El reciente asesinato de dos periodistas en Guatemala pega en la piel de sus colegas como terapia electro convulsiva para recordar a todos que la “locura” de denunciar la corrupción cometida por autoridades de poder se paga con la vida.

El corresponsal de Prensa Libre, Danilo López, fue ultimado a balazos en el parque de Mazatenango, 167 kilómetros al suroeste de esta capital, mientras que a Federico Salazar, de Radio Nuevo Mundo, también le segaron la existencia.

El periodista de un canal local, Marvin Túnchez, sobreviviente de ese atentado, confesó que recuerda muy poco del hecho, pero aclaró que el homicida se acercó en forma directa a Danilo, en tanto que Salazar y él fueron víctimas colaterales.

Con vigilancia policial y una bala alojada en el pecho, Túnchez declaró al periódico guatemalteco Publinews que el Estado no garantiza la libertad de emisión de pensamiento.

“Siempre he sabido que expresarse libremente no es posible y menos al dedicarme al periodismo. Nosotros informamos a la población, no somos delincuentes”, señaló al anunciar su retiro de este oficio.

Afirmó que antes de ese suceso había analizado concluir su labor como periodista, y que lo hará luego de graduarse de abogado, carrera en la que cursa el séptimo semestre.

PRESENTIR LA MUERTE

“Tengo miedo, el ambiente está muy cargado”, habrían sido las palabras dichas por López, una hora antes del trágico desenlace, cuando llamó a la Unidad de Delitos Contra Periodistas del Ministerio Público.

Un funcionario de la Fiscalía de la Unidad de Delitos contra Periodistas del Ministerio Público, que pidió no ser identificado, dijo al medio informativo Plaza Pública que el martes a las 11:30 horas, el reportero Danilo se comunicó con él.

Quien hace ocho años se desempeñaba como corresponsal de Prensa Libre en el departamento de Suchitepéquez, explicó al fiscal que su temor se debía a una investigación (en reserva hasta el momento), que realizaba sobre lavado de dinero en una municipalidad de Suchitepéquez.

El Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (Cerigua) informó el 9 de julio de 2013 que el alcalde de San Lorenzo Suchitepéquez, José Linares, profirió amenazas contra el corresponsal López.

Según el texto periodístico, supuestamente el jefe edil estaba molesto por una nota publicada en abril de aquel año referida a su gestión, por lo que le advirtió que se atuviera a las consecuencias.

Durante una cobertura, López saludó a Linares en el lugar, y después de un apretón de manos este lo golpeó varias veces por el lado izquierdo del pecho, diciéndole que él se encontraba en el poder y tenía el dinero necesario para tomar acciones en su contra, apuntó la agencia Cerigua.

La amenaza surgió aparentemente de una publicación del 10 de abril del 2013, en la que se señala a la Municipalidad de San Lorenzo por ejecutar 2,8 millones de quetzales (360 mil 360 dólares) en obras inexistentes.

López acudió a la fiscalía del Ministerio Público en Mazatenango, donde presentó la denuncia del hecho y solicitó investigar por qué el alcalde vertió esa amenaza en su contra, al manifestar que temía por su vida o la de o algún familiar suyo.

PRESUNTOS RESPONSABLES Y CONDENA

La Policía Nacional Civil (PNC) arrestó el jueves al presunto autor material del homicidio, Artemio Ramírez, en la aldea El Carmen, en Retalhuleu (suroccidente), cuando iba manejando un camión, precisó el Ministerio Público en un comunicado.

La captura, coordinada por la Fiscalía Distrital de Suchitepéquez y la Unidad de Delitos cometidos Contra Periodistas de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, se efectuó dos días después de la detención del supuesto cómplice Valdemar Cardona.

La audiencia de primera declaración de Cardona fue programada para el 31 de marzo, cuando el Ministerio Público lo sindicará del delito de asesinato.

El Observatorio de los Periodistas de Cerigua, la Fundación Rigoberta Menchú Tum, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Guatemala y la Unesco fueron algunas de las instituciones que repudiaron el homicidio.

“Todo acto de violencia que queda impune es una invitación abierta a nuevos actos de violencia, declararon conjuntamente los respectivos representantes en Guatemala de la Oacnudh y la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Alberto Brunori y Julio Carranza.

Ambas organizaciones expresaron en la nota que han observado con preocupación el incremento de ataques contra periodistas, que según registros de la Fiscalía correspondiente, de enero a la fecha alcanzan la cifra de 21 casos.

Túnchez, el reportero herido, pertenece al mismo medio de comunicación donde trabajaba Carlos Orellana, periodista ultimado en 2013, recordaron en la nota conjunta.

Brunori y Carranza reiteraron la importancia de contar con un Mecanismo de Protección a Periodistas conforme al compromiso asumido voluntariamente por el Estado de Guatemala ante el Consejo de Derechos Humanos en 2012.

El Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) y el partido Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca Movimiento Amplio de Izquierda (URNG-MAIZ) se sumaron a la avalancha de manifestaciones de condena por el asesinato de dos corresponsales.

El Secretario General de URNG-MAIZ, Ángel Sánchez, al condenar la violencia, destacó que esta se registra en el contexto de la inseguridad que como partido han identificado y favorecen la impunidad y la corrupción como formas del ejercicio del poder.

Por su parte, Codeca, como movimiento social pro Derechos Humanos, exigió a las autoridades investigar y castigar a los responsables materiales e intelectuales de este acto violento.

Instó, además, a los sectores del poder a “parar con la política de persecución y criminalización contra pueblo organizado, defensores de derechos y comunicadores sociales”.

La Cámara Guatemalteca de Periodismo llamó a quienes tengan señalamientos contra medios o periodistas que los diriman por la vía correspondiente y no por amenazas o presiones, como ha ocurrido en estos casos.

Asimismo, reclamó más responsabilidad de las autoridades políticas locales para que apoyen la investigación de hechos delictivos y no emitan amenazas, frases de descrédito o utilicen cualquier forma de presión contra quienes informan sobre la acción pública y denuncian delitos.

El Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco consideró que esas víctimas se suman a las de “un Estado Fallido que retorna a las tácticas de la guerra para acallar la voz de los que luchamos por construir juntos una patria en donde podamos vivir con dignidad.”

El miércoles decenas de periodistas, fotógrafos y comunicadores sociales hicieron un plantón frente a la capitalina sede del Ministerio de Gobernación (Interior), y marcharon hacia la Casa Presidencial para demandar acción al Estado y esclarecer el ataque.

La muerte de López y Salazar ocurrió cinco días después de que la coordinadora del Observatorio de los Periodistas de Cerigua, Ileana Alamilla, recordara que en la época electoral los reporteros están propensos a ser blanco de agresiones por parte de las autoridades y miembros de la seguridad de estos.

“Pese a que el Estado es el responsable de garantizarnos la vida y la seguridad, nosotros podemos poner de nuestra parte para minimizar los riesgos, subrayó Alamilla el pasado 5 de marzo durante el lanzamiento de documentos para periodistas y comunicadores sociales.

Aunque el año pasado no se reportaron asesinatos de trabajadores de la prensa en Guatemala, en 2013 sí perdieron la vida cuatro comunicadores sociales.

Esta práctica de callar las voces a balazos y amenazas pone en alerta a quienes ejercen en cualquier latitud lo que el Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez definió como el mejor oficio del mundo.

 Por Randy Saborit Mora / Prensa Latina

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