la forma de vida vinculada con la prácticas culturales y la espiritualidad misma de las comunidades mapuche pewenche.
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Desde Callaqui indican que el respaldo que se le da al proyecto hidroeléctrico responda a una política sostenida por el Estado chileno, priorizando proyectos extractivistas sin considerar a habitantes, vecinos ni comunidades, como tampoco a la propia naturaleza. Esto, señalan, "responde a la dinámica que todos los gobiernos han venido replicando en los territorios".
Respecto al vínculo de las comunidades mapuche-pewenche con el río Biobío, desde Callaqui indican que "este río es parte esencial para nuestra espiritualidad, cosmovisión, cultura y forma de vida. Para nosotras y nosotros el río Biobío es sagrado y constituye una parte integral de nuestra identidad. El rol que cumplen las comunidades mapuche pewenche con el río Biobío tiene que ver con que el río siempre ha estado ahí, y las comunidades siempre nos hemos relacionado con el río". De ahí que los impactos al río se traducen en afectaciones directa a las comunidades a partir de esta relación histórica.
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Máquina de sondajes de la empresa en Rucalhue | Fotografía: Resumen/OLCA[/caption]
Purran explicó que "el proyecto Central Rucalhue ha contenido sesgos que han afectado negativamente esta relación", desarrollando una política una iniciativa que ha ignorado y despreciado el conocimiento tradicional de las comunidades mapuche-pewenche. Asimismo, categoriza como "unilateral" las decisiones sobre la construcción de la hidroeléctrica, señalando que no ha existido consulta ni participación real de comunidades afectadas.
En esta línea, indica que estos sesgos del proyecto "han contribuido a perpetuar un modelo de desarrollo que no considera ni respeta los valores y conocimientos de las comunidades locales del alto Biobío. Quienes vivimos hace casi 30 años con represas y hemos vivido en carne propia la mala gestión de estos proyectos, los que han provocado inundaciones, subidas repentinas, muertes humanas, impactos negativos en el ecosistema del río Biobío, afectando la flora, fauna y la calidad del agua, lo que ha repercutido directamente en la vida de las comunidades mapuche-pewenche que dependemos de este río para nuestra subsistencia. Antes podíamos tomar el agua, podíamos ir tranquilamente a bañarnos, y veíamos peces que ahora no".
Desde Callaqui explican que una resolución de Conaf que de el visto bueno a la declaratoria de interés nacional del proyecto hidroeléctrico sería "un nuevo ecocidio y desastre ecológico comandado por las empresas y el gobierno de turno". En esta línea, Purran señala que esta decisión "lo que busca este proyecto extractivista es que siga funcionando, dando razón a un forma de desarrollo y progreso ecocida, y que no busca alternativas realmente sustentables y amigables, porque no les conviene y ciertamente tampoco se ve un interés de cambiar las formas".
Además de señalar que seguirán defendiendo el río Biobío frente al negocio hidroeléctrico, señalan que este proyecto "es para las empresas que buscan llenarse los bolsillos de plata a costa y sacrificio de un río sagrado". "Mientras en territorios del mundo las represas se están desmantelando, de declararse interés nacional se estaría pasando a llevar una historia de lucha y sacrificio donde se determinó que las represas son proyectos genocidas ¿Realmente queremos volver a lamentarnos?".
Purran cierra enfatizando en la gravedad que arrastra este proyecto: "La represa Ralco se está secando, las comunidades ya no tienen agua, se han secado vertientes, esteros, se mueren lawenes. Si este proyecto se declara de interés nacional, va a significar la amenaza más grande para la vida de todas y todos".
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Fotografía principal: Javiera Toro Cáceres, ministra de Desarrollo Social, y Francisca Gallegos Jara, subsecretaria de Servicios Sociales