Por Ricardo Hernández Ruiz / Rebelion.org

Oaxaca es un estado que recibe grandes cantidades de inversión privada para el desarrollo de proyectos de generación energética, pero más de la mitad de su población carece de servicios básicos en su hogar. Es uno de los tres estados con mayores índices de pobreza en el país (67% de su población la sufre), a pesar del aumento gradual y constante al gasto público que año con año se le asignan a los 71 (ineficientes y corporativistas) programas gubernamentales enfocadas a la erradicación de la misma. Es una entidad que, desde hace un par de años, se le ha querido imponer con calza una reforma que se trasviste como educativa y que se embellece con una retórica progresista, cuando en realidad en ella se dejan ver indicios de autoritarismo, discriminación, antidemocracia y antipedagogía y que, además, propicia la inequidad. Ante lo anterior, el magisterio disidente encabeza nuevamente una digna lucha en la región, que se ha extendido a otras latitudes nacionales en las últimas semanas y que tiene por objeto la derogación de la misma.

Como vemos, la problemática de Oaxaca es multidimensional, por ello este artículo pretende exponer algunas pistas que nos ayuden a situar mejor las coordenadas del conflicto magisterial: una suerte de estado de las cosas que en varios de los análisis recientes se ha dejado de lado y que, al retomarlas, nos darán un motivo más por el cual acompañar la lucha que abanderan los docentes.

Proyectos energéticos

En mayo de 2015 se publicó la Ley General de Cambio Climático. Dicha ley estipula que para 2024 México producirá por lo menos el 35% de su energía eléctrica total con “energías limpias”, y el 40% de ellas se generará en parques eólicos. De esta manera, se anunciaba una jugosa oportunidad de inversión y ganancias para empresas como Iberdrola, Fenosa, Gamesa energía, EDF Energies Nouvelles y Vesta, las cuales ya operan proyectos eólicos en Oaxaca. Estas empresas pagan cantidades irrisorias por la renta de la tierra –casi un cuarto del precio del promedio a nivel internacional– y, además, generaron diversos conflictos ambientales y sociales tras su construcción. Así, con 24 proyectos eólicos en operación y tres más en construcción, Oaxaca ya produce el 82% de energía eólica del país; no obstante, el 60.5% de sus habitantes carece de servicios básicos en su hogar, tales como el eléctrico.

Breve numeralia laboral y relación proyectos energéticos-desigualdad

En lo que se refiere al ámbito laboral en el estado sureño del país, las cifras son escalofriantes: existen 1,679 trabajadores que ganan un salario mensual insuficiente para cubrir el costo de la canasta básica, y otros 2,746 con un ingreso inferior a la línea de bienestar. Ahora bien, aunque Organismos Internacionales otorguen índices aparentemente positivos a ciertas regiones, esto no necesariamente se traduce en un bienestar generalizado. Por ejemplo, el Índice de Desarrollo Humano de los Valles Centrales es “alto”, y en el Istmo de Tehuantepec “muy alto”. Ambas regiones contrastan con la Región de la Cañada (con 70% de pobreza extrema) y con un IDH “bajo”, pero –y aquí viene el engaño– si revisamos los datos en números absolutos encontramos que de las ocho regiones estatales, las primeras son las que cuentan con más personas en condición de pobreza.

Esto último puede parecer un tanto confuso si no se contempla el embrión Inversión Privada-Estado. Por ejemplo, Salina Cruz concentra la mayor cantidad de inversión y producción de energía, cuenta con una de las Refinerías de mayor importancia para el país y tiene un relativo bajo porcentaje de pobreza extrema; esta condición contrasta con otros municipios de la misma región, como puede ser el municipio de San Mateo del Mar, donde el 84% de la población no cuenta con una vivienda digna y 78% no tiene acceso a servicios. La brecha se debe a que en el primero, el Estado dota de todos los servicios necesarios para que la industria energética opere, sin que los servicios estén enfocados para satisfacer las necesidades de su población; mientras que en el segundo –asegura el Estado– no es necesario invertir, pues ahí –aseveran los empresarios– sólo vive (en condiciones infrahumanas) la mano de obra barata que labora en sus empresas, y que no les es atractivo, en tanto que no hay recursos naturales explotables. De lo anterior se deduce que la IP agudiza las desigualdades, lo cual, de paso, nos hace dudar de los índices que elaboran Organismos Internacionales.

Educación

Siguiendo la lógica previa podemos cuestionarnos también cómo es que puede considerársele de un “alto” índice de desarrollo humano a regiones de un estado con un rezago educativo del 27.2% (2014). O a municipios que van del 27.3 en Juchitán, al 40.1 en San Mateo del Mar, donde 4 de cada 10 personas son analfabetas. El rezago educativo, aclaramos, representa la cantidad de personas que no han acabado el nivel primario ni secundario –por cierto, de carácter constitucionalmente obligatorio en México, o en otras palabras, porcentajes que evidencian un Estado que ha incumplido con la supuesta obligación de garantizar la educación de casi un tercio de los oaxaqueños–.

Es en este contexto en el cual se vive la lucha en contra de la Reforma Educativa; un contexto donde la marginación desborda los límites imaginables, que a su vez son motivos de protesta, lucha y resistencia. Bastaría revisar la rebelión popular que significó la APPO en 2006 y cómo, a la par de las protestas en contra de los megaproyectos, ha decantado una larga tradición y experiencia de lucha, difícil de encontrar en otras geografías. No es casual que los municipios que opusieron resistencia en las últimas semanas sean de las regiones de Valles Centrales e Istmo, plagados de proyectos eólicos y mineros (407 concesiones). Por ello tampoco es extraño que mientras se movilizan suenen consignas en contra de estos proyectos de muerte: consignas que muestran, como no se había visto antes, una apertura por parte del magisterio a reivindicaciones de sectores en lucha diferentes al sector educativo; porque –como lo han declarado recientemente– esto ha dejado de ser una lucha exclusiva de los docentes, para ser una lucha popular y, por tanto, saludan y abrazan la lucha en contra de la privatización de la salud, en contra de los megaproyectos y del Estado capitalista en su conjunto. Porque sigue siendo el Estado.

¿Por qué protestan en contra de la Reforma Educativa?

Como ya todos sabemos, en septiembre de 2013 se promulgó la reforma a la Ley General de Educación, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente, englobadas en lo que se ha conocido como Reforma Educativa. Ésta se ha rechazado por ser:

-Antipedagógica : En tanto que no hay ápice alguno que denote un plan para el mejoramiento de procesos de enseñanza-aprendizaje.

-Administrativa: Su fin último es encargarse de los organismos que gestionan el ingreso, promoción y despido de los trabajadores de la educación.

-Punitiva: Pues castiga con despido a quienes no presenten o aprueben los exámenes de evaluación, los cuales no elaboraron organismos especializados, intelectuales capacitados ni mucho menos docentes, sino una empresa coludida con Televisa (Mexicanos Primero) y efectuada por otra empresa que nada tiene que ver con procesos educativos, y sí mucho con el negocio de los exámenes de admisión, como lo es el CONEVAL.

-Deja indefensos a los maestros: Puesto que la nueva Ley deja fuera a Tribunales de Conciliación y Arbitraje, es decir, ya nadie podrá proteger a los docentes que sean injustamente despedidos.

-Legalmente contradictoria: Pues aunque en el artículo 3° Constitucional diga que la educación debe ser gratuita y en el 6° de la Ley General de Educación mencione que el Ejecutivo y los gobiernos estatales sean los responsables de cubrir el financiamiento de la educación pública, con la reforma al Artículo 73 se estipula la autonomía de la gestión de las escuelas ante los órdenes de gobierno en lo que corresponde a la infraestructura, materiales y servicios, es decir, esos gastos recaerán en los padres, madres de familia y maestros.

-Regresiva: Echa por tierra derechos sociales otrora conquistados con movilizaciones sociales.

-Privatizadora: Libros de texto y uniformes se cobrarán, así como los cursos de capacitación obligatorios para quienes no acrediten la prueba; que impartirán escuelas privadas como el ITESM. Pero lo que realmente asusta es el tema de los Certificados de Infraestructura Educativa Nacional. La SEP ya tiene disponible los $8 mil millones en certificados emanados por el gobierno federal, previamente colocados en forma de “títulos” en la Bolsa Mexicana de Valores, para “contratar” instituciones privadas con el objetivo de mejorar de infraestructura de 33 mil escuelas, de un total de 205,931 de educación básica que hay en el país (de las cuales, dicho sea de paso, 42.2% carecen de drenaje, 11% de sanitarios y 9.6% de energía eléctrica). Los intermediarios en las operaciones serán los bancos BBVA Bancomer, Bank of America y Merrill Lynch. Sin duda, esta es una buena noticia para los privados como ICA-Casaflex, empresa que lucra haciendo salones de escuela pre-fabricadas –imitando el diseño de las mini casas Geo– y que ya busca invertir en 200 escuelas públicas.

-Autoritaria: Además de lo ya mencionado, el art. 73 faculta al Congreso para regular los términos de ingreso, promoción y permanencia del personal docente. Sumado a esto, la Reforma no pretende que el Estado retome las riendas de la educación, sino que (re)tome las riendas del corporativismo que le aseguró por décadas las elecciones. Ya sin Elba Esther pudo controlar de manera más vertical al SNTE y ahora va por el total control de la CNTE.

-Antidemocrática: Como producto de un pacto entre élites grupusculares, devenido del Pacto por México, se cerró las puertas del diseño de la Reforma a maestros, especialistas, alumnos, a la sociedad toda para que se opinara, modificara y se rechazara por vías democráticas y legales. Además, estipula la facultad del nombramiento del Consejo Directivo del INEE exclusivamente al Presidente, cargo que debería ser elegido por el voto popular y no por “dedazo” como ya ocurrió al nombrar a miembros del SNTE en el puesto.

-Otra vuelta de tuerca: Más sobre lo mismo, además de las evaluaciones a los alumnos y maestros de primaria, secundaria y preparatoria; además de las evaluaciones para dar financiamiento y presupuesto, se pretende evaluar el desempeño de años de docencia con una prueba homogénea, que no distingue entre diferencias geográficas, culturales y de clase, y que no implica mejoramiento en el proceso enseñanza-aprendizaje.

-Centralizadora: La nómina se paga si y sólo si los estados de la república facilitan la lista a la federación de aquellos docentes que cumplieron los requisitos de “buen comportamiento”.

Ante esto quedan varias tareas por hacer: acompañar al magisterio y su exigencia por la derogación de la Reforma o, en su defecto, la abrogación de los artículos constitucionales 3º, 73º y los que fuesen necesarios para cambiar el carácter obligatorio de la promoción a uno voluntario; reformular asignaciones presupuestales; descentralizar la educación que parta de un diagnóstico jurídico hecho por especialistas de izquierda; además hay que apoyar las bases del magisterio para democratizar el SNTE y la CNTE. Vemos necesario una discusión nacional en torno a las implicaciones de la Reforma: creemos que esto puede lograrse con una campaña mediática, política, cultural y social que defienda la educación pública y gratuita, y que exija la renuncia del comisario de la Gendarmería, Manelich Castilla Craivioto y del comandante de la Policía Federal, Salvador Camacho Aguiire, responsables directos de la represión en Nochixtlan, Oaxaca, el pasado 19 de junio -que dejó 11 muertos, decenas de heridos y desaparecidos. También es necesaria la renuncia del Secretario de Educación Aurelio Nuño, quien defiende la Reforma. Eso sólo será posible en la medida en que le imprimamos toda nuestra energía a acompañar la lucha que actualmente abandera la CNTE. Es cierto que esta lucha contiene algunos vicios y contradicciones en su interior, pero también es muy cierto que sólo acompañando esta lucha impediremos que exterminen no ya la fuerza adversa existente, sino la posibilidad aún no realizada de la emancipación de la sociedad, de su posibilitación, potencialización y la superación positiva de estas contradicciones.

Oaxaca es un estado que lleva una década de intensa y digna lucha, un pueblo que resiste, se organiza, hace confluir; que, aunque cierta parte de la izquierda confunda la luz que irradia su lucha con la de las luciérnagas –que por temporadas echa luz intermitente en medio de la oscura noche neoliberal– o con destellos de cenizas –siempre esperanzados a arder de improvisto– nosotros optamos por no confundir la bioluminiscencia, con la luz incansable de la luna, que pacientemente espera a que forjemos un amanecer más justo.

Bibliografía consultada

Torres Salcido, Gerardo (Coord.). “Desigualdad Extrema y tendencias de desarrollo. El caso de Oaxaca, México”. EDUCA-OXFAM, México, 2016, 31 p.

Hemerografía consultada

Avispa Midia. "Mapa evidencia las zonas estratégicas de la resistencia en Oaxaca", en Avispa Midia, México, Sec. Temas, 30 de junio de 2016. Bravo, Elba. “Bonos educativos llegan a la BMV”, en Milenio. México, Sec. Negocios, 4 de diciembre de 2015.

Carrasco Araizaga, Jorge y Dávila, Patricia. “Un sangriento ‘error’ de la Gendarmería”, en Proceso, núm. 2069, 26 de junio de 2016, pp. 6-9.

Ruiz, Jonathan. “El inventor de casas Geo podría salvar a los Quintana”, en El Financiero. México, Sec. Opinión, 12 de octubre de 2015.

Ricardo Hernández Ruiz, militante de Colectivo Ratio y periodista independiente de la Gaceta "Praxis". Este es uno de los artículos publicados en Praxis no. 14 , de junio del 2016.