[resumen.cl] Este miércoles se realizó en el centro de Concepción un mitin de apoyo a la machi Francisca Linconao y a los presos políticos mapuche del caso Luschsinger-Mackay y del caso Iglesias. Los manifestantes que no pudieron marchar por el cerco de FF.EE. de Carabineros, acusan montajes policiales y judiciales, y el uso de la prisión preventiva para criminalizar a las comunidades mapuche. Exigen el fin de la Ley Antiterrorista y utilización de testigos sin rostro para evitar los montajes.

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En el caso Luchsinger Mackay, el proceso es llevado adelante tanto por el Ministerio Público, como por la Intendencia de la Araucanía, pretendiendo que a diez comuneros se les condene con presidio perpetuo calificado. Mientras que para el comunero Peralino Huica, cuya declaración anterior juega el rol de hilo conductor de la querella, sólo pedirán 10 años por colaborar con la investigación como atenuante.

La abogada Manuela Royo, a cargo de la defensa de Hernán, Sabino y Sergio Catrilaf, hace hincapié en la inconsistencia de esta evidencia pues “el móvil, la forma y los mecanismos para conseguir su declaración son bastante cuestionables, por lo que no es sostenible las condenas que solicitan desde el Estado con esa pura declaración... Desde el inicio del juicio hasta ahora no han avanzado ni un ápice en su investigación, por lo que sabemos que no podrán comprobar nada de lo que han comprometido para acusar a nuestros defendidos”, argumenta la abogada, evaluando el trabajo de su contraparte.

Este miércoles 6 de septiembre se desarrollaba la jornada 12 de este juicio oral que se estima que durará más de 55 días. Según indicaron los manifestantes en el mitin de la Plaza de Tribunales de Concepción "en las audiencias ya trascurridas nos vamos dando cuenta como aparecen a la luz pública las graves contracciones de los testigos [...] Acá lo que se busca, es hacer uso de acciones judiciales ejemplificadoras para mantener el control social al pueblo mapuche, esto se evidencia con prisiones preventivas absolutamente desmedidas, la tipificación de la ley antiterrorista, además de ser una forma de justificar lo insostenible".

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También indicaron que la machi había enviado palabras de agradecimiento a quienes se han manifestado por su causa durante su huelga de hambre, recalcando que este proceso aún no ha terminado.

Durante el mitin, los manifestantes señalaron en panfletos que los imputados del denominado Caso Iglesias ya llevan un año y más de dos meses en prisión preventiva sin que el proceso avance: "resisten por más de 90 días en huelga de hambre, poniendo en riesgo su salud y su vida, han bajado en promedio 18 kilos cada uno, con compromiso muscular y riesgo cardiovascular. El arresto del Longko Alfredo Tralcal, Benito, Pablo y Ariel Trangol Galindo, se estableció irregularmente, pues nunca existieron pruebas para inculparlos de la quema de la iglesia".

Los manifestantes exigen un juicio justo en un plazo razonable, la no aplicación de la Ley Antiterrorista, la no utilización de testigos sin rostros, la no revocación de la medida cautelar de prisión preventiva.

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A días de que iniciaran su periodo de ayuno, la madre de los hermanos Trangol testimonió un hecho con el cual dejó al descubierto la arbitrariedad y el abuso con que operó la policía. En un video relató cómo funcionarios policiales acudieron hasta su casa con la foto de uno de sus hijos, afirmando que estaba prófugo, ante lo que ella les respondió que este hijo había muerto en Santiago el año 2010, por cuanto no era posible su acusación. La madre de estos hermanos también ha denunciado hechos dramáticos y trágicos propiciados por el encarcelamiento de sus hijos. Por una parte, se ha empobrecido, al no tener la ayuda económica de ellos y, por otra, su esposo, y padre de sus hijos, falleció días después de su arresto, afectado anímicamente por esta situación.

El contexto del encarcelamiento de estos comuneros y sus repercusiones no son exclusivas de este caso, sino que son comunes. La prisión preventiva ocupada como artilugio para encarcelar y condenar; el uso de la Ley Antiterrorista para validar supuestos testigos que, al amparo del ocultamiento de su identidad, reproducen libretos creados por la Fiscalía; y la precarización de la vida de las familias de los presos, son mecanismos de disciplinamiento para el conjunto de comunidades que han decidido recuperar sus territorios como condición necesaria para poder vivir.