El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de las jurisdicciones Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique, Álvaro Mesa Latorre, condenó al abogado y ex fiscal militar Óscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud, por su responsabilidad el delito consumado de secuestro calificado, en carácter de lesa humanidad, del dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Ambrosio Eduardo Badilla Vasey, perpetrado en septiembre de 1973, en la ciudad de Temuco.

Por Darío Núñez

En el fallo (causa rol 113.950), el ministro Mesa Latorre condenó a Podlech Michaud a la pena de 12 años de presidio efectivo, más las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la habilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, en calidad de autor del delito.

El dirigente mirista, de 28 años de edad, casado y padre de dos hijos, era empleado del Banco del Estado de la ciudad de Temuco y se mantenía en clandestinidad pues era buscado desde el día del golpe militar. Ambrosio Badilla era primo del dirigente nacional del MIR Bautista Van Schouwen que también era buscado por las fuerzas represivas de la dictadura. Fue detenido por un grupo de militares en horas de la noche del 22 de septiembre de 1973 en el domicilio de una colaboradora en donde se refugiaba, en calle Pedro de Valdivia, frente a la población de Carabineros en Temuco.

En ese lugar, Ambrosio Badilla vivía escondido pues había sido llamado, por medio de un bando militar publicado el día 13 de septiembre, a presentarse al Regimiento Tucapel. El día indicado, la víctima fue detenida junto a la colaboradora que lo albergaba y otro militante que también se mantenía oculto en el domicilio.

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Los detenidos fueron trasladados al Regimiento Tucapel de Temuco, en donde se vio a Badilla Vasey con el pelo rapado y con claras evidencias de haber sido torturado, según testigos sobrevivientes. Desde ese recinto se le hizo desaparecer en semanas posteriores.

En la sentencia, el ministro Mesa Latorre dio por establecido que inmediatamente ocurrido el golpe militar de septiembre de 1973, las fuerzas armadas y policiales tomaron el control de la ciudad de Temuco, erigiéndose como intendente el comandante del Regimiento La Concepción, de Lautaro, Hernán Jerónimo Ramírez Ramírez (fallecido) y como gobernador de Temuco, el coronel Pablo Iturriaga Marchesse (fallecido), comandante del Regimiento de Infantería N° 8 Tucapel de esta ciudad, quien además quedó como jefe de la Guarnición de Temuco.

El mismo día del golpe fue incorporado a colaborar con el régimen militar el abogado civil Óscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud de Temuco, que además era teniente de reserva del Ejército, quien se presentó en el regimiento Tucapel para apoyar la gestión de la Fiscalía Militar que funcionaba al interior de la unidad y que estaba a cargo del segundo comandante, mayor Luis Jofré Soto (fallecido).

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A partir de ese día en adelante comenzaron a llegar personas civiles al regimiento que fueron llamadas a presentarse ante la Fiscalía Militar mediante bandos publicados en la prensa escrita y en las radios, o que fueron traídas en carácter de detenidas desde diferentes puntos de la región, por patrullas de carabineros y militares. Dadas las funciones como gobernador de Iturriaga Marchesse, el mayor Jofré Soto debió asumir mayores funciones como segundo comandante del Regimiento Tucapel poco tiempo después, delegando las funciones como fiscal militar al abogado Podlech, quien comenzó a detentar el cargo de fiscal de hecho, al punto que los familiares le consultaban a él por el destino de los detenidos.

Las personas detenidas eran mantenidas en unas dependencias ubicadas junto a la guardia y en el gimnasio grande. Una vez interrogadas por personal de la Fiscalía Militar, detectives de Investigaciones agregados al regimiento o por los propios oficiales que participaban en las actividades represivas, algunas de ellas eran dejadas en libertad, otras eran enviadas a sus casas con arresto domiciliario, otras conducidas hasta la cárcel pública donde permanecían mientras se resolvía su situación procesal, y de otras se perdió todo rastro, como es el caso de Ambrosio Badilla Vasey.

Su familia intentó saber de su paradero y condición, haciendo las consultas a la autoridad militar respectiva, a la Fiscalía y al propio Podlech Michaud, sin embargo obtuvieron respuestas erróneas o ambiguas; no informándoles acerca de su ubicación ni permitiéndoles buscar su cuerpo.

Eran tales las facultades que tenía este abogado según los propios dichos del agente Aquiles Alfonso Poblete Müller, partícipe del accionar represivo de la Fiscalía quien manifestó: ‘El gran responsable de todo esto y quien decidía el destino de los detenidos era el abogado Alfonso Podlech, quien estaba a cargo de la Fiscalía Militar’. Así como las declaraciones de otros ex funcionarios de la fiscalía y del aludido regimiento que también lo señalan como el responsable directo de la suerte de los detenidos.