[resumen.cl] “Durante el año 2018 el presidente Sebastián Piñera declaró: "los niños están primero”... Sin embargo, en el marco de las movilizaciones actuales de nuestro país en lucha por derechos sociales universales y condiciones de vida dignas, el aparataje del Estado ha violado los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes... actuando en gran parte, desde la ilegalidad y la violencia policial.” Estos son los hechos que comienzan constando la agrupación de organizaciones e individualidades que suscriben el comunicado que expusieron la mañana de este miércoles afuera de la sede regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en Concepción.
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En conversación con Resumen, Gisela Carrillo y Graciela Silva explicaron que ofrecieron a esta institución sus oficios para aportar en acciones destinadas a resguardar los derechos de la población infantil y adolescente, así como en el acompañamiento de las denuncias realizadas contra quienes resulten responsables de su vulneración.
En su comunicación relevaron que la Defensoría de la Niñez informó el pasado 13 de noviembre de 174 niños, niñas y adolescentes víctimas de violaciones a los derechos humanos, 12 de ellos/as alcanzados por balas, 55 con lesiones físicas y cinco con trauma ocular. Mientras que han sido 759 niños, niñas y adolescentes visitados en comisarías, desde el pasado 17 de octubre por el INDH y 105 niños, niñas y adolescentes representados/as mediante acciones judiciales por el organismo.
Junto a ello, indican que la vulneración de derechos de infancia tiene larga data en el país, exponiendo:
«Como Mesa de Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan con niños, niñas y adolescentes (NNA), nos resulta inaceptable que a 30 años de la Convención de los Derechos del Niño (y niña), ellos/as sigan esperando. Las políticas públicas nacionales abocadas en la protección y promoción del bienestar y desarrollo integral de la infancia han sido históricamente precarias e insuficientes, lo que se ha replicado en el actual gobierno, reproduciendo, desde el aparataje público, violencia estructural en la vida de niños, niñas, adolescentes, sus familias y comunidades. Quienes sufren mayormente la invisibilización y vulneraciones sistemáticas del Estado son recurrentemente los niños, niñas y adolescentes más pobres de este país, “uno de cada cuatro niños y niñas vive en pobreza multidimensional, es decir, sus familias tienen bajos ingresos y presentan dificultades en ámbitos de educación, salud, vivienda y de acceso a redes familiares y sociales”, y no obstante, se continúa vulnerando sus derechos. La desigualdad y violencia estructural se expresa, entre otros aspectos, en los indicadores de salud mental que exhibe nuestro país, siendo los peores de Latinoamérica, posicionando a niños, niñas y jóvenes como protagonistas de altas tasas de suicidio, consumo de drogas de carácter “ilícito” y drogas psiquiátricas.SENAME, como la institución encargada de la implementación de políticas públicas en materia de protección a la infancia, que define su labor como “...contribuir a proteger y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes” fue investigada por el Ministerio Público, a través de un equipo de la Policía de Investigaciones durante los años 2017 y 2018, levantándose antecedentes sobre 240 de sus 241 centros residenciales; determinándose, entre otros resultados, que en el 85,8% de las residencias se han vulnerado gravemente los derechos de niños, niñas y adolescentes.Así también, SENAME se erige como una de las instituciones que más recursos destina a la adquisición de drogas psiquiátricas, es decir, administra la sedación continua de niñas, niños y jóvenes en contextos de pobreza con recursos del Estado. Lo mismo sucede en establecimientos educacionales, independiente del nivel socioeconómico, donde la sobre patologización impulsa a que estas instituciones sean las principales productoras de los diagnósticos y administración de los/as niños/as "problemas".»
