Hace algunos días ha muerto don Alejandro Bustos González, sobreviviente de las ejecuciones de Paine, masacre contra campesinos y trabajadores de la zona tras el golpe de Estado de 1973. Esta comuna rural de la región Metropolitana es la que registra la mayor cantidad de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos del país, cuestión que denota el encono de la dictadura civil-militar contra el motor de las transformaciones de la época de la Unidad Popular: los obreros.

Por Robinson Silva Hidalgo, Universidad Austral de Chile

Don Alejandro fue un testigo clave para que la justicia chilena, de manera tardía y mediatizada por la impunidad negociada con las élites políticas, aclarara la participación de una decena de militares, policías y civiles en los hechos que llevaron a estos macabros asesinatos, signados por la crueldad física y moral que debieron sufrir antes de ser cobardemente asesinados.

La cuestión principal y sobre la que anotamos esta columna, es la participación de civiles y empresarios en la concreción de estos crímenes de lesa humanidad. Las figuras de Francisco Luzoro y Christian Kast aparecen como actores centrales en este episodio del horror dictatorial y si bien el hecho es conocido por la connotación pública del hermano de Kast, el candidato republicano José Antonio Kast, estos nombres -como era de esperar- no aparecen entre los condenados por este episodio.

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Según testimonios como los de Bustos, los dueños de "Cecinas Bavaria", fueron activos partícipes y colaboradores en la represión, incluyendo el préstamo de camiones para el traslado de detenidos, así como los "patrullajes" que realizó Christian Kast en búsqueda de campesinos y trabajadores de la zona, todos estos hechos están debidamente acreditados y son parte de investigaciones periodísticas y judiciales.

Ahora bien, la desaparición física de don Alejandro Bustos nos convoca a reflexionar sobre un elemento totalmente silenciado en los análisis sobre la represión, el carácter clasista del terrorismo de Estado, generalmente relatado como un conflicto político-partidista que, sin ser falso, es una simplificación histórica de un proceso complejo y lleno de debates aun sin resolver.

Si hilamos fino, muchos de los casos y sentencias de crímenes contra los derechos humanos develan la participación civil de derecha y la colaboración empresarial, cuestión soslayada por los medios de comunicación y por proyectos políticos progresistas desinteresados en relevar este elemento, preocupados de mantener la "pax neoliberal", pero la verdad es que la arista civil-empresarial en la represión post 1973 es significativa, tal como se está reconociendo en procesos históricos similares, como el brasileño y el argentino; Chile necesita actualizar sus visiones sobre el carácter del proceso dictatorial, más allá de los datos ya conocidos, buscando interpretaciones que nos den mayor comprensión de nuestro pasado, eso también es justicia.

Un adiós fraterno a este sobreviviente, que de seguro no será contado en los medios, pero que quedará en la memoria de cientos de miles, en Paine y en todo Chile.