[resumen.cl] Este día lunes, la Corte Suprema falló en contra del Banco BCI y lo condenó por prácticas antisindicales, por hechos que se remontan a la huelga del año 2016 y que denunció el Sindicato nº1 del Banco BCI por medio de una grabación de una conversación entre un ejecutivo y trabajadores descolgados de la huelga.
La institución financiera recurrió a la Suprema para anular la prueba en que se basaban las acusaciones por prácticas antisindicales por considerarlas del ámbito privado: una conversación grabada entre un Gerente del departamento de recursos humanos y trabajadores descolgados del proceso de huelga, en donde el Sr. Luis Valdés, Ejecutivo Asistente de Relaciones Laborales, les señala "que si lo consideran pertinente pueden censurar a la directiva sindical, reclamar las multas sindicales, que fueron mal asesorados por la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Call Center-Fetracall, que hubo engaños en la huelga y su votación, y en definitiva desprestigiando y dividiendo a la organización frente a sus afiliados" -señala la denuncia. El sindicato afirmó que tras dichas reuniones 25 trabajadores renunciaron a la organización.
En conversación con Resumen, Carolina Guerra, Presidenta del Sindicato nº1 del Banco BCI, se manifiesta muy positiva frente al fallo, porque este tipo de prácticas siempre se mantienen a puertas cerradas en las empresas y la sentencia permite sacarlas a la luz pública y a tribunales “Era un problema denunciar que estaban ocurriendo problemas dentro de la empresa, a propósito de un hostigamiento constante y un amedrentamiento que generan las gerencias en general, no solamente hablando por BCI […] es una práctica habitual esto de las charlas, o que los supervisores sugieran cosas” afirma.
El dictamen del máximo tribunal del país sienta precedentes para que otros sindicatos. que también son vulnerados constantemente en su labor de defensa de derechos laborales, puedan recurrir al poder judicial contra las empresas que vulneren de esta forma los derechos de los trabajadores.
El origen de la demanda
El año 2016 el Sindicato nº1 de BCI enfrentó un proceso de huelga que duró 58 días. En el camino, varios trabajadores se fueron descolgando del proceso por verse intimidados o acosados por la falta de dinero, lo que es habitual en este tipo de acciones. Sin embargo, cuando se da el descuelgue, la dirigenta narra que se produjeron una serie de irregularidades: “Al entrar a la empresa, no solamente se les hizo firmar una carta en donde ellos renuncian a todos los beneficios individuales -o sea, comprenderás que eso ya era grave- además se les empieza a hacer unas charlas donde se les dice a la gente que no se salga del sindicato, sino que se pongan en contra nuestra con la intención de que nos censuraran”
Sobre la acción judicial del Banco para evitar el fallo en contra, que consistía en tratar de anular la prueba presentada por el sindicato -una grabación de las palabras del ejecutivo- la dirigente indica que se trató de enfocar antojadizamente a la grabación, sin discutir el contenido de la misma: las prácticas antisindicales. Y lo que agravaría más el asunto, es que la persona acusada en este juicio por ser el ejecutor de las prácticas, aún está en su cargo. “ellos no pueden aceptar que sean una empresa que acepta la sindicalización cuando genera estas charlas […] para realizar estas charlas necesitas de una autorización mayor, no es que entre comillas “él se mandó las partes”, hay una orden directa de arriba porque hubo que desconectar a personas que estaban en el área de ventas” explica Guerra.
Para la organización, que el Ejecutivo protagonista de los hechos siga en su cargo, significa que tiene un aval por parte de la empresa, pues además trabaja en el área de relaciones laborales.
Más denuncias
“El primer juicio que ganamos, previo a la huelga, corresponde a otras charlas que hicieron donde les decían a la gente que iban a perder beneficios” relata Carolina. Lo que indica que las charlas antisindicales serían una práctica reiterada y pese ha que han sido sancionados, las continúan realizando.
Por este hecho, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó una multa contra BCI. El fallo del tribunal de alzada sostuvo que la entidad bancaria tenía una política de empresa que era transmitida a través de las jefaturas, que atenta contra la libertad sindical. La empresa capacitó a las jefaturas directas a través de un documento denominado “Guía de relaciones laborales para líderes” que tenía un alto contenido antisindical, lo que significó que el sindicato, antes del comienzo de la negociación colectiva del año 2016, perdiera 150 socios.
Por este motivo el Banco BCI debió cancelar la multa de 100 UTM al SENCE.
Luego de eso se produjo la huelga, donde la empresa también fue condenada por reemplazos ilegales. Y tras ello, las represión.
La dirigente sindical explica que como represalias a la movilización del año 2016, muchos trabajadores debieron salir de un clima laboral que no permitía su normal desempeño en el banco. Explica que “al día de hoy, de los descolgados se han ido solamente 2 trabajadores. De la gente sindicalizada nos han sacado más o menos la mitad.” Estas personas tuvieron que negociar su salida, “producto del acoso y el hostigamiento constante, porque no resisten el estrés.” fustiga Carolina.
Es decir, el lema parece ser no te despido, pero te hostigo hasta que te vayas.
Dentro de estas mismas prácticas el sindicato ha acusado a la empresa por otro trato discriminatorio a los sindicalizados en beneficios que entrega al interior de la entidad bancaria. Ejemplo de ello sería la entrega de la flexibilidad del bono anual, un monto que se entrega tres veces en el año y que el resto de los trabajadores puede pedir de a poco durante el año. Sin embargo, los sindicalizados, solo por pertenecer a la organización, pueden recibirlos solo en tres fechas fijas durante el año -febrero, septiembre y diciembre-. Además “la empresa se niega a devolvernos días de permisos y eso nos lo quito a todo el sindicato y el resto de los trabajadores lo tiene” señala.
Por estos motivos el sindicato nuevamente llevó a la empresa a tribunales, en un proceso recién abierto.