Esto ya está dicho pero vale la pena y viene la ocasión reiterarlo ante los nuevos amagos de imponer un indulto detestable.

Los poderosos que gobiernan este paisito bicentenario tienen la tentación de indultar porque de ese modo minimizan y ocultan sus propias responsabilidades en la gran tragedia nacional que significó la dictadura; minimizando los crímenes de sus empleados, se aminora la culpa de los propios. Por lo demás esa es una tendencia cíclica de los poderosos. Incitan, provocan, lideran y monitorean las peores felonías y luego, ya vestidos con ropajes de oveja, se auto decretan amnistías o proclaman indultos de vergüenza, con lo que dejan establecido su auto perdón e imponen el olvido como verdad nacional.

Esta característica de la derecha gobernante fue relativamente frenada por el masivo rechazo que provocó la idea del gran indulto bicentenario que tenía como objetivo beneficiar a los criminales, uniformados y civiles, violadores de los derechos humanos y autores de crímenes de lesa humanidad. El rechazo popular obligó al reyezuelo que nos gobierna a dejar de lado su plan, archivar el indulto y buscar otras formas de compensar a sus amigos y empleados encarcelados.

Sin embargo, eso no significa que la derecha y su gobierno hayan desistido de sus afanes de otorgarles beneficios de libertad a sus secuaces. Por el contrario, intentan e intentarán aprovechar cualquier resquicio, utilizarán cualquier posibilidad que se les presente para imponer, contrabandear o “negociar” en las componendas parlamentarias leyes o acuerdos que aunque no se llamen indultos tengan el mismo propósito, cumplan el mismo objetivo. En los últimos días hemos visto cómo, de manera grosera y descarada, los políticos de la derecha han sacado a relucir sus dientes pinochetistas para, de cualquier manera, tratar de meter el negocio del indulto para sus sicarios. Esta vez dos situaciones dramáticas les han servido de plataforma para lanzar una nueva ofensiva.

Primero. Frente al conflicto mapuche y a la prolongada huelga de hambre de 34 de sus comuneros encarcelados el gobierno ha negado y cerrado cualquier posibilidad de solución real al problema. La única fórmula de solución que se les ha ocurrido es enviar al parlamento sendos proyectos de ley. Una que reformula la ley antiterrorista pero que no aporta nada para solucionar el problema urgente ni el problema de fondo. ¿Porqué?. Porque este gobierno tiene su propio paisito y en él no entran desde luego los mapuche. Otra, que reformula la competencia de los tribunales militares para juzgar civiles y evitar así el doble enjuiciamiento que sufren muchos comuneros y que es una de las razones de su huelga.

Pero aquí es donde la derecha gobernante intenta sacar ventaja. Con el pretexto de darle carácter de urgencia a su reforma, pretende que se le apruebe un infundio legal (o “ladrillo”, como le llaman los parlamentarios) que entre otras curiosidades incorpora articulados que van en claro beneficio de los criminales pinochetistas.

Para tratar de imponer sus ínfulas de contrabandear articulados cuentan con el recurso del chantaje sustentado en la culpa que a la Concertación le cabe en la génesis del problema mapuche y en la aplicación de una absurda ley antiterrorista. Esa culpa obligaría a los parlamentarios concertacionistas a aceptar el chantaje aprobando una reforma asquerosa, no solo por lo que esconde sino porque, además, no ayuda a resolver en nada la cuestión mapuche ni la situación de los comuneros en huelga de hambre. Culpa que ojalá no la sigan agravando haciéndose cómplices de las odiosas y asquerosas maniobras de este gobierno de la derecha.

Segundo. A raíz de la reciente entrevista televisiva que le hicieron a Mauricio Hernández Norambuena, un ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, actualmente preso en Brasil y condenado a 30 años de prisión en dicho país, la derecha pinochetista empezó a generar un nuevo espacio para imponer su indulto a los criminales de la dictadura.

Es necesario recordar y tener presente que Mauricio Hernández Norambuena se encontraba preso y condenado en Chile, cumpliendo dos cadenas perpetuas por las acciones desarrolladas como FPMR, entre las cuales se incluye la muerte de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards. Condenas que se vieron interrumpidas cuando el 30 de diciembre de 1996 protagonizó junto a otros 3 rodriguistas una fuga desde un penal de alta seguridad, luego de la cual abandonaron el país.

Esta vez el negocio es intentar la extradición de Hernández Norambuena. Pero la legislación brasileña solo acoge pedidos de extradición siempre y cuando el inculpado no sea objeto de condenas mayores que las que acepta la legislación propia, que en Brasil es de 30 años. Es decir, Hernández Norambuena solo puede ser extraditado a Chile si este país acepta que no pueda cumplir más de 30 años de condena.

Esta condición obligaría al estado chileno a anular, amnistiar o rebajar las dos cadenas perpetuas a que está afecto Hernández Norambuena para conmutarlas por un máximo de 30 años de prisión; es decir, se requiere un acomodo legal. Para la derecha esto es inaceptable, y eso explica que durante los 8 años que Hernández Norambuena lleva preso en Brasil la Concertación no haya hecho ningún amago por querer extraditarlo. Ya sabemos que la Concertación no movía ni una pestaña sin el consentimiento y beneplácito de la derecha.

Ahora ocurre que Hernández Norambuena puso el asunto en portada y la derecha es gobierno, ya no pueden escudarse ni en las faldas ni en las faltas de los gobiernos anteriores. Como tienen que dar alguna respuesta la gracia para la derecha consiste en aprovecharla bien, en sacar ventajas, en lograr rentabilidad política, en lucrar.

Y de nuevo pretenden encubrir en el acomodo legal que debieran hacer para extraditar a Hernández Norambuena, un “acomodo” más amplio que beneficie directamente a sus criminales presos. De nuevo, también, cuentan para ello con la útil herramienta del chantaje político hacia los parlamentarios de la Concertación ya que la traída de Hernández Norambuena va a sacar a relucir los oscuros y sucios manejos de La Oficina en donde pueden verse afectados conspicuos personajes concertacionistas; a cambio de que estos no tengan ningún contratiempo judicial tienen que hacerse los tontos y aprobar el “acomodo” amplio.

La Oficina fue el aparato de inteligencia creado por la Concertación apenas arribada la democracia que debía sustituir la actividad de los aparatos represivos de la dictadura. Como buenos sirvientes de la derecha, esta Oficina se especializó y concentró en desarticular a los grupos de izquierda radical que no aceptaban la democracia tutelada por los militares o que se negaban a aceptar la derrota. En este afán represivo la Oficina fomentó traiciones, infiltraciones y oscuras maniobras que le reportaron logros en su tarea represiva pero que dejó una estela de sombras sobre la legalidad y legitimidad de su accionar.

Esperemos que los personajes aludidos no agraven sus faltas ante el mundo popular y la historia. Esperemos que los parlamentarios de la Concertación dejen de actuar de rodillas ante la derecha y traten de ser coherentes con el mandato popular que los tiene en el Congreso. Esperemos que por lo menos tomen asiento (no digo que se pongan de pie porque eso es pedir demasiado) y conserven algo de dignidad para rechazar estos chantajes.

Los ciudadanos, entre tanto, debemos permanecer atentos a que no nos engatusen con leyes truchas y supuestas intenciones de buena voluntad. La derecha es derecha y como tal nada es gratis.

Darío Nuñez

13-09-2010

Foto: Jovino Novoa junto a Manuel Contreras en reunión.