El 1 de julio de 2020 fue publicado en el Diario Oficial la declaratoria de 468,3 hectáreas del humedal urbano de Quilicura por el Ministerio del Medio Ambiente¹, gracias a la reciente ley 21.202,  más conocida como Ley de Humedales Urbanos². Siendo de esta forma el tercer humedal urbano reconocido oficialmente por esta ley, el más grande de toda la región Metropolitana y el segundo más grande del país, solo por detrás del humedal urbano Los Maitenes ubicado en la comuna de Puchuncaví, que cuenta con 504,9 hectáreas reconocidas oficialmente ^[3].

Por: Rodrigo Vallejos

Esta noticia llenó de alegría a la comunidad quilicurana, pero molestó a los dueños de los predios donde se encuentra parte del Humedal Urbano de Quilicura, los que a lo largo de años han alterado la salud de este ecosistema, generando rellenos de escombros ilegales, desvíos de aguas y desecación progresiva del humedal, todo con la intención de cambiar el uso de suelo de este sector que está condicionado por su riesgo de inundación según el Plan Regulador Metropolitano N°100 ^[4], y así poder construir y lucrar con sus intereses inmobiliarios.

Es por eso que Inversiones Butamalal S.A (dueños del sector San Luis Norte), Inmobiliaria Los Silos III (dueños del sector San Luis) y la familia Iracheta (dueños del sector O’Higgins) presentaron tres reclamaciones ante el 2° Tribunal Ambiental de Santiago, esto debido a que el artículo 12 del Reglamento de la Ley 21.202 permite que la declaratoria de reconocimiento de un Humedal Urbano sea reclamable en un plazo de treinta días hábiles ante el Tribunal Ambiental respectivo ^[5].

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Inversiones Butamalal S.A

Inversiones Butamalal S.A representada legalmente por Federico Ayala Birrel y Federico Guillermo Cumming Godoy, relacionados directamente con la Inmobiliaria PY ^[6], propiedad del empresario Francisco Pérez Yoma, conocido por la polémica inundación de las casas de la constructora Copeva (actual Inmobiliaria PY) en junio de 1997 en Bajos de Mena, que dejó a 620 familias damnificadas. Lo que significó la renuncia del Ministro de Vivienda de la época, Eduardo Hermosilla, luego de que se filtrara que Pérez Yoma le regaló un caballo corralero ^[7].

Además de ser hijo de Edmundo Pérez Zujovic, que fue Ministro de Obras Públicas, Ministro de Interior y Vicepresidente del gobierno de Eduardo Frei Montalva, donde en 1969 fue acusado por la oposición de izquierda de la época, de ser responsable de la masacre de Puerto Montt, donde fueron asesinados once pobladores a manos de Carabineros ^[8]. Por este acto es que el grupo Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP), el 8 de junio de 1971 asesinó a Pérez Zujovic como represalia por la masacre ^[9].

Francisco Pérez Yoma, también es hermano de Edmundo Pérez Yoma, que fue ministro de Defensa Nacional en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y ministro del Interior en el gobierno de Michelle Bachelet. Edmundo ha sido varias veces multado por la Dirección General de Aguas (DGA) por el desvío y extracción ilegal de aguas en Petorca, una de las localidades más afectadas por los escases hídrica en el país y por la que Modatima (Movimiento de Defensa por acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio Ambiente) ha dado una fuerte pelea, que incluso le costó una denuncia en el 2012 por injurias con publicidad por parte del ex ministro, al vocero del movimiento de la época y actual Gobernador de la Región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca^{[10] [11]}.

Estos son algunos de los antecedentes relacionados con Inversiones Butamalal S.A, que el 6 de agosto de este año ingresó la primera reclamación contra la declaratoria del Humedal Urbano de Quilicura en el 2° Tribunal Ambiental de Santiago^[12], representados por el director en Chile de la firma Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU), Jorge Andrés Femenías Salas, el cual también es profesor de la Pontificia Universidad Católica y autor del libro “Responsabilidad por Daño Ambiental ^[13].

En la reclamación presentada, Femenías argumenta el interés legítimo de Butamalal para reclamar ya que se ve afectado su derecho de propiedad y que presentaron observaciones en el proceso de reconocimiento, las cuales no fueron consideradas por la autoridad ambiental, lo que también produce severas restricciones a los usos de suelo pretendidos por la empresa.

Hay que agregar que 169,17 hectáreas de los 22 predios de propiedad de Butamalal no cumplen con los criterios legales y reglamentarios para ser declarados como Humedal Urbano, ya que según los estudios realizados por la empresa solo 40,53 hectáreas corresponderían como tal y los estudios presentados por la Municipalidad de Quilicura y el Ministerio del Medio Ambiente no serían estudios certeros y serían incorrectos metodológicamente. Por lo que se solicita a través de la reclamación que los límites del Humedal Urbano de Quilicura sean definidos bajo “criterios técnicos adecuados”, para “asegurar una protección del medio ambiente dentro de parámetros reales y racionales” ^[14].

Inmobiliaria Los Silos III

Inmobiliaria Los Silos III propiedad de la familia Posada, dueños del holding P&H ^[15], que desde 1981 se han dedicado a los rubros de la construcción, inmobiliaria, agricultura, exportación y a la producción de hormigón ^[16]. Han construido más de 70 mil viviendas en las regiones Metropolitana, de Atacama, O’Higgins, el Maule y del Biobío.

El 11 de agosto presentaron la segunda reclamación en contra de la declaratoria del Humedal Urbano de Quilicura ^[17], representados por el director de la firma SLBZ Abogados, Ricardo Brancoli ^[18], junto a los abogados de la firma Camila Pozo Parot, Nicolás Prado Gavilán y Gonzalo Silva Santa Cruz.

En la reclamación presentada, SLBZ Abogados alega que el proceso de reconocimiento como Humedal Urbano de los 7 predios de propiedad de Inmobiliaria Los Silos III ^[19] está viciado al no tomarse en cuenta ni considerarse los antecedentes aportados por Los Silos, donde se señalaba que el sector “no cumplía con los criterios establecidos por la normativa para ser declarados como humedal urbano” ^[20].

Familia Iracheta

18 familiares son los dueños de 6 predios en el sector de O’Higgins del Humedal Urbano de Quilicura, o que ellos llaman como “Fundo María Esperanza”. No es mucha la información que se tiene sobre estos propietarios, pero sí es evidente el daño que han hecho al humedal, con la presencia de gran cantidad de hectáreas de rellenos de escombros que alcanza alturas de hasta más de 5 metros dentro de su “fundo”.

El 12 de agosto presentaron la tercera reclamación en contra de la declaratoria del Humedal Urbano de Quilicura ^[21], representados por el abogado Juan Alberto Alcalde Herrera de la firma de abogados Puga y Ortiz ^[22].

Los Iracheta reclaman que las 88,2 hectáreas de su propiedad no son un humedal y que “el denominado Humedal O’Higgins JAMAS podría exceder las 14,2 hectáreas” argumentando la ausencia de vegetación hidrófila, que el mal drenaje del suelo de los predios no son suficientes para declararse como humedal, por lo que la declaratoria del Humedal Urbano vulneraría los derechos y garantías de los dueños del predio ^[23].

Defensa del Humedal Urbano de Quilicura

El proceso de reconocimiento de las 468,3 hectáreas del Humedal Urbano de Quilicura nació luego de que el 5 de agosto de 2020, la organización Resistencia Socioambiental (RSQ), que juntó las firmas de 20 organizaciones locales ^[24], presentó un petitorio al ex alcalde de la comuna, Juan Carrasco, donde se exigía la participación ciudadana para la elaboración de la solicitud de la declaratoria del Humedal Urbano de Quilicura.

Por este motivo,  se realizó una mesa técnica, que fue dirigida por el director del área de Gestión Ambiental, Felipe González que junto a Resistencia Socioambiental Quilicura y Corporación Ngen terminaron el proceso y enviaron el expediente al Ministerio del Medio Ambiente solicitando el reconocimiento de 3 polígonos que comprendían un total de 479 hectáreas, que finalmente culminó con el reconocimiento oficial por parte del Ministerio del Medio Ambiente de 468,3 hectáreas del Humedal Urbano de Quilicura en virtud a la ley 21.202.

Luego de que la declaratoria fuera publicada el 1 de julio del 2021 en el Diario Oficial, los dueños de los predios no se hicieron esperar por lo que en el sector de propiedad de Inmobiliaria Los Silos realizaron una gran zanja para evitar el paso hacia el Humedal, lo que fue denunciado ante la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), denuncia que hasta el día de hoy no ha sido respondida.

Referencias