Hoy todos saben que en Uruguay hay un gobierno corrupto, de una coalición de derecha liderada por Luis Lacalle, una verdadera asociación para delinquir imbricada con el narcotráfico, el fútbol profesional y la concertación de las máximas autoridades del país para mentir y mentir.

Por Aram Aharonian

El caso del pasaporte exprés otorgado al narcotraficante Sebastián Marset, quien estaba preso en Emiratos Árabes Unidos, explotó con las renuncias de dos ministros, el canciller Francisco Bustillo y el de Interior, Luis Alberto Heber y otros funcionarios de menor jerarquía. Pero desató una crisis política que obligó a Lacalle a rendir cuentas ante la sociedad y la coalición gobernante que lidera.

No hay duda posible: es imposible aceptar que el presidente Luis Lacalle no sabía o, directamente, no daba las órdenes, aunque el centroizquierdista Frente Amplio no quiera activar mecanismos de juicio político cuando faltan menos de 12 meses para la próxima elección presidencial.

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“El presidente está convencido de que con esto dio vuelta la página, pero para nosotros la página recién comienza”, dijo el presidente de la coalición progresista Fernando Pereira, quien cree que quedaron muchas preguntas sin responder, porque el presidente “no quiso” o “no pudo» aclarar.

Para el Frente Amplio, el mandatario está involucrado porque estuvo en la reunión del 25 de noviembre de 2022, en la Torre Ejecutiva, más específicamente en el piso 11, donde según la exviceministra de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, se le pidió que «perdiera» el teléfono para que no trascendieran los chats en los cuales ella y el exviceministro del Interior, Guillermo Maciel, hablaban de la peligrosidad de Marset.

En este gobierno los uruguayos vivieron de susto en susto, en una serie interminable de escándalos políticos que parecen no tener fin. No solo es el escándalo del pasaporte exprés otorgado al mayor narcotraficante de la historia de Uruguay, ni la venta de pasaportes a ciudadanos rusos que el jefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano hacía desde la misma Torre Ejecutiva presidencial.

A ello se agrega el seguimiento y espionaje ordenado contra senadores de la oposición de centroizquierda y el apoyo directo con investigaciones paralelas a un senador del Partido Nacional, el del presidente, formalizado por múltiples delitos sexuales como Gustavo Penadés. Todo eso son eslabones de un gobierno marcado por una interminable cadena de escándalos de un Ejecutivo que vive bajo sospecha.

Pero no fue la oposición la que hizo estallar el caldero, sino revelaciones hecha desde altas esferas del propio gobierno. Lo único que merece un análisis detallado en el sistema político, porque ya no hay ninguna duda de que este gobierno de la coalición multicolor de derechas incurrió en delitos flagrantes por intermedio de toda la nomenclatura íntimamente ligada al presidente y, por supuesto, es absolutamente imposible aceptar que éste no sabía o, directamente, no daba las órdenes.

No se trata de funcionarios individualmente corruptos, sino de una trama de confabulados para delinquir y funcionarios del más alto rango reunidos para organizar una mentira, una estafa a la democracia y a las instituciones que incluyó la destrucción de documentos públicos, la presión para que otros funcionarios cometan delitos, pierdan celulares y escondan pruebas, señala la revista Caras y Caretas.

Sebastián Marset no es un narcotraficante más, sino uno de los más importantes de América del Sur -con imputaciones de delitos de sangre y de narcotráfico- y para obtener el pasaporte que le permitió salir en libertad en Dubái y, posteriormente, fugarse, no sólo contrató al abogado Álvaro Balbi, también puso los (supuestos) 10 millones de dólares para que el trámite se llevara a cabo.

El sábado 4 de noviembre, el presidente Luis Lacalle habló unos 11 minutos del escándalo que causó la renuncia de dos ministros, un subsecretario y su asesor Roberto Lafluf. En esos 11 minutos le agregó oscuridad al asunto, con afirmaciones engañosas y gruesas omisiones.

Lo lamentable es que Francisco Bustillo, Luis Alberto Heber, Guillermo Maciel y Roberto Lafluf renunciaron: no fueron destituidos, y el mandatario expresó su “íntima convicción” de que los tres primeros no hicieron nada ilegal. No se entiende por qué aceptó las renuncias si los considera inocentes.

Lacalle afirmó que a Marset había que darle un pasaporte “sí o sí”. No es cierto: el Estado tenía motivos y margen de acción legal para obtener más información sin apresurarse, o en todo caso proporcionarle al narcotraficante sólo una autorización para trasladarse a Uruguay y seguir aquí con el trámite.

El presidente dijo que le encargó a Lafluf convocar a una reunión en el piso 11 de la Torre Ejecutiva para que Ache y Maciel “se pusieran de acuerdo” sobre qué hacer con el registro de sus comunicaciones sobre Marset, porque había “una discusión” acerca de la pertinencia de entregar “conversaciones privadas”. En realidad, lo que había era un fallo judicial que obligaba a entregar esos registros, como resultado de un pedido de acceso a la información pública presentado por legisladores del Frente Amplio.

También dijo que en esa reunión Ache, Lafluf y Maciel “se pusieron de acuerdo”, pero omitió mencionar que, según la declaración de Ache en Fiscalía, el acuerdo fue borrar los chats y conseguir luego una certificación notarial de que no estaban en sus teléfonos. No dijo una palabra sobre el audio aportado por Ache en el que Bustillo le sugiere que “pierda” su celular, ni sobre su declaración de que Lafluf le comunicó que había destruido el documento presentado por ella para que se entregara a la Justicia. Sólo dijo que ese documento “no era parte del expediente”.

Lacalle Pou enfatizó que “las responsabilidades políticas son del presidente, los ministros y los subsecretarios”. Eso sí es cierto, pero sólo los ministros y los subsecretarios renunciaron y son investigados por el sistema judicial.

El lunes 6, fue a inaugurar un centro hospitalario en el populoso barrio del Cerro montevideano, donde fue recibido con pancartas que decía:“Con un hospitalito no se tapa la corrupción, la mafia ni el hambre de los niños”, “gobierno corrupto” y “renuncias, no destitución”.Los medios hegmónicos mostraron solo a quienes fueron acarredaos para aupar al mandatario.

Lazos del poder, el fútbol y la droga

Según «Crónicas del Este», cuando Marset cayó preso en Dubai, luego de ser descubierto con pasaporte paraguayo falso, Cartes habría solicitado a su cuñado uruguayo Martín Bordaberry (casado con Sara Cartes e hijo del dictador Juan María) una ayuda para el narco.

Martín a su vez pidió a su hermano Pedro Bordaberry, un influyente político (ex senador por el Partido Colorado uruguayo) y dirigente de fútbol (asesor del Club Montevideo City), que atienda la solicitud del ex mandatario paraguayo. Y es Pedro el que llama a la viceministra Carolina Ache para pedirle que reciba al abogado de Marset, Alejandro Balbi otro conocido dirigente de fútbol, presidente del Club Nacional uruguayo y miembro de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Casualmente, Pedro Bordaberry es el mismo que fuera elegido por Alejandro Domínguez en el 2018 para presidir la Comisión Interventora de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), intervención seriamente cuestionada por las medidas que fueron adoptadas por dicha intervención. Asimismo, Alejandro Balbi forma parte de la Comisión de Gobernanza y Transparencia de la misma Conmebol.

No es extraño que Alejandro Domínguez se rodee de personas con temas pendientes ante la justicia, como los casos de Marco Polo del Nero, Edwin Oviedo, Agustín Lozano). Sin embargo, en esta ocasión se trata de personas vinculadas o salpicadas en causas de narcotráfico lo que requiere ya de una investigación profunda por parte de los organismos antinarcóticos incluidos la DEA y el FBI a fin de desnudar los nexos del fútbol con las bandas narco, señala el portal paraguayo ExpressNews.

Los uruguayos hoy son conscientes de que su gobierno es corrupto, que la credibilidad en el presidente y sus funcionarios fue quebrada. Quizá aún no asuman que en este país futbolero, también las instituciones deportivas -nacionales, regionales- son usadas en las tramas criminales, con una prensa que intenta reeditar con Marset la experiencia colombiana de Pablo Escobar