El “Plan Nacional de Búsqueda” fue anunciado el año 2022 y tiene como objetivo, según lo señalara el propio presidente, encontrar respuesta a la pregunta “¿Dónde están?”. Una pregunta lacerante desde los años dictatoriales enarbolada por los familiares de los secuestrados y hasta hoy desaparecidos.

Por Equipo CODEPU

Una pregunta que aún exige respuesta en tanto exigencia del legítimo derecho de todos y todas a conocer lo ocurrido, recuperar sus cuerpos y condenar judicial, política y éticamente a todos los responsables.

Conocido es que, la dictadura fue condenada internacionalmente por practicar el terrorismo de estado y de cometer crímenes de lesa humanidad en contra de una generación de luchadores sociales que la resistieron desde el primer día. Y en ese sentido, localizar , recuperar y entregar los “restos” de las víctimas a sus familiares al mismo tiempo que se realiza la plena justicia y se reivindica la dignidad, la vida y la lucha de los caídos aparece como una respuesta imprescindible. Para lo cual, es necesario recopilar y analizar documentos e información existente en diversos estamentos estatales, crear un registro nacional de víctimas de desaparición forzada, investigar judicialmente los delitos de secuestro, tortura, homicidio y los delitos de exhumación o inhumación ilegal para dar con los responsables y determinar si quienes los secuestraron, torturaron e hicieron desaparecer son los mismos agentes del estado comprometidos en los delitos de ocultamiento de sus restos.

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Transcurridos casi dos años desde el inicio del Plan de Búsqueda nos surgen un sinnúmero interrogantes y preocupaciones. Las experiencias vividas nos permiten sacar lecciones y nos hacen desconfiar de intenciones cuando estas no están respaldadas en hechos. En tanto organismo defensor de los derechos humanos asumimos que la necesidad de un plan de búsqueda es el reconocimiento implícito a que los procesos judiciales para alcanzar justicia desde el inicio de los gobiernos civiles no han logrado la verdad y justicia plenas. Lo avanzado es el resultado de la perseverancia de familiares y abogados de derechos humanos. Y no olvidamos que desde el estado transicional se defendió al dictador, se le fue a rescatar a Londres, muchos actos fueron en la medida de lo posible, incluida la Mesa de Diálogo. Por eso afirmamos que los familiares no se merecen nuevas frustraciones.

Nos preocupa que la impunidad, la liviandad en la toma de decisiones y que el cada vez mayor distanciamiento de la agenda de DDHH prometida por parte de las autoridades debiliten el tema de los Derechos Humanos y con ello la institucionalidad llamada a garantizarlos. Más grave aún si conocemos de denuncias de tráfico de influencias en el Poder Judicial y en el Ministerio Público y de las presiones transversales para postergar audiencias de formalización de altos mandos policiales y de otras situaciones que debieron ser investigadas oportunamente para no erosionar las instituciones y tejer interrogantes en torno al Plan Nacional de Búsqueda.

Otras situaciones que acrecientan incertidumbres

El caso de las 89 cajas con restos óseos pertenecientes presumiblemente a detenidos desaparecidos sin periciar por más de 23 años es un ejemplo emblemático de la crisis que enfrentamos. Su existencia era conocida por todos. Sin embargo, fue necesaria la presión de la sociedad civil para iniciar su esclarecimiento.

En octubre de 2023, luego de una auditoría interna al Servicio Médico Legal, SML, el ministro de Justicia, Luis Cordero, informaba que en 65 de las 89 cajas, había material que podría ser utilizado para investigaciones. Ha transcurrido casi un año y, a la fecha, a pesar de que se anunciaron sumarios administrativos y se prometió una investigación exhaustiva, no se ha determinado ninguna responsabilidad clara, ni menos se ha procedido a periciar los restos contenidos en las cajas.

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Es imperativo que en las contrataciones tanto de empresas y/o personas en el marco del PNB, se cumpla con estándares necesarios que garanticen confiabilidad, imparcialidad, eficiencia y transparencia en el uso de los recursos.

Las licitaciones para la contratación de servicios de peritajes y otros para el Plan también han sido fuente de controversia. La falta de uniformidad en los criterios de contratación ha llevado a situaciones preocupantes, como el caso de la empresa encargada de practicar pericias en sitios de interés, a través de georradar, GEORED, propiedad de un ex militar. Nuevamente, la denuncia de CODEPU y Corporación Memorial Cerro Chena ante el Ministerio de Justicia, lograron que el Programa de Derechos Humanos finalizara los contratos.

Hemos tomado conocimiento de la contratación de una empresa para la confección de una plataforma de búsqueda de personas y trazabilidad de los posibles lugares donde se detuvieron a personas en la época dictatorial y sobre es contratación nos preguntamos sobre su oportunidad y costos. Desconocemos las causas reales de la contratación de la empresa Unholster y el pago de $619 millones sin licitación. Existían alternativas a menor costo y desarrollos tecnológicos similares fuera de Chile que podrían haber sido utilizados.Se menciona, por ejemplo, un sistema gratuito desarrollado por la Universidad de Brown en Estados Unidos. Se destaca que ya existían precedentes en otros países, como México, que habían desarrollado y donado tecnologías similares de manera gratuita. El reportaje menciona una reunión entre el ministro de Justicia, Luis Cordero, y representantes de Unholster, la cual no fue registrada en la plataforma de lobby, a pesar de tratarse de un encuentro que discutía una iniciativa financiada con recursos públicos.El Instituto Milenio de Fundamentos de Datos, una iniciativa de varias universidades chilenas, había comenzado a colaborar gratuitamente con el gobierno en la creación de la plataforma, pero la colaboración se interrumpió cuando el Ministerio de Justicia optó por contratar a Unholster.

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Se desprende del reportaje que la contratación de la empresa retrasó la investigación y análisis de grandes volúmenes de información en a lo menos en un año y medio y las interrogantes adquieren legitimidad y todo indica que debiera ponerse término a la contratación de la empresa Unholster.

La contratación por parte del SML de Jacqueline Van Risselberghe fue inexplicable para los familiares y los organismos defensores de derechos humanos y menos considerando que era realizar pericias en casos de violaciones a los derechos humanos como ocurrió a un agente del estado por el caso San Rosendo y Laja, en la Región del Biobío.

Otro asunto preocupante es el resguardo de los sitios de interés. Las diligencias que los ministros están realizando a raíz de las querellas presentadas por familiares de víctimas por delitos de inhumación y exhumación ilegales requieren medidas de resguardo urgentes y protección de Sitios de Interés. Es necesario proteger estos lugares de cualquier alteración o intervención. Es crucial establecer protocolos claros para evitar que proyectos como, por ejemplo, el del Parque Metropolitano Sur Cerro Chena, pongan en riesgo ese sitio de interés.

Si bien ya existen listados de víctimas consolidados, sitios de interés y trayectorias documentadas, los trabajos en estos lugares no han comenzado o avanzan a un ritmo alarmantemente lento.

En la última reunión con organizaciones de DDHH y memoria, se mencionó la necesidad de coordinar una mesa con las Fuerzas Armadas (FFAA). Respecto a este punto y transcurrido dos años desde el anuncio del Plan Nacional de Búsqueda, no hemos conocido pronunciamiento alguno del Ministerio de Defensa. Nos preocupa su silencio. ¿Cuál va a ser la colaboración de las FFAA, entendiendo que ellas tienen información clave?

¿Cuál será la exigencia para las FFAA respecto a las investigaciones que se realizan al interior de unidades militares o eventuales investigaciones y en cuanto a la protección de recintos militares en donde se decreten pericias y en cuanto a la desclasificación de archivos?

Desde que se anunció el Plan de Búsqueda se han producido cambios que, a nuestro juicio, llaman la atención y aparecen como incomprensibles si se quiere asumir con firmeza y determinación las acciones en el campo de los derechos humanos. Dos ministros y tres subsecretarios en el Ministerio de Justicia generan la impresión de adecuaciones de relaciones partidistas más que de evaluaciones del cumplimiento de objetivos.

Estos son algunos de los temas que nos llaman a preocupación y requieren respuestas. Reiteramos que los familiares no merecen nuevas frustraciones.

Tras el objetivo de conocer el destino final de nuestros detenidos desaparecidos se requiere transparencia, determinación y urgencia.

Toda la Verdad y toda la Justicia.