Por Alejandro Baeza
El título de esta columna es una afirmación en sí mismo. Estamos viviendo una operación mediático-judicial. Una clásica maniobra -de manual- en la historia reciente de América Latina cuando se busca despejar del camino a una figura política: el lawfare.
El lawfare, guerra jurídica, instrumentalización de la Justicia, judicialización de la política o acoso judicial, es la utilización abusiva de instancias judiciales, manteniendo una apariencia de legalidad, para inhabilitar o provocar el repudio popular contra una figura política, según la simple definición de Wikipedia.
Ejemplos de esto tenemos por montones en nuestro continente durante los últimos 10 años. Los casos más “llamativos” pueden ser la condena contra el expresidente Rafael Correa por influir psíquicamente (literal) en funcionarios del Estado para aceptar coimas, proceso que lo tiene inhabilitado de ocupar cargos públicos en Ecuador; o también lo que ocurrió con la maniobra contra Lula da Silva en Brasil, condenado a cárcel en un corrupto juicio por supuestamente aceptar un departamento que nunca se dio por enterado, en un proceso en dirigido por un juez que despejó el camino para el triunfo de Bolsonaro y que fue premiado siendo nombrado ministro de Justicia de ese gobierno y que actualmente ejerce como senador de un partido de ultraderecha. Demostraciones de que cuando la clase dominante quiere ejercer su poder en el Estado, lo hace. Sin importar si esto tiene base o no. Para eso tiene la capacidad de hacerlo y tiene medios de comunicación para justificarlo.
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La misma estrategia se está usando ahora contra el alcalde de Recoleta. Pero no es sólo contra Jadue donde apuntan los dardos, sino que con el ventilador de los medios del poder prendido en máxima potencia, lo que se trata también es de un esfuerzo ingente y poco sutil de enlodar el concepto de las farmacias populares y así a cualquier iniciativa de gestión pública en la administración de bienes de primera necesidad por fuera de la esfera del mercado, paradójicamente, en un área de comprobada colusión empresarial para subir los precios de los medicamentos y enriquecerse a costa de la vida de la gente más pobre.
Están buscando castigar cualquier tipo de iniciativa política que ponga en duda el régimen de tiranía del mercado, pues la idea de las farmacias populares destapó un modelo de gestión pública para ser partícipe de la prestación de bienes y servicios sin fines de lucro. He ahí el ensañamiento de los medios de los grandes grupos económicos contra las farmacias populares.
Una medida que permitió que personas que tenían, vaya, la necesidad de vivir, pudieran acceder a productos pese a no contar con el privilegio económico de alcanzar aquella construcción mental ideologizada que sería un mercado libre, coludido en precios, pero “libre”, y que se repitió en 194 comunas de Chile.
La idea surgió de un representante de un partido político de profesionales de clase media y media alta, pero que se autopercibe como popular y de izquierda, parte de un gobierno de administración y continuismo del régimen postdictatorial, inocuo ante los que se creen dueños de Chile, pero al que de todas formas le tienen pánico. Las élites del poder le tienen pavor a Jadue, como lo demostraron en 2021 y como lo están demostrando ahora con esta jugada.
El poder está usando sus medios para intentar instalar la idea que el alcalde está siendo procesado por corrupción, con notas de televisión con música tremendista, juicios morales de animadores de matinal que no entienden mucho el caso, titulares insidiosos y todo tipo de contenido sesgado para direccionar a priori la opinión de la población (Uno de los más beligerantes es Mega, que repite la fórmula televisiva de cuando fue parte del montaje mediático del “Caso Bombas”).
No obstante -de manera muy resumida- se trata de una demanda de un proveedor contra la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (ACHIFARP), que agrupaba a municipalidades de todo el espectro de los partidos políticos que compraban medicamentos e insumos médicos al por mayor, por el no pago de proveedores a raíz de la deuda de 63 municipios, más la imputación de otros eventuales delitos de cohecho y otro de fraude al fisco por la compra de un medicamento cubano (no autorizado por el ISP para su venta en Chile) para el tratamiento contra el Covid en medio de la pandemia, esto para estudios de sus resultados junto a la Universidad de Concepción.
Esto según los antecedentes preliminares, pues los antecedentes concretos se conocerán recién el día de la formalización. Eso sí, hay que decir que desde la ACHIFARP le hicieron el trabajo más fácil Fiscalía y a quienes quisieran cuestionarla, por ejemplo, por el hecho de no contar con un sistema contable.
¿Y entonces por qué hablar de una operación? Precisamente porque durante los últimos años desde el Ministerio Público se han ido filtrando estos antecedentes a un medio de comunicación del duopolio de la prensa escrita que sobrevive sólo por dineros públicos de avisaje estatal: La Tercera, el diario que ha liderado todo este tiempo las acusaciones contra Jadue y que incluso le asignó, usando un concepto futbolístico, una periodista como una marca personal al excandidato presidencial y alcalde de Recoleta. Es desde La Tercera donde se han colgado todos los demás medios del poder para sumarse a la operación, televisivos, radiales y escritos.
El lawfare es una táctica que afecta directamente a la soberanía popular y a la democracia.porque elimina opciones de elección libre a la población. Es por eso que se utiliza siempre en contra de quienes podrían disputar un poder hegemónico o desestabilizar el statu quo. Ya pagó caro Brasil las maniobras para favorecer a Bolsonaro, esperemos por el bien de nuestro país que esta mafiosa práctica no se instale en Chile.
