Parque Científico y Tecnológico, preguntas y observaciones ante un proyecto inconsulto y no transparente
En Concepción, Reportajes
Directorio de Parque Científico y Tecnológico Biobío. Fuente: uss.cl[/caption]
Simultáneamente a que la Universidad de Concepción y la clase política difunde diversas expectativas con la construcción de este Parque Científico y Tecnológico, también se han levantado planteamientos críticos a estas afirmaciones, alertando sobre la pérdida de la posibilidad de que la comunidad regional acceda a los servicios de una posible restauración ambiental de este mismo cerro, hasta ahora cubierto con plantaciones de pino y eucalipto y, también, cuestionando el supuesto aporte al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, pues se soslaya la matriz económico y productivo de la región y el país, destinado proveer de materias primas a firmas transnacionales y comprarle a éstas productos manufacturados. A continuación, pasaremos a revisar estos argumentos.
Pacyt y urbanización de cerros en Concepción
Tal como hemos adelantado, el Parque Científico y Tecnológico se construiría en 91,3 hectáreas, lo cual representa la primera etapa de un loteo que abarca 255 hectáreas, correspondientes a los fundos La Cantera y El Guindo de propiedad de la Corporación Universidad de Concepción. Según consigna la Resolución de Calificación Ambiental fechada el 03 de abril de 2012, este terreno será subdividido y urbanizado en tres etapas; la primera de 91,3 ha., la segunda de 38,1 ha. y la tercera de 125,6 ha. Las faenas que se especifican son: obras de pavimentación y electricidad; obras de infraestructura de agua potable, de alcantarillado, de aguas lluvia y construcción de áreas verdes, entre otras.
Esta propiedad es adyacente a la población Agüita de la Perdiz y al cerro Caracol, además está muy cerca de la Reserva Nonguén, un recinto de 3.036 hectáreas que desde su incorporación al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) ha experimentado una franca recuperación de las especies propias de este ambiente, muchas de ellas endémicas, lo cual es uno de los motivos sustentadores de las gestiones para que este lugar sea incluido al catálogo de Parques Nacionales. Esto podría implicar el establecimiento de corredores biológicos y la ampliación del recinto, precisamente en dirección a la superficie considerada en el loteo aprobado por el Servicio de Evaluación Ambiental.
Quienes han puesto de manifiesto la pérdida que comportaría la ejecución de este proyecto y las falencias jurídicas que adolece, son representantes del Comité Nacional Pro Defensa de la Flora y Fauna (Codeff). El 9 de agosto de 2017 denunciaron ante la Superintendencia del Medio Ambiente la caducidad de este proyecto, pues “dicha empresa [UdeC] no ha iniciado la ejecución de las obras del proyecto aprobado el 2012”. La condición de caducidad a la cual alude la denuncia se consigna en el artículo 25 ter de la ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, donde se establece que “La resolución que califique favorablemente un proyecto o actividad caducará cuando hubieren transcurrido más de cinco años sin que se haya iniciado la ejecución del proyecto o actividad autorizada, contado desde su notificación”. Y agrega: “El Reglamento deberá precisar las gestiones, actos o faenas mínimas que, según el tipo de proyecto o actividad, permitirán constatar el inicio de la ejecución del mismo”.
A esta denuncia, la Superintendencia respondió el 14 de noviembre del mismo año afirmando que el SEA [Servicio de Evaluación Ambiental] ha acreditado el inicio de la ejecución del proyecto. No obstante, recién el 27 de diciembre se comunicó el nombramiento del ingeniero supervisor de las obras de urbanización (Pablo Saavedra) y la empresa adjudicadora de la licitación de las obras (Valko S.A.).
En este contexto, los representantes de Codeff concurrieron hasta la Contraloría el 29 de diciembre de 2017, solicitando que revise la posible caducidad de la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto, a lo cual la institución respondió que solicitaría los antecedentes pertinentes fijando el 28 de enero del presente año como fin del plazo para su entrega. Sin embargo, hasta ahora no han tenido noticias de la entrega de éstos por parte de la Universidad de Concepción.
En conversación con Resumen, Luciano Pérez, Director de Codeff, afirmó que es necesario que este proyecto, por su envergadura, sea reingresado al Sistema de Evaluación Ambiental y, en esta ocasión, pueda ser discutido por la comunidad de la provincia de Concepción, puesto que no ha tenido ninguna oportunidad para pronunciarse respecto a sus alcances. En una comunicación institucional, afirman que el estado de este proyecto y las condiciones en que se ha planteado, “deja abierta la hipótesis” de que “una vez que estos terrenos hayan sido urbanizados con nuestros fondos públicos, NO se concrete la construcción del soñado Parque de Ciencia y Tecnología a corto plazo en la Etapa I, sino que termine con lujosos proyectos inmobiliarios en las Etapas II y III”.
Por cierto, la realización de subdivisión e urbanización de los terrenos de los actuales fundos La Cantera y El Guindo, implicaría la pérdida de la posibilidad de ampliar el espacio silvestre de la actual Reserva Nonguén y con ello el acceso de la comunidad de la provincia de Concepción a diversos servicios ambientales que puede proveer un ambiente boscoso, tales como la regulación de temperatura y la humedad de los lugares aledaños; la absorción de dióxido de carbono y la producción de oxígeno; la conservación de suelo y agua; ofrecer un espacio educativo y recreativo a la población que pueda acceder a éste, entre otras. El bosque de la Reserva Nonguén no es un bosque maduro ni tampoco cubre la totalidad de su superficie, pues buena parte de ella aun está cubierta con plantaciones forestales, pero, aun así, su existencia es relevante pues ya ofrece los servicios antes mencionados. De hecho, el agua potable consumida por la población de la comuna de Penco (47.367 habitantes) se extrae desde esta área silvestre protegida. Si se pusiera en marcha un plan de recuperación ambiental en los lugares aledaños a esta Reserva y de mayor ambición dentro de ésta, el aporte de este ecosistema a la calidad de vida de la población podría ser mucho mayor que el actual.
Para qué un Pacyt
Hasta ahora, buena parte de los recursos públicos destinados al desarrollo de investigaciones y planes de formación académica se han orientado a proveer de mano de obra especializada en la aplicación de diversos procedimientos que rentabilicen las operaciones de diversas industrias primario exportadoras que operan en la región y en el país y, junto a ello, sofisticar sus propios procesos.
Si bien, la propaganda de las instituciones beneficiadas con estos recursos asegura que estas iniciativas contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de la población, no se explica cómo ocurrirá ni se consideran las repercusiones ambientales, económicas y sociales que tiene la implementación de sus productos.
El i+d+i aclamado por políticos en países dependientes como Chile, no establece ninguna crítica hacia la carencia de fuentes productivas que puedan satisfacer la demanda de productos manufacturados y de servicios de la población. El i+d+i criollo ignora el problema de la inexistencia de centros productivos que, en efecto, sirvan para el desarrollo e innovación técnica en virtud de las necesidades de la población local, por cuanto queda planteada la pregunta al servicio de qué o de quiénes estará el Pacyt penquista.
La falta de un contexto productivo coherente con el quehacer de los parques científicos y tecnológicos propios de los Estados industrializados, fue distinguida por el propio Banco Interamericano de Desarrollo en un informe acerca del desempeño de éstos en América Latina, concluyendo que “los países latinoamericanos quizá se han precipitado en su entusiasmo por los parques científicos y tecnológicos. La ausencia de las condiciones que favorecieron el desarrollo industrial del Parque Científico de Stanford, Sophia-Antípolis o del Parque Científico y Tecnológico de Cambridge, son difícilmente reproducibles y no se encuentran en los países contenidos en este informe”.
En Chile, el impacto de la implementación de los planes de incentivo a la investigación y la tecnificación de personas, en buena medida, ha representado un refuerzo a las actividades de usufructo de bienes comunes con desastrosos efectos en el ambiente y en las condiciones de vida de la población. Particularmente, la Universidad de Concepción alberga equipos de profesionales al servicio de las industrias extractivas operantes en la región del Biobío, como es el caso de su vínculo con el empresariado forestal expresado en distintas iniciativas, en entre ellas, la persistente investigación en genómica forestal que tuvo un hito cuando hasta la UdeC concurrieron ejecutivos de diversas empresas en el marco del Congreso de Biotecnología de Árboles 2017 de IUFRO [Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal, por sus siglas en inglés]. La labor de la Universidad, en este ámbito, se ha focalizado en negar efectos nocivos de negocios extractivos o, bien, en otorgarles insumos para sofisticar sus procesos, exponiendo a los ambientes a un trastorno mayor en el escenario actual de degradación creciente.
Los candidatos a la Rectoría de la UdeC que competirán en segunda vuelta se han pronunciado a favor de la construcción del Parque Científico y Tecnológico. Por su parte, Carlos Saavedra, indicó en su programa que uno de sus objetivos es el de “desarrollar un programa de búsqueda de fondos para la creación de spin-off [empresa subsidiaria] de resultados de investigación de alto impacto, con el fin de crear capacidades para el Parque Científico y Tecnológico”. Por su parte, Bernabé Rivas aseveró que “se encuentra próximo el inicio de la urbanización del megaproyecto Parque Científico y Tecnológico (PACYT), por lo que se deben generar las condiciones adecuadas para su instalación y puesta en marcha de acuerdo al modelo de vinculación cuádruple hélice Universidad-Empresa-Estado-Comunidad...”. Lamentablemente, en su programa no se expone cómo operará la vinculación cuádruple hélice, si seguirán recibiendo recursos públicos a proyectos inconsultos a la comunidad y de qué modo el Pacyt será provechoso para ésta.
Necesidad de nueva evaluación
Ciertamente, no hemos encontrado información que explique de qué trata la vinculación de “cuádruple hélice” del Pacyt y cómo se verá beneficiada la comunidad con el loteo y urbanización de 255 hectáreas en los cerros de Concepción. El sitio web del Pacyt, actualmente, no ofrece información alguna, pues se la debe solicitar sin que ello garantice su entrega. Si bien, la Ley de Transparencia no obliga a la Universidad de Concepción a implementar las prácticas de transparencia activa que rigen a las instituciones públicas, es perentoria su aplicación, no solo porque este proyecto se ha financiado con fondos públicos, también por el profundo impacto que tendrá su ejecución en la vida de la comunidad de la provincia de Concepción.
Para que la población pueda deliberar acerca de los costos y beneficios que comporta este determinante proyecto se debe someter al sistema de evaluación ambiental por segunda vez, y así, en esta ocasión, se abran instancias de participación vinculante para la comunidad. Pero mientras decimos y leemos esto, la clase política parece estar en una carrera por alcanzar el umbral de no retorno, el hito donde el proyecto no esté expuesto al riesgo de la invalidación. Así es como el actual diputado Enrique Van Rysselberghe pidió la Contralor regional apurar la toma de razón de la adjudicación de las obras de urbanización en el predio destinado a la construcción del Pacyt y así iniciarlas.
Sería provechoso que quienes han bregado por la supuesta construcción de este Parque respondieran preguntas como ¿de qué forma se verá beneficiada la comunidad local?; ¿por qué esta iniciativa se ha mantenido inconsulta a los vecinos penquistas?; ¿qué planes hay para los lotes 2 y 3 de los fundos a urbanizar que en total suman más de 163 hectáreas?
Fuente de imagen principal: ing.udec.cl