Tras ser esterilizada de forma involuntaria en 2002 por ser VIH positivo, Francisca demandó al Estado de Chile buscando medidas de reparación y acompañamiento sobre el caso. Sin embargo, hasta la fecha no ha firmado el acuerdo, cayendo nuevamente en negligencia.Por José Figueroa Soto
El pasado 12 de noviembre el medio BBC Mundo dio a conocer el testimonio de Francisca -nombre ficticio que ocupa la mujer para resguardar su identidad- quien demandó al Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras ser sometida a un proceso de esterilización involuntaria luego de parir a su primer hijo en el Hospital de Curicó.
Los hechos se remontan al año 2002, año en que Francisca es diagnosticada como VIH positivo y se encontraba embarazada. Pero los problemas comenzaron al momento del parto, señalando: “cuando me llevaron a la sala de parto, la enfermera me dijo que personas como yo [con VIH], no debían tener hijos y que yo debiera haber abortado”, añadiendo que “de verdad fue desgarrador, me duele el alma. Estaba con todo el dolor del parto y que una persona te esté diciendo que te vas a morir y que a lo mejor no vas a conocer a tu hijo y con todo el desconocimiento que yo tenía en ese momento, me da rabia, frustración”.
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A estos malos tratos se le suma que a la mañana siguiente personal del Hospital le comunicaron que ya no iba a tener más hijos debido al proceso de fertilización al cual la habían sometido sin su consentimiento.
“No tenía ni idea de que me iban a esterilizar. [Después] Yo pensé que a todas las personas con VIH se lo hacían”, afirma Francisca.
Esta situación motivó que la afectada, junto a un abogado de la organización Vivo Positivo, presentaran una demanda el año 2007 en contra del médico a cargo del procedimiento. No obstante, en 2008 la demanda sería archivada por falta de pruebas.
Posteriormente, el año 2009, luego de agotar las instancias judiciales del país sin encontrar justicia, Francisca junto al Centro de Derechos Reproductivos (CDR), presentaron una demanda en contra del Estado de Chile ante la CIDH.
En este contexto, el CDR manifestó ante la Comisión que "fue víctima de una esterilización forzada, en la que el médico unilateralmente esterilizó a Francisca sin su consentimiento porque consideró que teniendo VIH no reunía las características que, según él, se debe tener para ejercer una maternidad responsable".
El año 2017, el Estado chileno ofreció una solución amistosa a Francisca, la cual establece una indemnización económica, aseguramiento de los derechos a salud, educación y vivienda de la afectada y su hijo; y garantías de no repetición de esta situación. Sin embargo, hasta la fecha el Estado no ha firmado el acuerdo que este mismo ofreció.
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Lamentablemente la inacción del Estado ante la tardanza en firmar del acuerdo ha vuelto a vulnerar a Francisca. Esto porque el dinero ofrecido en el acuerdo iba a ser utilizado para someterse a un procedimiento de fertilización in vitro para cumplir su deseo de ser madre por segunda vez. Procedimiento que no se podrá realizar debido a que en esta espera la afectada desistió ya que cumplió la edad límite que se había impuesto, siendo vulnerada una vez más por negligencia del Estado.
BBC contactó a la cancillería para consultar sobre esta situación, pero desistieron en referirse al tema.
"En el contexto del procedimiento de la CIDH, este caso está en pleno desarrollo. Precisamente por eso y por la sensibilidad del mismo, no consideramos oportuno referirnos al caso en esta oportunidad", señaló cancillería.
Lamentablemente, según un estudio realizado por Vivo Positivo y el CDR, se concluyó que este no era un caso puntual, ya que existirían 16 mujeres viviendo con VIH que fueron esterilizadas y solo cuatro de estas afirmaron haberse sometido a la fertilización de manera voluntaria y plenamente informada.
Finalmente, Francisca le señala al medio británico que seguirá buscando justicia por las graves violaciones cometidas por parte del Estado para que esto no le vuelva a suceder a otra mujer.
