El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, rompió una regla tácita que habían mantenido los titulares de esa cartera desde hace más de veinte años. Durante una cena con los dueños y gerentes del gran retail , lanzó uno de los discursos más políticos emitidos desde el gobierno durante los últimos meses. Larraín se sacaba la careta de tecnócrata que mantuvieron durante décadas los encargados de Hacienda, para mostrar al neoliberalismo tal cual es: la mayor ideología de la contemporaneidad.

El titular de Hacienda desplegó una clásica arenga política basada en el terror económico y social, algo no ausente en la política chilena durante esta larga transición, como tampoco en el debate partidario del siglo pasado. Las palabras de Felipe Larraín Bascuñán se parecen a las de un joven Andrés Zaldívar Larraín agitando el cuco de la Unidad Popular cuando llevaba las finanzas del gobierno de Frei Montalva, y no a las de sus colegas de las dos décadas pasadas. En la actualidad, la campaña del terror está dirigida hacia un eventual gobierno de la oposición influido por las demandas ciudadanas.

No es que un eventual futuro gobierno de la Concertación -alianza híbrida de neoliberales y comunistas-, pueda compararse con el gobierno de Salvador Allende. Pero la retórica política es muy útil, en especial en tiempos de elecciones. El discurso de Larraín no fue un exabrupto sino una idea bien ilada y reiterada ante otras audiencias a través de una serie de entrevistas. Es probable que articule una línea argumental cuyo horizonte no se extienda más allá de noviembre. Pero también es posible que encierre una verdad de mayor profundidad y alcances: el temor de la derecha política y económica a una inundación de los futuros gobernantes con ideas y demandas de las organizaciones sociales.

No hay que olvidar una cosa esencial: la derecha y la clase empresarial se sienten propietarias del modelo económico chileno, que tantos beneficios les ha entregado. Tienen su paternidad desde el mismo golpe de Estado hasta la refundación capitalista de los años setenta y ochenta del siglo pasado. El modelo tiene su sello, que se extiende a la institucionalidad económica y política. El Estado chileno actual es una creación de la dictadura para beneficio y goce de sus propietarios. Una estructura que, sin embargo, desde hace unos años se está fracturando, tanto por fatiga propia del material como, principalmente, por fuerzas que vienen desde fuera. Esto es lo que ha observado Larraín, visión que ha estimulado la articulación de este nuevo argumento de la derecha.

La Alianza acusa a la Concertación de haber integrado al Partido Comunista. Pero esta denuncia es elaborada hacia los votantes del centro, por lo que es simple retórica electoral. El verdadero temor de la derecha es que en un eventual nuevo gobierno de Michelle Bachelet, esta vez las cosas no sean iguales que durante el periodo 1990-2010, cuando la coalición concertacionista administró ordenadamente el modelo instalado por la derecha.

¿FIN DE LOS CONSENSOS?

Larraín habla por el gobierno, pero principalmente por la clase empresarial que representa. Y es allí donde surge la verdadera inquietud, como quedó de manifiesto hace casi un mes cuando el Centro de Estudios Públicos (CEP), que preside el multimillonario Eliodoro Matte Ossa, le pidió la renuncia a Arturo Fontaine, quien había dirigido el centro por más de 31 años. El motivo, la percepción de un cambio en las políticas de consenso que marcaron la transición chilena por más de veinte años. El modelo neoliberal -parece haber percibido este centro de estudios-, ya no será más un espacio compartido y elogiado por ambas caras del binominal, sino un modelo que habrá que defender con múltiples herramientas, la ideológica y comunicacional entre ellas. El CEP, ya se ha dicho, mutaría, bajo la dirección del ex ministro de Educación Harald Beyer a partir de marzo del 2014, a un organismo de trinchera al estilo del Instituto Libertad y Desarrollo, con un evidente sesgo ultraderechista.

Las demandas de una educación gratuita de calidad, el fin del sistema de AFP de cotización individual, así como otras exigencias levantadas por la sociedad civil tales como la recuperación de los recursos naturales en manos de corporaciones privadas, una revisión de las políticas energéticas, una profunda reforma tributaria y la convocatoria a un plebiscito que conduzca a la instalación de una Asamblea Constituyente para la redacción de una nueva Constitución, son aspectos que provocarán un cambio radical en las próximas elecciones presidenciales en relación con todas las anteriores. En pocos años, la cartografía social de Chile ha cambiado lo suficiente como para influir en el acotado y cristalizado espacio político.

Las movilizaciones, las organizaciones ciudadanas y laborales integradas en redes son una realidad que la clase política ya no puede ignorar. Las políticas oblicuas y engañosas, como las que llevó a cabo la Concertación y el actual gobierno, sólo han servido para huir hacia delante, mientras los problemas crecen día a día. Se trata de una estrategia que sólo ha atendido a sus efectos, a la satisfacción de demandas puntuales, en tanto la ciudadanía exige hoy soluciones a las causas. Una bola de nieve que de no atenderse, amenaza con estrellarse violentamente.

La derecha económica y política parece hacer este diagnóstico. Allí están las declaraciones de Felipe Larraín y de los precandidatos presidenciales de la Alianza, de ministros del gobierno y de dirigentes de partidos de derecha. Hay evidentes alertas, más estimuladas por el nuevo clima social y político que por un claro programa gubernamental. Pero es también un hecho innegable que la oposición, con la mirada puesta en las elecciones de noviembre, ha recogido demandas de la ciudadanía que hace poco ignoraba. Las menciones a educación gratuita y de calidad, o de una nueva Constitución, son realidades que expresan este cambio en el escenario político.

LA ECONOMIA, DE MAS A MENOS

Hay también otra variable, que tal vez escorará todas las decisiones en un futuro muy cercano. Al nuevo clima político y social habrá que sumarle un nuevo espacio económico, bastante menos dinámico que el presente. Larraín, en una posterior entrevista, precisó sus afirmaciones que calificó de “técnicas” y absolutamente alejadas de la política. Hay una desaceleración en la economía, reiteró, la que está relacionada con el temor de los empresarios a invertir, miedo que les surge cuando escuchan las propuestas económicas de la oposición. Así tenemos que la formación bruta de capital fijo ha caído desde un 18 por ciento el año pasado, a un 9,6 por ciento este primer trimestre de 2013. Una desaceleración similar ocurre con la inversión extranjera, lo que lo lleva a concluir que todas las cifras duras revelan disminución. Larraín dice que tiene información confidencial de empresarios asustados que han frenado proyectos de inversión. En suma, explicó a La Tercera cuál es el triángulo del terror, formado por una Asamblea Constituyente, una AFP estatal y un paquetazo tributario de nueve mil millones de dólares. “El tema de la Asamblea Constituyente es una preocupación muy, muy central, porque implica cambiar la institucionalidad del país; y el tema tributario también”.

Hay cifras del Banco Central que avalan la desaceleración, la que no es un fenómeno exclusivo chileno ni tampoco tiene una relación directa con el terror empresarial al que alude Larraín. El empeoramiento de la economía es un hecho objetivo que tiene un origen previo al discurso opositor. El Banco Central ha cambiado sus percepciones de la realidad económica desde marzo pasado, cuando entregó su informe de política monetaria en la cual hacía importantes referencia a la plena actividad de la economía nacional. El problema entonces era más un recalentamentamiento de la economía que los riesgos esgrimidos por Larraín. Pero en abril y mayo, el discurso de esta entidad cambió radicalmente, influido, entre otros aspectos, por la caída en el precio del cobre. En documentos de abril y mayo pasado, la entidad económica se refirió a la caída del precio de los metales, a la restricción en los créditos y a “la desaceleración de la actividad y de la demanda interna”.

De acuerdo al Banco Central, al mismo Larraín y a otros observadores, está claro que viene un escenario futuro de alta complejidad. Porque si el malestar social estalló en tiempos de alto crecimiento económico y bajo desempleo, en tiempos de decrecimiento y mayor cesantía tenderá a incrementarse. La economía chilena, hasta el momento apoyada en la demanda interna y los créditos a destajo, está dando claras señales de agotamiento, que tenderá a profundizarse en los próximos meses. Se sabe de sobra que las empresas tienden a reducir costos con despidos y reducciones salariales, prácticas que hoy, con una ciudadanía activa y conectada, serán chispas que derivarán en grandes llamaradas sociales. El modelo chileno, desfondado por abajo, por el lado de los consumidores y trabajadores, no está hoy preparado para enfrentar tales eventos.

INCOGNITAS DEL FUTURO

Nadie sabe con claridad qué políticas pondrá en marcha un probable próximo gobierno de Michelle Bachelet. Es posible pensar que la tradicional relación de la Concertación con los poderes económicos y las grandes corporaciones le impidan canalizar las demandas de la ciudadanía, como fue la experiencia de veinte años. Pero también es viable afirmar que Bachelet se enfrentará a un país distinto, desencantado con las políticas de estas dos últimos décadas y con el poder de plantarse en las calles para exigir sus demandas. De una u otra manera, tendrá que hacerse cargo de este clamor.

Con el paso de los días la fractura del modelo se hace cada vez más evidente. Porque la instalación neoliberal, que ha sido la privatización con fines de lucro de todas las áreas humanas, exhibe sus errores en todas sus esquinas. Ya no podemos hablar sólo de la educación, pueblos originarios, previsión, abusos financieros y empresariales o atentados ambientales. Las carencias se extienden a todos los espacios en los cuales las grandes corporaciones han hallado lugar para lucrar, tales como hoy ocurre con la salud y muy próximamente, con la vivienda. Tras el auge crediticio y la burbuja inmobiliaria veremos protestas contra la banca, como las que suceden actualmente en España y Grecia.

El problema no está acotado a uno u otro sector. Es sistémico. Hace unas semanas un grupo de enfurecidos chilotes de Quellón protestaron con cortes de rutas por la mala atención de la salud pública. A raíz de la muerte de una persona por un mal diagnóstico salieron nuevamente a luz las precarias condiciones en que opera el sistema estatal. Porque pese a los grandilocuentes anuncios, la salud pública chilena se ha subdesarrollado bajo políticas que no interfieran con el sistema privado de salud. Pese a todos esos cambios, la salud pública no debe ser nunca una competencia que amenace el lucro del sistema privado.

Quellón es sólo un espacio más de malestar y conciencia entre millares. Porque a este rincón se suman Freirina, Huasco, Aysén, Magallanes, Calama, los mineros, bancarios, empleados del retail y portuarios y millones de trabajadores y estudiantes. Lo que hace un tiempo fueron demandas aisladas hoy están armonizadas, como ocurre por ejemplo con el clamor de millones por un cambio al sistema de previsión privado, sistema que ha fracasado en la entrega de pensiones dignas a los trabajadores.

El deterioro del modelo neoliberal ingresará en una nueva etapa, impulsada por la ciudadanía, por el freno en la actividad económica y tal vez por los temores de Larraín, que tienen su verdadero origen no en la Concertación, sino en las organizaciones sociales y en el inicio de una recomposición de las fuerzas de Izquierda, ausentes durante décadas en el debate público. Podemos decir que es éste el lugar, calificado por las elites como la calle, desde donde surge el verdadero discurso que llena hoy el espacio político y que hace temblar a la derecha y el establishment neoliberal.

Publicado en “Punto Final”, edición Nº 783, 14 de junio, 2013

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