[resumen.cl] Autoridades del SERVIU entregaron el pasado jueves órdenes de desalojo a las familias que habitan el Bloque 7 del conjunto Mirador del Pacífico en Talcahuano, dándole solo dos semanas para retirar todas sus pertenencias del lugar, además ya se ordenaron los cortes de suministro de los servicios básicos. Éstas están ocupando hace dos meses las edificaciones dejadas por los afectados del terremoto que, después de largas jornadas de movilización y negociaciones, lograron ser reubicados y obtener nuevos subsidios por la precariedad de las construcciones y la inestabilidad del terreno sobre el cual se emplazan. El desalojo dejará a 64 familias sin casa, que tienen 120 niños y niñas en total.

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Las amenazas del SERVIU

Jorge Oyarzún, jefe de gabinete del SERVIU,  luego de que les fueran entregadas las órdenes de desalojo, llamó a las representantes de los pobladores a una reunión a su oficina a las 10 de la mañana del viernes. Maribel Acuña, secretaria del comité Luchadores del Mirador, nos contó cómo fue la situación: "Fuimos esperando a que nos tuviera una buena noticia y nos comunica que si o si el desalojo debe ser en dos semanas. Intentamos pedir más plazo, un par de meses, cosa de poder juntar para los arriendos, a lo que se suma mes de garantía y los fletes, pero se nos negó toda posibilidad."

Pero no solo quedó en eso. Al aducir que si se hacía efectivo del desalojo esta semana, las familias y sus hijos quedarían simplemente en la calle, a punto de comenzar el invierno, el funcionario respondió que "si llegara a pasar eso van a gestionar otras instituciones para los niños".

"Para ellos es más fácil quitarnos a los niños... que ayudarnos a buscar la solución habitacional que necesitamos. Deshacen familias para quitarnos un hogar, en vez de brindarnos un hogar para tener a nuestras familias", comentó Maribel. Y agregó: "Tenemos varios vecinos que están intentado conseguirse carpas por si se hace efectivo el desalojo, vamos a tener que acampar."

Por su parte, la presidenta del comité, Madeleyn Velásquez, denunció que: "[Jorge Oyarzún] nos amenazó con que, si no desalojamos, no podremos postular a ningún beneficio social de por vida, o sea vamos a quedar anulados totalmente. Y que nos demandaría por asociación ilícita. O sea, nosotros sabemos que estamos de ilegales en estos departamentos, pero porque los necesitamos y debemos intentarlo a ese ritmo ".

La necesidad de una vivienda, motivó a estas familias a ocupar estos departamentos en condiciones estructurales riesgosas. Todas están en el Registro Social de Hogares, donde han sido clasificadas dentro del 40% de la población más pobre del país. También abrieron sus libretas de ahorro para comenzar los trámites de postulación a subsidios, pero ahora tendrán que preocuparse de cómo resistir las inclemencias del tiempo a la intemperie, dado que la mayoría de de los ocupantes no tiene otra alternativa para vivir fuera de estos inseguros departamentos.

Imagen de referencia: soychile.cl