El portal CIPER había publicado a principios de 2011 que las tramitaciones para reformar las normas de construcción habían sido demoradas para beneficiar al empresariado.

El gobierno, recién después de un año de ocurrido el terremoto, promulgó los decretos con modificaciones a las normas de construcción que harían más seguras las edificaciones. Nos referimos a las normas nacionales de diseño sísmico y cálculo de hormigón (NCh 433 y NCh 430). Las empresas tuvieron un año para seguir ingresando a las Direcciones de Obras Municipales proyectos de construcción con las normas antiguas, las mismas normas que permitieron que varias construcciones nuevas resultaran dañadas, desde Concepción a Santiago, y que algunas colapsaran tras el sismo del 27 de febrero del 2010.

Precisamente, el retraso en la tramitación de los decretos respectivos –que terminaron siendo promulgados el 14 de febrero de 2011- posibilitó que constructoras e inmobiliarias obtuvieran decenas de permisos para edificar en altura con las normas anteriores, debido a que las nuevas reglas encarecerían las obras.¹ Hasta aquí el reportaje de CIPER.

Pero ¿qué ha pasado después? Al terminar 2011, a menos de un año de modificadas las normas, otra noticia –a decir lo menos curiosa- reinstala la certeza de la influencia del capital inmobiliario sobre el Estado “de todos los chilenos”. Los diarios informan de nuevos decretos, los 60 y 61, publicados éstos el 31 de diciembre de 2011, y que esta vez derogan los decretos transitorios del 14 de febrero de 2011, cambiando las normas constructivas recién modificadas.² El gobierno, con la ayuda de sus expertos (y los de los gremios empresariales), reforma otra vez las reglas relativas a construcción en altura con el propósito de reducir las mismas exigencias que antes habían sido revisadas y aumentadas por una comisión especial creada por la ministra Matte y que trabajó a la luz del terremoto y con la finalidad de prevenir nuevos desastres. Curioso, en diciembre la nueva medida deshace las exigencias incorporadas en febrero pasado y, prácticamente, regresa a las normas anteriores, vigentes hasta esa fecha.³ Según el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción de Concepción, Mario Seguel, “quedó claro que la exigencia en materia de los espesores de los muros resultaban exageradas y eso fue lo que se modificó”, calificando la nueva (y quizás última) normativa como “más eficiente”. Mientras, el arquitecto Aldo Schiapacasse reconoce que se trata de evitar “una disminución en la demanda”, lo que, en un contexto de crisis, dice, “afectaría a los proveedores de materiales y la mano de obra”.

Sin embargo, el mismo diario había publicado el 7 de diciembre de 2011 el siguiente titular: “Barrios altos lideran boom inmobiliario que no cesa”, con el epígrafe siguiente: “Alza sostenida tras el terremoto tiene a Bío Bío en quinto lugar nacional”, señalando que el crecimiento de la construcción en la región alcanza el 30%. Y, como regalo de Navidad, el propio periódico titula el 26 de diciembre de 2011: “Nuevas obras en la región crecieron 152% en 2011”, junto con dar cuenta de la realización de 110 proyectos inmobiliarios y tres “megainversiones” en marcha.

Este hecho a lo menos debe crear dudas en quienes observan el acontecer posterior al terremoto del 27 de febrero. Los entendidos (arquitectos, ingenieros y otros consultados por los organismos estatales) y los empresarios del sector inmobiliario, han considerado que la norma hacía prácticamente inviable la construcción y que impedía a los consumidores acceder a los bienes habitacionales. Al parecer de ellos, en su momento, el comité especial creado por la ex ministra de vivienda Magdalena Matte, había exagerado las precauciones producto del impacto inmediato de los hechos o, incluso, que la comisión no estaba aún bien constituida.⁴

La confusión aumenta si observamos el desarrollo del sector en los mismos noticieros de la prensa. El 13 enero de 2012 el diario El Sur, filial de El Mercurio en la región del Bio Bio, en su sección Economía y Empresas, en una breve nota señala: “El Índice Mensual de Actividad de la Construcción, IMACON, aumentó 11,5% a noviembre de 2011 respecto de igual mes de 2010, superando en 2,3% el resultado de octubre pasado según informó la Cámara Chilena de la Construcción (CChC). Variación anual es la más alta desde mayo de 1998 (…). Los permisos de edificación crecieron (53,9%), los despachos de materiales (30,2%) y las ventas de proveedores (16,9%).”

Es decir, antes de que sean re-revisadas las normas constructivas y antes de llegar a esta conclusión de vuelta atrás a normas menos severas, ya el sector de la construcción en la región del Bio Bio experimentaba un aumento récord. Al menos contradictorio resulta esto, cuando las reglas hacían “inviable” el desarrollo inmobiliario. La alegría de los empresarios del área –desde el constructor hasta los distribuidores de materiales- parece no tener freno, a pesar de que existía un régimen que les era “adverso”. El hecho no es menor cuando se refiere a permisos de edificación que crecen casi 54%. En definitiva, tales normas no se aplicaron, fueron letra muerta.

Lo más grave es que las leyes, los decretos y sus reglamentos parecen no ser materia de la manoseada “ciudadanía”. Solamente los gremios empresariales involucrados participan de los estudios y de las decisiones, mientras la población (que supuestamente elige representantes) queda al margen de las pautas de desarrollo de sus ciudades, de manera que no son los intereses sociales ni la seguridad pública los que gravitan. Y, al parecer, tampoco se impone el criterio de la ética a la hora de hablar de los gremios profesionales, más cercanos a las ganancias y al clientelismo de una sociedad dominada por los intereses del mercado.

Es posible que la normativa existente desde los ‘60, que permitió la construcción de edificios y viviendas bastante seguras, que resistieron muy bien el terremoto de 2010, siga siendo útil. Sin embargo, llaman la atención algunos aspectos que debieran ser materia de todos nosotros, los verdaderos afectados, y no solamente de especialistas y empresarios. Sí, las normas creadas tras el más grande terremoto conocido, el de Valdivia (1960), aumentaron las exigencias, basándose en la experiencia directa del suceso catastrófico; pero las características del desarrollo inmobiliario y urbano han ido cambiando. Recordemos que solamente en Concepción la construcción en altura era mínima y la más alta no pasaba de diez pisos hace 20 años. La construcción en altura vivió su primer “boom” a principios de los ’90. A todo ello debe agregarse el exponencial crecimiento y concentración urbanos. También hay notables avances en las técnicas constructivas y, en particular, en el desarrollo de tecnología antisísmica. Sin embargo, se sabe que hubo edificios construidos justo antes del terremoto y que incorporaron innovaciones no sometidas a las pruebas antisísmicas, con consecuencias fatales.

La región del Bio Bio y al menos otras tres regiones, sufrieron uno de los terremotos más grandes de la historia, sin embargo, si bien es improbable un sismo similar en la misma zona, hay amenazas serias de similares catástrofes en otras partes del país. ¿Cuál es la participación directa de la población en la vigilancia de sus intereses y de su propia seguridad?

Mientras nos hacemos esta pregunta, la realidad es que, a dos años del “27/F”, aún se investigan cuáles fueron las verdaderas causales del rompimiento y colapso de un número no despreciable de edificios de reciente construcción, cuya destrucción dejó a miles de personas sin vivienda, dañados en su salud y, además, indefensos ante el empresario, que no asumió costos, y cuyos casos permanecen circulando por Tribunales con el purgatorio que significa para los propietarios.⁵

De hecho, ya “hacía fines de marzo (de 2010), en estas 19 construcciones se contaban unos 2.600 propietarios que se vieron obligados a abandonar sus departamentos y a sentarse a negociar con sus inmobiliarias. Y aunque muchos ya han vuelto a sus hogares, viven con temor. Y todo esto, sin contar a los miles de dueños de viviendas de clase media que sufrieron daños no estructurales, que no cuentan con seguros, que han estrujado las tarjetas de crédito para reparar sus propiedades y que no figuran en las estadísticas de damnificados”.⁶

El mismo 13 de enero que El Sur informaba del éxito empresarial de la empresa inmobiliaria, en otra página titulaba: “Caso Alto Río se va a Tribunal Constitucional” (TC). El artículo informaba: “Abogado Alejandro Espinoza, representante de los 8 acusados del colapso del edificio, representantes de SOCOVIL y otros, presenta recurso de inaplicabilidad. Alegato considera que no se habrían publicado en el Diario Oficial las “normas sobre hormigón armado y otras de carácter técnico”. En su alegato el abogado indicaba que la acusación (por el art. 492 del Código Penal) contravenía el art. 19 número 3 de la Carta Magna, es decir, reclama la inconstitucionalidad de la querella. Un recurso –o ardid- de tras mano, que se presentaba sólo un día antes del inicio del juicio oral, y que podía permitirle presentar junto a ella la solicitud para que se dicte la suspensión del procedimiento ante el Juzgado de Garantía de Concepción. Ciertamente, el tribunal rechazó la petición, pero ofició al juzgado penquista sobre el inicio del proceso de inaplicabilidad. El 24 de enero se realizaba la audiencia en el TC, el que, entonces, revisaría la solicitud de suspensión del juicio oral hasta que haya pronunciamiento sobre la solicitud de inconstitucionalidad (del trabajo de Fiscalía local).

El 26 de enero apareció publicado: “TC declara admisible requerimiento interpuesto por defensa de imputados por colapso de Alto Río”.⁷

Ante esta realidad continua y avasallante, que se reproducirá una y otra vez, la verdadera pregunta debiera ser: ¿qué debe cambiar en la raíz de nuestra sociedad para terminar con este maridaje espurio entre Estado y capital inmobiliario?

Eduardo Ampuero Cárdenas

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