Nos roban el sueldo de Chile
En Opinión
Afiche de la época.[/caption]
Sin embargo, fue el hecho de arrebatarle al imperialismo estadounidense la propiedad y explotación de las riquezas y recursos mineros chilenos lo que convirtió al gobierno popular en el principal enemigo del imperio yanqui y derrocarlo fue el objetivo inmediato que se propuso el imperialismo. Tras ese objetivo, el gobierno estadounidense sumó a las organizaciones políticas anti populares y entidades corporativas de la burguesía nacional que, rápidamente, se articularon para transformarse en la fuerza social reaccionaria tras el propósito de derrocar a Allende y derrotar el proceso de liberación popular que se desarrollaba en el país.
Después, la historia es conocida, pero ni el golpe militar, ni la dictadura, ni la post dictadura, han logrado nublar la importancia de la nacionalización y estatización del cobre en el desarrollo del país.
La explotación y producción cuprífera se había iniciado y expandido en Chile desde comienzos del siglo XX, beneficiándose de ella principalmente empresas y capitales norteamericanos que extraían y se llevaban en bruto la riqueza minera y sus derivados, así ellos se quedan con el oro, la plata, el molibdeno y los otros minerales que van en la materia prima, en el concentrado de cobre en bruto. A ese saqueo se agregaba el hecho que las empresas mineras extranjeras sometían a los trabajadores a extremas condiciones de explotación y abuso, además, no aportaban ingresos ni pagaban impuestos en Chile proporcionales a la riqueza que sacaban del territorio.
“Lo que es bueno para las transnacionales del cobre, es malo para los chilenos”, manifestó Allende cuando presenta el proyecto de ley de nacionalización del cobre. Dijo, además, en su mensaje: “A nosotros nos interesa sacar el cobre de la roca, fundirlo, refinarlo, manufacturarlo y venderlo al extranjero en el mayor estado de elaboración posible, lo más industrializado que sea posible”.
A comienzos de los años 50, junto a las demandas inmediatas, se inicia un camino de luchas y reivindicaciones de trabajadores de las minas y organizaciones sociales que, encabezados por la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) y la Central Única de Trabajadores (CUT), se plantean la exigencia de la nacionalización de las explotaciones mineras como una urgente necesidad nacional. Luego de un largo proceso, el pueblo chileno se hizo parte de esta demanda trasladando esa exigencia a los gobiernos y parlamentarios de la época.
En ese tiempo, por medio de movilizaciones, mitines, charlas, estudios académicos, discusiones, marchas y luchas en las calles, se logró crear un fervor y convencimiento social por recuperar el cobre para el país. La presión popular obligó a que los políticos y sus partidos tuvieran que aceptar y acoger esa demanda social, al punto que hasta la derecha política se vio forzada a apoyar la nacionalización.
Finalmente, fue el gobierno de Allende que el 11 de julio de 1971 logró la nacionalización y estatización de la gran minería del cobre mediante la aprobación unánime en el Congreso de la referida Ley Nº 17.450.
“Chile va a nacionalizar el cobre en virtud de un acto soberano. Acto soberano que incluso está consagrado en las resoluciones de las Naciones Unidas que establecen que los países tienen derecho a nacionalizar sus riquezas básicas”. Con estas palabras resumía Allende la postura de su gobierno y del país frente a la cuestión de la propiedad de la gran minería del cobre.
A la nacionalización se agregó la estatización de las grandes explotaciones mineras y el cobre se convirtió, efectivamente, en el sueldo de Chile. Así, a septiembre de 1973 el 94% de la producción cuprífera chilena era de propiedad y manejo estatal. Luego del golpe militar y con la dictadura empotrada en el poder, comenzó el proceso inverso de desmantelamiento y despojo. Al día de hoy, la propiedad estatal de las explotaciones de cobre no alcanza al 30% del total de lo que se produce en el país, y Codelco es el único bastión de reserva que va quedando en manos del estado. La desnacionalización y privatización, impulsada por la dictadura, ha sido llevada a cabo con diligencia servil por los gobiernos de la Concertación, y consumada por la voracidad de rapiña de los intereses empresariales extranjeros y chilenos.
Los primeros pasos del despojo los da la dictadura en 1977 con la dictación del decreto Ley N° 1748 que reemplaza y anula al Decreto Ley N° 600 de 1971 que impedía la participación de capitales extranjeros en la producción minera del cobre y otras áreas reservadas. Luego, cuando en 1980 la dictadura impuso la nueva constitución, el régimen militar no tuvo la fuerza ni la capacidad de maniobra para borrar la existencia de la ley que había nacionalizado el cobre; pero en esta cautela gravita la existencia de la ley reservada del cobre que garantizaba que el 10% de las utilidades (un caudal inmenso de dinero) serían destinadas a las fuerzas armadas.
No obstante, ya en enero de 1982, a raíz de la crisis económica que vivía el país, Pinochet dicta el decreto Ley 18.097 mediante el cual se le entregaba a capitales extranjeros la concesión de las explotaciones mineras chilenas, y ya no sólo del cobre. Esa ley dictatorial, preservada hasta hoy por la clase política, les da garantías a los depredadores de que nunca se les va a quitar la concesión y que, en el caso eventual de que eso llegase a ocurrir, el Estado chileno les pagará en efectivo todo lo que podrían haber ganado con la explotación de la mina. Desde entonces, se reduce paulatinamente la injerencia de Codelco en la explotación y producción de cobre; se le impide abrir yacimientos registrados, se cierran otras explotaciones, se limita las labores de refinamiento, se le obliga a “asociarse” con capitales privados, y de manera paralela se impulsa la inversión extranjera en la minería.
Esa ley canalla es la que sirve de pretexto, además, a los pusilánimes y entreguistas gobiernos concertacionistas post dictadura de seguir profundizando y desarrollando la entrega de los recursos y riquezas naturales y minerales del país a manos privadas extranjeras y nacionales, muchas veces coludidas. Ya no se trata sólo de la entrega de las riquezas mineras del cobre, sino de cualquier mineral o explotación minera (eso incluye el litio, aluminio, salitre, arena, tierras raras, etc); ya no se trata sólo de riquezas mineras, sino de cualquier riqueza natural (agua, recursos hídricos, recursos energéticos, forestales, marítimos, flora nativa, etc). Estos gobiernos han rematado y liquidado todos los bienes del estado que han podido arrebatar.
Lo cierto es que este despojo de los recursos del país ha sido realizado en un ámbito de secretismo y oscuras negociaciones en los pasillos del poder, pestilentes a corrupción y carentes de dignidad. Hasta hoy gran parte de la población chilena no sabe que el cobre fue desnacionalizado y privatizado porque esa enajenación se ha hecho en secreto. La clase política corrupta y descompuesta ha fabricado leyes con ese propósito y se ha esmerado en que el pueblo no se entere de estos actos “legales” porque van contra los intereses de Chile; es más, la entrega del cobre chileno a manos extranjeras y privadas no solo es inconstitucional respecto de la constitución que había en 1973, sino que también es inconstitucional respecto de la actual constitución del 80, porque la dictadura no se atrevió o no quiso ir contra eso.
En la secreta cocina del poder, apenas asumido el gobierno de Patricio Alwyn, impusieron la ley 18.895 que da contexto legal a la entrega de las explotaciones mineras que fue aprobada como letra chica de una ley que aumentaba el IVA del 16% al 18%. Esta ley permite que las empresas mineras que pagaban tributo sobre las ventas de cobre desde ese momento solo paguen impuestos sobre las utilidades. Eso significó que a partir de julio del 91, las empresas mineras comenzaron a falsear sus estados financieros, a concretar elusiones y evasiones presentando balances en rojo, es decir, a no declarar utilidades y de esa manera evaden el pago de impuestos y consuman el robo total de nuestras riquezas mineras.
También orientadas a favorecer este proceso de desnacionalización y de privatización son la ley 19.137 de mayo de 1992 que, curiosamente, traspasa a capitales e inversionistas privados los yacimientos y explotaciones que Codelco no estaba trabajando. Primero ataron de manos a Codelco y luego la despojan de las propiedades y bienes; negocio redondo pero sucio. La ley 19.389 de agosto de 1995 que modifica el Código Tributario para proteger el secreto del despojo y ocultar que las empresas extranjeras no pagan impuestos por las riquezas que se llevan del país. Ambas leyes, prácticamente desconocidas pero absolutamente lesivas de la soberanía sobre nuestros recursos mineros y naturales, fueron aprobadas durante los gobiernos concertacionistas.
El saqueo de nuestro cobre y de nuestros recursos naturales se ha hecho bajo el amparo del secretismo del poder y del poder de la “cocina” en el Congreso. El soborno y la corrupción que compra políticos, parlamentarios, gobiernos, pero también medios de comunicación, radios, prensa, televisión para imponer el silencio y manipular las verdades. Al amparo de esas prácticas, en estos 30 años de post dictadura, más de dos tercios del cobre chileno ha sido entregado al capital extranjero y privado.
Transcurridos ya casi medio siglo desde aquella decisión trascendental de nacionalizar y estatizar nuestras riquezas mineras, constatamos con estupor e impotencia que la voluntad soberana del pueblo chileno ha sido violentada por la voracidad empresarial y la ignominia de la clase política chilena. El país y el estado han sido despojados de sus riquezas y recursos por medio de diversos artilugios que van desde la cesión gratuita, ventas ficticias, concesiones extrañas, asignaciones truchas, en un proceso de apropiaciones indebidas iniciado en dictadura y consolidado por los gobiernos post dictadura. Este despojo ha sido propiciado por los propios gobernantes y parlamentarios quienes no han vacilado en crear leyes propicias, adecuar otras, modificar procedimientos, en un contexto de permisividad y corrupción que ha buscado las formas de eludir y engañar el espíritu y la letra de la ley de nacionalización para hipotecar sin remilgos los bienes del estado.
Sin duda esta desnacionalización deliberada le ha traído a la casta política muchos réditos y beneficios especiales, pero han sido parte esencial del despojo de los recursos del país y de la miseria y desigualdad que afecta al pueblo chileno. La crisis de legitimidad del actual modelo económico y sistema político puestos en evidencia por el estallido social de octubre pasado y por la actual crisis sanitaria, vuelve a poner en la mesa la necesidad e importancia de recuperar para el estado chileno la propiedad y explotación de las riquezas y recursos naturales. La legislación y modelo vigentes han posibilitado que nuestros recursos se encuentran nuevamente en poder de empresas privadas extranjeras y chilenas, impidiendo que la sociedad pueda beneficiarse de la explotación y del uso de tales recursos, sean estos minerales, hídricos, pesqueros, energéticos, o de otra índole.
De esos recursos naturales, indudablemente el cobre es el de mayor trascendencia y mayor valor pues con el cobre en manos del estado podríamos tener resueltos como país los grandes problemas de la salud pública, de la educación, de la vivienda, de infraestructura, de transporte público, de desarrollo agrícola, de investigación científica y tecnológica, y de otras áreas de desarrollo que apunten al bienestar de la población chilena.
Toda esa inmensa riqueza nacional, que habría significado un mejor vivir y mejor presente para el pueblo, es lo que han hipotecado la clase política en pro de sus mezquinos y sucios intereses personales y partidistas. Los cambios que el país reclama exigen corregir esta vergüenza y recuperar para el estado lo que pertenece a todos los chilenos.
