Rodrigo Díaz Wörner, Gobernador del Biobío, fue citado a declarar por una causa paralela al Caso Convenios. Se trata de una investigación por eventuales delitos de corrupción al interior del Gore, que incluirían la pérdida de investigaciones internas derivadas de las irregularidades denunciadas.
El 20 de marzo fue citado a declarar Rodrigo Díaz en el marco de una querella por falsificación de instrumento público y el eventual delito de malversación de caudales públicos.
La acción judicial fue presentada por empresario Rafael Figueroa, representante legal de Empresa Ingeniería y Servicio de Maestranza RF SPA quien denuncia que se le solicitaron coimas por parte de funcionarios públicos del GORE y del Servicio de Salud Talcahuano en obras que se había adjudicado con su empresa, las que finalmente le habrían arrebatado y pese a cobrarse la garantía por parte del GORE Biobío, no se le habría pagado lo adeudado a trabajadores.
Figueroa sostiene que el Servicio de Salud de Talcahuano adjudicó a Ingeniería y Servicio de Maestranza RF el contrato a suma alzada denominado "Reposición Posta Rafael, Comuna de Tomé" por un valor de $392.473.246, financiado con fondos del FNDR, y cuya supervisión técnica y administrativa era de cargo del SST.
Como en la mayor parte de estos contratos, se le exigió una poliza de garantía por el fiel cumplimiento de las obras, la que adiquirió con la aseguradora HDI Seguros S.A. por la suma de $39.247.325, con vigencia hasta el 28 de mayo del año 2018, y cuyo beneficiario era el Gobierno Regional de la Región del Bío Bío.
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El 9 de febrero del 2017 el Servicio de Salud Talcahuano puso término anticipado al contrato suscrito con la empresa y el GORE habría procedido a cobrar la póliza de seguro constituida como garantía extendida a su beneficio depositándose los dineros en la cuenta corriente de dicha institución con fecha 22 de noviembre del año 2017.
Según el empresario, funcionarios públicos del Servicio de Salud Talcahuano y de la Intendencia -hoy GORE Biobío- le pidieron coimas de $3 millones para que el proyecto siguiera ejecutándose de acuerdo a los plazos y exigencias convenidas. Sin embargo, como no habría accedido a ello, habría terminado perdiendo el proyecto.
Figueroa asevera que hubo cobro irregular de la garantía, pago irregular de sueldos y falsificación de oficios, pues estos señalaban que habían pagado las deudas de la AFP, lo que finalmente no se habría realizado.
En conversación con Resumen, el empresario indica que “se quedaron con la plata, hicieron malversación de fondos públicos” y fustiga que todos los responsables de la situación, incluido el actual Gobernador Díaz, no habrían cumplido con realizar una investigación interna ni tampoco derivaron la información a la Fiscalía.
