27 periodistas fueron asesinados en Honduras durante la gestión de Porfirio Lobo Sosa, además hubo secuestros, atentados, persecuciones, amenazas a muerte, extorsiones, ataques a parientes, agresiones y exilio, reveló un informe enviado al Congreso Nacional por Ramón Custodio, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

 
El informe de Custodio coincidió con una polémica mediática desatada “en defensa de la libertad de expresión”, a causa de una inminente reforma a la Ley de Telecomunicaciones, que regula el uso del llamado “espectro radioeléctrico”, universalmente considerado un bien público administrado por el Estado.
 
El documento de Custodio señala que entre enero de 2010 y diciembre de 2012, el Conadeh conoció numerosas amenazas efectivas contra las libertades de expresión y de información en Honduras. Para el Conadeh, el ejercicio del periodismo se ha convertido en una profesión de alto riesgo en ese país.
 
En 35 meses de gestión del actual gobierno, al menos 27 comunicadores sociales fueron asesinados, cifra que representa 79% del total de homicidios registrados contra periodistas desde 2003.
 
De las 27 muertes denunciadas, sólo en un caso hubo condena al responsable. Los victimarios de los 26 restantes quedaron en la impunidad, señaló el reporte.
 
El informe revela que en esos 35 meses, 8 de los 18 departamentos, o provincias, en que se divide el país se han convertido en no seguros para el periodismo. En la geografía de la inseguridad para la gente de prensa, el departamento Francisco Morazán, que cobija a Tegucigalpa, reporta 10 asesinatos de periodistas y comunicadores sociales, Cortés 6; Atlántida 2; Olancho 2; El Paraíso 2; Colón 2, Yoro 1; y Lempira 1.
 
A los 27 asesinatos, el informa suma diversos atentados, entre otros, la expropiación gubernamental del Canal 8, la suspensión de la carta de nacionalidad al columnista Federico Álvarez (de origen costarricense), mientras otros periodistas abandonaron el país para salvaguardar sus vidas. En el período se registraron 12 atentados, de ellos 3 contra medios de comunicación, además de persecución y amenazas contra 15 comunicadores sociales.
 
La versión del informe publicada por El Heraldo asegura que en vez de promover acciones concretas para prevenir el flagelo, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, que dirige Ana Pineda, “solo exige resultados de las investigaciones”.
 
El Heraldo, que poco criticó los crímenes de la dictadura de Roberto Micheletti (2009-2010), afirmó que el Conadeh mostró preocupación ante las amenazas constantes de altas autoridades gubernamentales, encabezadas por el propio Presidente de la República, contra medios de comunicación.
 
“Lamentamos profundamente los ataques provenientes desde el poder contra periodistas y medios de comunicación, pese a que el Estado a través de sus autoridades tienen la obligación y el deber de garantizar el pleno ejercicio de la libertad de pensamiento y de expresión como un derecho humano”, dijo el informe de Custodio.
 
Según El Heraldo, “el Conadeh alegó que ningún gobierno, en su sano juicio, debe castigar la función investigadora y de denuncia de los medios de comunicación, como lo pretenden las actuales autoridades gubernamentales”.
 
Las inéditas críticas de los grandes medios de Honduras a la política mediática de Porfirio Lobo tienen como blanco la resistida idea de legislar una reforma a la Ley de Telecomunicaciones que, según El Heraldo, contemplaría expropiaciones y “comisiones de censura”.
 
El telón de fondo de la campaña mediática es la Reforma a la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones, cuyos lineamientos dio a conocer el 18 de marzo la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana A. Pineda H., en una conferencia de prensa ofrecida junto a una  Comisión de Facilitación integrada por miembros de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos, C- Libre, organizaciones de la sociedad civil y representantes de medios de comunicación social.
 

 Pineda manifestó su propósito de informar a la comunidad nacional e internacional sobre el proceso y alcances de la  propuesta de reformas a la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones, que contaron con el concurso de diversos sectores de la sociedad hondureña y medios de comunicación.
 
La ministra dijo que las reformas a  la Ley nacieron de una propuesta trabajada originalmente por Conatel, pero más tarde contaron con los aportes del  Comité por la Libre Expresión (C-Libre), que entregó una propuesta propia trabajada con expertos nacionales y extranjeros para impulsar la aprobación de una nueva Ley de Comunicaciones.
 
La propuesta “Hacia una nueva ley de comunicación en Honduras” fue elaborada en octubre 2012 y entregada al Poder Ejecutivo por el C-Libre, integrado por periodistas y miembros de la sociedad civil, que promueven y defienden la libertad de expresión y el derecho a la información en Honduras (1).
 
La prensa hondureña reaccionó al unísono en cuanto oyó hablar de esta propuesta, alegando que establece un censor para controlar las publicaciones o emisiones de periódicos, radios y televisión. La “censura” en ciernes radicaría en la creación de un Consejo Nacional de Ética en la Comunicación, que vigilaría la programación de los medios públicos, privados y comunitarios para que “se ajusten a las reglas de la moral y las buenas costumbres”.
 
El consejo estará integrado por 16 miembros, incluidos representantes del Estado (Poder Ejecutivo), de las organizaciones de la sociedad civil, Asociación Nacional de Padres de Familia, facultades de Periodismo de las universidades, evangélicos, campesinos, y otros sectores.
 
La campaña de El Heraldo y otros grandes medios compara esta propuesta con la poco conocida Ley “Resorte” de Venezuela (Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión), aprobada por la Asamblea y en plena vigencia desde marzo 2005. Enseguida se identificó “la mano invisible de Hugo Chávez” como inspiración de la iniciativa. Pero ignoraron las reformas constitucionales y legales en la misma dirección aprobadas recientemente por otros países de la región, como Argentina, Bolivia y Ecuador.
 
El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) expresó su desacuerdo por no estar incorporado a ese consejo. “Nos oponemos a que no nos tomen en cuenta, no creo en ese comité. Y si hay intenciones de crearse, el CPH debería formar parte. Somos el único ente regulador del periodismo en Honduras”, dijo Juan Ramón Mairena, presidente nacional del CPH.
 
La polémica que viene promete ser tan ardiente como la registrada en Argentina (que los medios reducen a un enfrentamiento Cristina-Grupo Clarín), Ecuador, Venezuela o Bolivia. En breves horas sacarán la voz la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), El País de España, El Mercurio de Chile y afines.
(Continuará).
 
 
Referencias
1)      http://clibrehonduras.com/main/sites/default/files/PROPUESTA%20DE%20LEY%20DE%20COMUNICACIONES%20CV.pdf
 
Fuentes:
 
http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/27-periodistas-asesinados-en-gestion-Lobo-Sosa
 
http://www.laprensa.hn/Secciones-Principales/Honduras/Apertura/Amenazan-con-censura-y-expropiacion-a-medios-en-Honduras#.UUnFKxcreuI