Marcos Maureira y Humberto Orias son representantes de la Asociación gremial de conductores de taxis colectivos de la provincia de Concepción. La Asociación surge el año 2006, cuando deciden separarse de los gremios que representan a los dueños de línea y representantes legales, y no a los conductores, pues los dueños de línea querían la eliminación de los dígitos de restricción vehicular, para lanzar más colectivos a las calles. Ello beneficiaba a los dueños de línea que recibían más dinero, pues cada conductor paga una planilla por trabajar, pero perjudicaba a los conductores que se tenían que pelear a los clientes.

Paulatinamente han tratado de fortalecer la asociación. En noviembre de este año, junto a las otras organizaciones del país, presentaron un pliego de propuestas a la Moneda. Hasta hoy, no han recibido respuesta.

“Lamentablemente, desde noviembre a la fecha no hemos recibido respuesta concreta. Solo respuestas ambiguas y derivaciones a otros departamentos. Pero respuestas, absolutamente ninguna” sostiene Marcos Maureira.

Las demandas de los conductores se resumen en “la eliminación del impuesto específico a los combustibles, y en intertanto en que las autoridades resolvieran esto, un subsidio para poder resolver en parte el gasto del combustible. Los colectivos no tenemos ayuda de carácter estatal, a diferencia del resto de los transportes.” Históricamente esto ha sido así, “desde que hay actividad” señala Humberto Orias.

A esta demanda se agregaría, según Marcos “el reconocimiento de esta actividad como tal. Para poder optar a los beneficios que tiene el transporte hoy en día, tenemos que estar reconocidos. Esta actividad aparece en la norma legal, el decreto supremo 212, pero nada más” Los conductores se encuentran en un vacío legal y “por eso no podemos optar a los beneficios” agrega Humberto.

El problema se resume en lo siguiente. La demanda de la eliminación del impuesto específico es bastante sentida, pues quien absorbe los costos del combustible es el conductor, y no el dueño de línea. Son cerca de 1100 colectivos. “El conductor, independientemente que tenga la calidad de propietario y trabaje su auto, y el operario, que conduce el auto, pero no es dueño, deben ser considerados de forma distinta respecto del dueño de línea” afirma Marcos. “nosotros peleamos por los conductores en general, los que están en la calle” señala Humberto y se extiende “como esta actividad no está reconocida legalmente, nosotros no podemos exigir que hayan beneficios. Tenemos deberes, pero no tenemos derechos”

Los dueños de línea y los representantes legales “no tienen visión de futuro” señala Marcos. “Ellos tienen su negocio que es vender las planillas y el conductor les aporta con la cuota diaria” agrega.

Para mejorar el nivel de salario, el conductor debe trabajar más. ¿Quién exige que el trabajador este en buenas condiciones? ¿Quién fiscaliza la relación contractual entre el trabajador y el dueño de línea?.

“Es como voluntario” señala Humberto y suma a ello “el colega sale a trabajar y sabe que tiene que generar cerca de $30 mil pesos, pues se parte con eso en contra. $15 mil de bencina, $12 mil de cuota, $2 mil de planilla y $2 mil de colación. La persona está obligada a salir a trabajar y aparece como dando un servicio de utilidad pública, cuando en realidad si hizo, por ejemplo, los 30 mil a las 12, se va para la casa. El servicio se cumple porque la persona tiene la necesidad de cubrir ese costo. Por eso si ves a las 9 de la noche, casi no hay colectivos; porque la gente se va la casa para levantarse temprano al otro día para cubrir los $30 mil.”

Es el ejercicio de todos los días. No son reconocidos como trabajadores y tampoco es un empleo por cuenta propia, pues dependen del dueño de línea. “Hay una subordinación y una dependencia que está tácita”, señala Marcos. “Hay una desprotección absoluta para el conductor” agrega Humberto. Al no imponer y no tener una relación contractual, son tramo A en Fonasa, no tienen cotizaciones previsionales, seguro de cesantía, seguro contra accidentes de trabajo, no están afiliados a caja de compensación. No tienen asignación familiar ni beneficios de escolaridad en las cajas de compensación. Ni siquiera la precariedad laboral del sistema chileno los incluye. Si hay un accidente, responde el conductor.

“La informalidad se da a tales niveles, que han pretendido sostener como propuesta la famosa ley del sillón del peluquero. Ello consiste en imitar el funcionamiento de las peluquerías: si yo soy peluquero, arriendo el sillón de la peluquería al dueño del local; puedo funcionar sin tener un local.” afirma Marcos.

Pronosticando lo que vendría próximamente, los dirigentes señalan que tratan de optar por el diálogo frente a un gobierno que reprime bastante. “No podemos ir al choque” señala Humberto “en Santiago pasó, y la organización que fue al choque, los taxis colectivos de Puente Alto, quedaron aislados”.

Sin embargo, El conflicto estudiantil y Aysén demostró que la tozudez del gobierno es en el diálogo y en la represión, y que su carácter intransigente y violento es lo que más se ha observado en el conflicto, bajo la apariencia de un gobierno que dialoga. Por ello, Resumen señaló la posibilidad de unir sus demandas con otros sectores sociales del territorio, con problemáticas similares para superar el estado de las cosas. Los dirigentes nos señalaron que había mucha razón en ello, pero lamentablemente, las personas en la región parecen no querer confluir y solidarizar.

Sin embargo, las alianzas tiene que darse “con las dinámicas y realidades propias de cada zona”, señala Marcos.

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