Otra vez la trampa entre la propiedad y el acceso a los recursos naturales en la Constitución
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Lo que ocurrió en el debate constitucional muestra que esa disputa está muy presente, aunque no siempre es reconocida. La insistencia con la "nacionalización" de la minería contribuyó a esa confusión. Si bien los actores empresariales respiraron aliviados con el rechazo del artículo sobre minería, de todos modos insisten en su preocupación. Hasta el subsecretario, Willy Kracht, sostuvo días atrás que "somos un país minero" alimentando el mito que esa actividad estaría en el ADN de la cultura nacional volviendo inconcebible cualquier opción alternativa. Una y otra vez se esgrime la idea que la ciudadanía en su mayoría apoya la minería y que las demandas ambientales son propias de una minoría radical y no de un sentir popular.
Pero en realidad, esa postura de los políticos tradicionales otra vez está en contradicción con la marcha de la opinión pública. Es que el 81% de los chilenos entienden que los ríos, lagos y humedales deben ser bienes nacionales y públicos en el nuevo régimen constitucional, el 63% reclama lo mismo para las playas y océanos, y un poco más de la mitad sostienen que el derecho del acceso al agua es su primera prioridad. Estas tendencias, todas ellas impresionantes, son las que resultan de la muy reciente Encuesta Nacional de Medio Ambiente.
Siguiendo esa perspectiva, cuando en la encuesta se analizan los derechos, los referidos a la calidad ambiental aparecen en segundo y cuarto lugar de prioridad para la ciudadanía. El derecho a una vida digna y segura recibe 66% de las respuestas, seguido por el derecho al agua potable y saneamiento (54%), a la vivienda (50%) y a un ambiente sano y clima seguro (41%).
Más allá del contexto constitucional, en el listado de los temas más urgentes y relevantes para el país en el primer lugar está la seguridad (65%), la salud (41%) y la calidad ambiental es el tercero (39%).
Esas prioridades y demandas ciudadanas están todas ellas en riesgo o son imposibles bajo los actuales modos de apropiación de la Naturaleza. Por ejemplo, el reclamo por acceso al agua y que ésta sea de calidad y no esté contaminada, sólo es posible si se reforma su régimen de propiedad y acceso así como los controles ambientales. De no hacerlo, continuarán los impactos por contaminación que conocemos, se repetirá algún tipo de blindaje a los títulos de concesión casi como si fueran una propiedad, impidiendo el acceso al agua de las mayorías y tolerando que unos pocos las contaminen. Contradicciones iguales se repetirían en los sectores mineros o forestales.
Parecería que una parte sustancial de la política convencional no entiende esa vinculación. Sus posturas llevan a un régimen de propiedad y acceso que deja abierto flancos análogos a los de la vieja Constitución de 1980, a lo que se suma la insistencia de algunos convencionales y muchas figuras claves del actual gobierno en persistir con los modelos clásicos de minería y proteger otros extractivismos. Con todo eso se vuelve imposible resolver ese mandato de proteger los recursos naturales, asegurar la calidad ambiental y una vida digna para las mayorías.
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Es conocida la oposición de los convencionales y partidos de la derecha contra ese tipo de derechos o de cualquier regulación que afecte la economía privatista basada en los recursos naturales. Asociada a ella termina operando en esa misma dirección las posiciones del progresismo, como por ejemplo del Frente Amplio, repitiendo la contradicción que se ha observado en países vecinos. En efecto, por un lado el progresismo tiene un discurso que invoca la necesidad de reconciliarse con la Naturaleza pero otro lado toma medidas concretas que favorecen, e incluso promueven, más extractivismos con todos sus severos impactos ambientales y sociales.
Es más, con las retóricas que desdeñan las urgencias ambientales o las adjetivan como radicales, también alimentan esas tendencias afines a rechazar el proyecto constitucional en el plebiscito de setiembre (la encuesta CADEM ubica el rechazo en el 48% de la intención de voto. Esto además tiene otro efecto negativo en tanto acorraló a los convencionales independientes que provenían de los movimientos sociales, imaginando que si se suman más cambios se potencia aún más esa intención de rechazar la nueva Constitución. La derecha y otros sectores conservadores por momentos están tranquilos porque esa tarea de horadar y contener los cambios no es necesario que ellos la lleven adelante, porque eso lo está haciendo el progresismo.
Bajo esas condiciones la atención ahora se debe colocar en el proceso de armonización que ahora se inicia. Para ser fieles a esa demanda ciudadana mayoritaria para proteger el ambiente, se deben salvaguardar los cambios que se han logrado para evitar caer en otras trampas.
* Eduardo Gudynas es analista en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES) e investigador asociado del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA).