Las cifras respecto a trabajadores asalariados y contratos efectivos levantan discrepancias desde los analistas, quienes ven en el Estado un mal ejemplo respecto a óptimas condiciones legales. Trabajadores a contrata o con boleta de honorarios son un grupo importante, pero a esto se suman oficios informales y una precariedad oculta en cifras que hablan de “pleno empleo”.

El Gobierno destacó las cifras de desempleo que bajan del 6% en Santiago, todo un récord que acerca las opciones de pleno empleo en el país, una condición paralela al éxito macroeconómico que destaca a Chile en el escenario internacional.

Ante ello, los analistas alertan sobre condiciones de precarización laboral, que  se da pese al alza de remuneraciones y la baja sostenida de la cesantía,  pues hoy los indicadores no inciden en reducir la desigualdad o asegurar un trabajo “con todas las de la ley”.

En ello, se reconocen prácticas que alejan a los trabajadores de un contrato indefinido, pese a que las cifras de la Encuesta Laboral otorgan esta condición a un 75,5% del total activo. Por contraparte, la Fundación Sol presentó el estudio “Los falsos asalariados”, donde establece que la cantidad de trabajadores sin contrato supera el millón de personas.

El investigador Alexander Páez explicó que se puede tener contrato escrito, pero de índole comercial como la boleta de honorarios. Ante ello, subrayó que “esta condición corresponde a un proceso de flexibilización laboral precarizante, y reemplaza la condición de asalariado con derechos laborales por la de un independiente con derechos comerciales”.

Para el dirigente laboral José Ortiz, ligado al sector metalúrgico y ex dirigente de la CUT, esta mala práctica nace de la falta de interés del Ejecutivo en supervisar, y apunta que “la falta más grave es de la Dirección del Trabajo que no cumple su labor. Estamos ante un abandono de deberes desde el ministerio, por una política de dejar hacer desde la DT. La directora del Trabajo no está aplicando la ley y se le encarga supervisar el cumplimiento de normas laborales, pero buscan subterfugios para no cumplir con ese mandato y justificar el comportamiento empresarial”.

Si bien el INE establece el número de trabajadores sin contrato en cerca de 733 mil, un 13,7% del total, las cifras de Fundación Sol apuntan a un millón 90 mil personas, casi un 19% de la población activa.

Para el economista Hernán Frigolet, esta situación es difícil de fiscalizar, de momento en que el propio Estado es un mal ejemplo de contratación: “En general lo que recoge el INE es una situación donde el 25% de los trabajadores asalariados no tendrían contrato u honorarios, una situación que con empleo permanente exige otro tipo de contrato. Es una situación con tejado de vidrio, porque el Estado tiene una calidad de empleador que no es de las mejores, y el sector privado tiene una condición de contratación que no sea idónea desde la perspectiva de los trabajadores y su previsión social”.

Frigolet apuntó a una necesaria alza de remuneraciones, en paralelo a asegurar las condiciones laborales, ya que ambos factores son claves en un tema que tendrá relevancia en el escenario local a corto plazo: el alza de jubilados y una baja previsión social.

“Aún en Chile el salario es relativamente bajo, una condición que afecta el estándar de vida y la condición de previsión a la que se enfrentará la mayoría de los trabajadores. Hay que profundizar, elevar las remuneraciones y tener una cultura de contrato que incentive a los trabajadores a tener una densidad previsional lo más cercana a los doce meses calendario, de modo que sus condiciones de jubilación mejoren notablemente a futuro”, indicó.

Según el estudio, el servicio doméstico, pesca, hotelería y agricultura son los principales rubros que presentan esta falencia, con una franja geográfica desde la región del Maule hasta Araucanía, sumando a Los Ríos y Coquimbo como zonas que presentan más casos, donde incluso la tasa de trabajadores sin contrato supera el 20% de la población laboral.