Observatorio del Derecho a la Comunicación: «tenemos es un ecosistema concentrado y pobre, con desiertos informativos»
En Opinión
Chile ha entrado, lamentablemente, a formar parte del listado de países con periodistas asesinados con la muerte de Francisca Sandoval, hace dos años”. Fotografia del Jardin de las Rosas de Villa Grimaldi.[/caption]
-Sin embargo, hay que señalar que hay una prensa empresarial que no le molesta este formato bajo el cual funciona el sistema.
Claro, dependiendo del sector social, las preocupaciones varían con respecto a la libertad de expresión; por ejemplo, hay sectores que genuinamente piensan o que han instalado la idea de que en Chile no hay problemas de libertad de prensa y ese negacionismo es muy preocupante porque al final invisibiliza situaciones que se tendrían que ir resolviendo. Nosotros vemos desde el Observatorio que se presentan problemas en todas las áreas y que los más graves son de violencia contra la prensa, incluyendo casos de espionaje por parte del Estado. Y si miramos cómo está distribuido el sector de los medios de comunicación lo que nos encontramos son muchos problemas de concentración de los, de poco pluralismo y de que en los mismos las élites están sobre representadas.
También hay que añadir -señala Javier García- la precariedad de los medios locales o comunitarios y la ausencia de medios de comunicación en lenguas originarias, que es un tema clave para la preservación de un lenguaje; entonces hay una serie de problemas que si no visibilizas y no haces un análisis o un diagnóstico no solo no los vas a solucionar sino que se van a ir profundizando.
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-El tema de la concentración de los medios es un problema en Chile desde comienzos del retorno de la democracia en donde pesa el factor económico. ¿Por qué no se ha logrado legislar de alguna manera, permitiendo la existencia de medios más pequeños o con alguna subvención, sin que se vea como una intervención en el mercado?. Mira yo creo que se han dado varios factores y distintas motivaciones por parte de los grandes medios que se consolidaron durante la dictadura y que no han querido perder esa situación; ellos han presionado para que no ingresaran nuevos actores. Por ejemplo, tenemos varios casos de medios expropiados durante la dictadura que, tras el retorno de la democracia, no fueron devueltos a sus legítimos propietarios. En este momento hay un caso en la Corte Interamericana en la que vamos a tener una sentencia, posiblemente condenatoria, para el Estado de Chile por el caso de la expropiación de la Radio La Voz del Sur durante el golpe de 1973 y la responsabilidad del Estado de Chile por la falta de acceso a un recurso judicial efectivo para la reparación por la confiscación de la emisora. A esta situación hay que agregar que el poder político durante la transición tampoco potenció a medios de comunicación que hicieran sobrepeso a grupos empresariales que están y mantienen una situación de privilegio en el manejo de los medios de comunicación, perpetuando esta desigualdad. Por ejemplo, las radio comunitarias tuvieron una pugna muy importante en los años 90 para que se abriera el espectro para éstas pudieran tener cabida en el dial; sin embargo, grupos de interés presionaron para que esa demanda ciudadana fuera ‘desactivada’ y se promulgó una mala ley que en el fondo marginaba a las redes comunitarias a coberturas exigidas. Claramente hubo mucha presión comercial y política, ya que las empresas de comunicación no quieren competencia económica ni que les quiten audiencia. Y esta desconfianza a ampliar espacios de comunicación también ha afectado a los partidos políticos y coaliciones de centro izquierda, porque estos medios han sido promovido por grupos independientes que no obedecen a algún control central. Entonces entre las presiones de los grupos poderosos y esta falta de apuesta por una comunicación por medios de comunicación impulsados por la ciudadanía, al final lo que tenemos es un ecosistema concentrado y pobre, debilitado con desiertos informativos y con medios que a duras penas pueden salir adelante y que en muchas ocasiones son hostigados y criminalizados. Finalmente Javier, ¿cómo afecta esto a los derechos de las personas en la comunicación, a la buena información y en su formación como ciudadanos? Mira, siempre cuando se habla de sociedades democráticas, cuando se habla de derechos humanos, se habla de que la libertad de expresión es un derecho, es una piedra angular y un derecho clave que activa otros derechos. Entonces, si tenemos problemas con la libertad de expresión, en que unos tienen más derecho y otros lo tienen menos, por supuesto que no es nada bueno para la democracia, porque claramente atenta contra el pluralismo. Tenemos una sociedad donde hay voces que no cuentan con ‘altavoces’; donde no hay espacios de diálogo que sean inclusivos y, al contrario, se va generando una agenda donde unos grupos están sobrerrepresentados en los debates y que se circunscriben a solo una serie de temáticas. Esto es una aceptación muy grave a la falta de pluralismo, ya no solo de los medios de comunicación, sino del debate público, lo que debilita no solamente al ecosistema de medios o de un sector o de los derechos humanos, sino que termina siendo una debilidad del propio sistema democrático.
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Sentencia a Daniel Labbé Daniel Labbé fue condenado por el Juzgado 8° de Garantía de Santiago, por el delito de desórdenes públicos, a una pena de 61 días de presión y la suspensión de cargo u oficio público. Por carecer de antecedentes penales, la pena de cárcel será sustituida por la de remisión condicional de un año, tiempo en que Labbé quedará con firma mensual y bajo observación y vigilancia de la Gendarmería (Policía). La decisión se tomó tras un proceso judicial de más de tres años: el 29 de enero de 2021 el periodista fue arrestado por Carabineros mientras cubría una manifestación en el centro de Santiago. En ese momento se encontraba alejado de manifestantes, portaba su equipo y credencial de prensa visible. Tras pasar la noche detenido, el periodista fue acusado por la Fiscalía- a partir del parte policial- de lanzamiento de objetos y de incitar a manifestantes a cortar la vía pública y realizar daños, así como de oponer resistencia a su detención y golpear a sus captores. Durante el juicio la defensa, Labbé presentó fotografías y videos que demostraban que la acusación era falsa y que el periodista se encontraba en el lugar desarrollando su labor informativa. No obstante, el juez condenó al periodista sobre la base de los testimonios de dos policías que afirmaron que lo vieron antes lanzando objetos, sin precisar el tipo de objetos ni el lugar exacto donde se produjeron esos hecho Según el Observatorio del Derecho a la Comunicación, existe un trato hostil por parte de funcionarios de Carabineros hacia la prensa que realiza cobertura de protestas ciudadanas. Desde 2019 han registrado un total de 418 agresiones por parte de fuerzas del orden público, de las cuales 139 han consistido en detenciones arbitrarias. Durante el año que se produjeron los hechos (2021) ODC documentó 33 detenciones arbitrarias, si bien esta es el único caso que ha terminado con una condena de esta gravedad.