El gobierno de Lula tomo medidas inmediatas tras el asalto de hordas bolsonaristas a los tres poderes del Estado en Brasilia, con lo que la amenaza golpista habría sido temporalmente desactivada.

Por Joaquín Pérez

Se encarceló a 1.500 extremistas, la mayor parte de origen lumpenesco, versiones cariocas de “Pancho Malo”, base social del fascismo en toda época, como ya denunciara el teórico alemán Wilhem Reich hace más de 80 años.

Se intervino el Distrito Federal de Brasilia, su jefatura política y de seguridad, todas medidas que van en el sentido correcto para enfrentar a la extrema derecha, sin embargo, todas estas medidas son insuficientes para atacar el origen de este mal y alejar así el peligro real para la democracia, no solo en Brasil, sino que en todo el continente.

La crisis, en sí misma, ya está desactivada, pero las brasas están calientes, se debe perseguir a los empresarios y terratenientes que financiaron la llegada y mantenimiento de las hordas que acamparon en Brasilia, pero fundamentalmente, se deben perseguir responsabilidades en el alto mando de las instituciones militares y policiales.

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La complacencia con los campamentos frente a los cuarteles es la prueba más cabal de lo que todo el mundo sabe en Brasil, los grados de compromiso que el generalato de las Fuerzas Armadas tiene con el extremismo de derechas. Fortalecidos en el gobierno de Bolsonaro, que nunca han sido sometidos al poder civil tras el golpe militar, ampliaron su poder y su autonomía respecto a las otras instituciones del Estado, a las cuales no dan cuenta de nada.

Sin embargo, los militares cometieron esta vez un grave error, el asalto no fue solo al edificio del poder ejecutivo, sino también al del legislativo y el judicial. Hoy, Lula tiene aliados en otros poderes del Estado para devolver el golpe, veremos en los próximos días si efectivamente el mandatario es capaz de hacer lo que nunca se ha hecho realmente en Brasil tras la dictadura, tocar los intereses de los militares y lograr subordinarlos al poder civil.

Datafolha publicó el miércoles de la semana pasada una encuesta que mostraba que el 93% de la población repudiaba los asaltos a los poderes del Estado y las acciones terroristas para impedir que asumiera Lula. Para los brasileños también ha quedado claro la ineptitud, connivencia, sabotaje, tanto del aparato de seguridad en la protección del palacio de Gobierno, como de policías, fuerzas de seguridad y la inteligencia.

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Los actos vandálicos no solo ocurrieron a vista y paciencia de la policía, sino que indudablemente contaron con su anuencia. Lula debe efectuar cambios profundos en el área de Defensa y en la cúpula militar (el Comandante del Ejército, el jefe de seguridad del Palacio y el sector de inteligencia). Si no remueve a esta gente, el Gobierno sigue siendo vulnerable, incluso la vida e integridad del propio presidente sigue estando en peligro.

Si Lula toma acciones contra la cúpula militar, sin duda habrá reacciones desde el bolsonarismo y en los propios cuarteles, pero si no las hace también las habrá. La extrema derecha neofascista no se detiene ante las vacilaciones o la cobardía de presidentes como Castillo en Perú o Boric en Chile.

El mundo entero mira a Brasil hoy, ahí está la posibilidad de poner freno a este frente neo fascista internacional que ha venido consolidándose no solo en América Latina, sino también en Europa.