[resumen.cl] Con una política de continuación sobre bonos y préstamos, el gobierno en funciones promulgó el pasado lunes la entrega del "Bono Clase Media", un "Préstamo Solidario" y la ampliación del Ingreso Familiar de Emergencia como respuesta a la crisis actual, decisión lejana a considerar la propuesta y exigencia de una Renta Básica Universal.
El pasado lunes el presidente en funciones, Sebastián Piñera, promulgó la ley que establece la entrega del "Bono Clase Media" y de un "Préstamo Solidario" como continuación de las políticas instaladas para enfrentar los efectos de la crisis sanitaria en Chile y las negligencias del gobierno de turno.
En base a la Red de Protección Social -política sostenida y defendida por el gobierno-, se dio a conocer que el bono en cuestión podrá ser de hasta $500.000 dependiendo de los requisitos que cumpla la persona en cuestión. De esta forma, la continuación de una política de "bonificación" aún no da respuesta a la exigencia de una Renta Básica Universal, la cual ha sido una propuesta a nivel estructural para que la población pueda enfrentar la crisis latente.
En la misma línea, Piñera dio a conocer el "Préstamo Social Clase Media", el cual podrá ser de hasta $650.000 por cada cuota, pudiendo solicitarse tres veces. Asimismo, la ley promulgada contempla la amplificación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a lo que el gobierno considera como el "80% de los hogares más vulnerables".
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La continuación de una agenda que contempla préstamos y bonos no ha contemplado, siquiera, la necesidad de instalar una política estructural para enfrentar el confinamiento y los efectos socioeconómico en miles de familias en Chile. Así, la propuesta de establecer una Renta Básica Universal, vale decir para todo el mundo, sin postular, y suficiente, cuyo monto no inferior a $450 mil pesos -cifra que el mismo Estado de Chile define como la línea de la pobreza (para una familia de cuatro personas)- no ha tenido asidero en la clase político-institucional.
Mientras tanto, el gobierno anunció que llevará al Tribunal Constitucional el proyecto del tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones y la creación de un impuesto a los súper ricos, siendo este último aquel que "plantea un gravamen de una tasa de 2,5% al patrimonio de las personas naturales con domicilio en Chile cuyos bienes sean equivalentes a un valor igual o superior a US$22 millones de dólares".
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Fotografía principal: Prensa Presidencia
