A poco más de un mes de que se realice el plebiscito ratificatorio de la Nueva Constitución somos testigos de los desenfrenados ataques de aquellos sectores conservadores obsesionados con la continuidad del viejo sistema, del viejo modelo, de la perfecta armadura de dominación diseñada por la dictadura y adornada con esmero por los administradores posteriores. Pero ese viejo diseño comenzó a ser derrumbado por la población chilena el 18 de octubre de 2019 y desde entonces ha transitado un accidentado viaje hacia el cambio transformador que la propia ciudadanía impuso. Este 4 de septiembre tendrá lugar una estación más de este definitivo camino hacia la construcción de un nuevo país.
Darío Núñez
El Estallido Social no sólo fue el inicio de todo este proceso constitucional, sino que definió las cuestiones mínimas por las cuales se hacía imprescindible derribar las viejas estructuras y diseñar nuevas formas de desarrollo nacional. La explotación, el abuso, el despojo, los atropellos, las colusiones, la discriminación, la segregación, la corrupción de la casta política, la corrosión administrativa, son algunas de las lacras que provocaron el hartazgo de la población con este modelo.
La población mayoritaria, las masas trabajadoras, las personas aplastadas y sometidas por los poderosos y sus sirvientes, dijeron basta y decidieron salir a las calles, rompieron las amarras para manifestar su repudio y expresar sus exigencias de cambios. Desde ese mismo momento, los detentores del poder han intentado impedir, una y otra vez, de una y otra forma, que el pueblo pudiese expresarse e imponer sus demandas. Primero fue la brutal, desbocada y criminal represión desatada por las hordas policiales y uniformadas lanzadas por el gobierno de la derecha a contener la lucha social. Los costos para el pueblo chileno fueron y han sido enormes, pero a los poderosos solo les interesaba conservar su perversa manera de acumular riqueza y ostentar privilegios; lo mismo puede decirse de los administradores políticos y sirvientes lacayos del modelo y sus amos.
De todas maneras, el viaje hacia los cambios ya estaba decidido y el camino ya estaba trazado. La primera estación –en medio de la andanada represiva- fue el denominado acuerdo político logrado por los partidos con expresión parlamentaria para dar curso a un proceso constituyente. La forzada convocatoria a este proceso surgida del acuerdo de mediados de noviembre de 2019, fue también un primer paso o un primer logro de la movilización social iniciada a mediados de octubre; aunque haya sido un acuerdo impuesto por los mismos que estaban siendo cuestionados en las calles, aunque haya sido concebido como una forma de contener la lucha social, aunque haya estado impregnado de trampas y rebusques en pro de conservar el modelo y mantener “lo establecido”, el hecho de que los poderosos y la clase política se resignaran a abrirse a la posibilidad de cambios fue en sí mismo un cambio impuesto por la calle.
Los intentos por neutralizar las demandas de las luchas sociales se tradujeron en negar la exigencia a convocar a una efectiva Asamblea Constituyente, sustituyendo esa demanda por la convocatoria a una Convención Nacional cuya necesidad y carácter (sí hacerla o no, si Constituyente o Mixta) debiera ser resuelta en un plebiscito que se realizaría en abril de 2020. La pandemia del COVID-19 vino a imponer sus propias reglas y adosar cambios no contemplados pues el plebiscito debió postergarse para el mes de octubre.
A pesar de las limitaciones propias de la situación de pandemia y a pesar de la desaforada campaña de la derecha conservadora y de los conservadores de todas las calañas, en octubre de 2020 tuvo lugar el proceso plebiscitario y la población chilena se pronunció por la opción de tener una Nueva Constitución elaborada por medio de una Convención Constituyente (en donde todos los delegados eran electos por votación democrática) provocando una significativa victoria popular y una aplastante derrota para los defensores de la dictadura y sus lacras. El contundente 78% de las preferencias definió el triunfo del Apruebo con lo que el pueblo chileno dio por muerta la Constitución impuesta por la dictadura en 1980. Si bien la ciudadanía ya no se manifestaba o no podía expresarse masivamente en las calles (producto principalmente de la pandemia), el triunfo popular en el plebiscito fue una segunda y determinante estación en este viaje transformador.
La tercera parada tuvo lugar en mayo de 2021 y se convirtió en un nuevo triunfo de las mayorías nacionales. La elección democrática, con criterios de igualdad paritaria y representación equitativa de los pueblos originarios, de los 155 delegados a la Convención Constituyente marcarán definitivamente un antes y un después en la política y en la historia nacional; esa elección arrojó resultados que dejaron de manifiesto la voluntad de la población chilena de no claudicar en su esfuerzo por la edificación de un nuevo país. No es un hecho menor que una electa representación ciudadana pueda elaborar una constitución política, cuestión que ocurre por vez primera en nuestra historia. Hasta ahora solo habíamos tenido constituciones políticas fraguadas por sectores de la oligarquía, escritas por ilustres designados de los detentores del poder o directamente impuestas por dictaduras militares, como esta última que finalmente fue desechada por el pueblo chileno en el plebiscito de octubre de 2020.
La derecha y las viejas castas de la clase política sufrieron de nuevo una aplastante derrota, tan categórica que puso en entredicho hasta las propias trampas y trabas que con tanto amaño habían dibujado en el llamado acuerdo nacional. Pero, ya conocemos la historia chilena, los detentores del poder no trepidan en recurrir a todas las artimañas posibles para imponer sus designios y caprichos; y esa característica sigue estando presente en el acontecer nacional.
La elección de la presidencia de la Convención, tanto en la constitución inicial de la misma en julio de 2021, como en la segunda directiva elegida en enero del presente año, se convirtió en una cuarta estación en este viaje. En ambas, las fuerzas que expresan el sentir mayoritario de la ciudadanía y de la población movilizada, lograron imponerse a los exponentes del conservadurismo y del “establischment”; más aún, en el primer período fue elegida y asumió una mujer mapuche la presidencia de la Convención (lo que representa un triunfo de los valores de la lucha social), y en la segunda otra mujer, representante de los sectores de la ciudadanía movilizada, convirtiéndose esos resultados en signos evidentes de la transformación en curso.
El trabajo de los constituyentes en la elaboración de la Nueva Constitución tuvo todos los ingredientes necesarios para asegurar la participación ciudadana en el proceso de recepción de propuestas y construcción de acuerdos. El resultado de un ejercicio democrático y participativo se traduce en un texto que contiene las definiciones principales y centrales de una nueva realidad nacional. La Nueva Constitución contiene los marcos jurídicos necesarios y suficientes para poner término al modelo de abusos, atropellos y despojos, para garantizar a los ciudadanos el acceso a los derechos básicos de educación, salud, vivienda, previsión, equidad laboral, protección del ambiente y la naturaleza; establece la efectiva participación democrática en las decisiones que afectan a la vida de la población; redefine la organización política y de administración del Estado que busca romper con los privilegios y el centralismo excesivo y excluyente.
Pero no ha sido un camino fácil. Cuando los poderosos y sus administradores y sirvientes no pudieron impedir el desarrollo del proceso constitucional, enfocaron todos sus medios en tratar de neutralizar o bloquear los contenidos y alcances del texto constitucional. Desde antes del inicio del trabajo de los constituyentes, la Convención Constituyente, primero, y durante el proceso de elaboración propiamente tal, después, ha sido objeto de la más intensa campaña en contra llevada adelante estos sectores conservadores de la derecha política y sectores retardatarios de la clase política; los unos porque ven que perderán gran parte de su poder y los otros porque ven como se esfuma su estatus de fieles sirvientes de los poderosos, y con ello sus propias cuotas de privilegios mal habidos.
Por lo mismo es que la campaña del terror, tan propia de la derecha y sus sirvientes, no se ha hecho esperar para intentar destruir los efectos transformadores de este proceso. Las mentiras, las falsedades, los engaños, las falacias, las “fake news” o como quieran llamarle, han proliferado en los medios de comunicación empresariales y controlados por los poderosos para sembrar una campaña de diversionismo y del terror, que pretende impedir que la Nueva Constitución sea aprobada en el plebiscito del domingo 4 de septiembre próximo. Esta parafernalia de manipulaciones mediáticas ha ido acompañada de las acostumbradas amenazas de represalias y castigos si se consolida este proceso.
En este contexto, resulta entre llamativa y ridícula la reaparición de personajes representantes de la vieja casta política sirvientes administradores del modelo dictatorial (particularmente de la ex Concertación), sacados de sus sarcófagos, para venir a posar de “arrepentidos del Apruebo”, proclamar su adhesión al Rechazo, y hacer nefastos anuncios que no son más que una nueva muestra de su pudrición y descomposición moral. Otros personajes de esta casta, maestros del gatopardismo, hacen gala de su verborragia y se funden a “rostros” de la farándula y la vergüenza para confundir a la población y favorecer a los poderosos.
Pero, a pesar de las campañas en contra, en septiembre venidero la población chilena volverá a demostrar la fortaleza de su decisión. Quizá la principal falencia que ha tenido este proceso iniciado en octubre de 2019, es que no lograra conformar una coalición política que tuviese la fuerza y eficacia suficiente para contener esta campaña destructora de la derecha tradicional, de la casta conservadora y sus sirvientes. La segunda debilidad de este proceso, ha sido que las fuerzas sociales movilizadas en las calles no pudieran construir un conglomerado social que diese continuidad a sus movilizaciones y forma orgánica a sus expresiones de base. Todos los esfuerzos en esa dirección quedaron truncos; en todo caso, lo cierto es que los grandes cambios que se avecinan necesitan del pueblo movilizado para consolidarlos.
Lo esencial es que esta Nueva Constitución es producto de una creación democrática y ciudadana. Seguramente no es el modelo de constitución a que la ciudadanía hubiese arribado a través de una Asamblea Constituyente, pero es un paso definitivo y decisivo hacia la construcción de un país mejor, más justo, más igualitario, con un Estado al servicio de su población y que vela por su futuro. Ahora nos enfrentamos a un nuevo plebiscito en donde el pueblo chileno debe volver a marcar Apruebo para así ratificar el trabajo elaborado por los delegados constituyentes y constituirse en una estación más en este largo viaje de transformaciones.
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