Los periodistas de Brasil constituyeron su propia Comisión Nacional de Memoria, Justicia y Verdad, tras la clausura del Encuentro Internacional sobre Derechos Humanos y Periodismo, convocado el 18 en Puerto Alegre por la Federación Nacional de Periodistas de Brasil (FENAJ) con apoyo de organizaciones internacionales de periodistas.

El Círculo de Periodistas de Santiago participó en esta ceremonia a través del director Ernesto Carmona, invitado por haber sido editor de “Morir es la Noticia”, libro que en 1997 dio a conocer los resultados de una investigación, efectuada por 61 periodistas y un grupo de estudiantes, sobre la suerte del periodismo bajo la dictadura y el asesinato y/o desparición de un centenar de víctimas relacionadas con la profesión, entre ellos 23 periodistas y 7 estudiantes avanzados de la profesión.

La Comisión investigará crímenes y atentados contra periodistas ocurridos en Brasil desde el golpe militar patrocinado por Estados Unidos que depuso a Joao Goulart en 1964 hasta el fin de las dictaduras castrenses en 1988. Será un trabajo conjunto con comisiones similares que están formándose en diferentes estados de Brasil por acuerdo del congreso de la FENAJ realizado en noviembre y al amparo de la Comisión Nacional de la Verdad, cuya ley fue promulgada por la presidenta Dilma Rousseff el 18 de noviembre de 2011 para esclarecer las violaciones de derechos humanos perpetradas desde 1946 a 1988, y fue instalada en Brasilia en mayo 2012.

En la solemne ceremonia estuvieron presentes numerosos periodistas latinoamericanos y del Caribe que asistieron al seminario internacional de DDHH y Periodismo. El acto fue presidido por Maria do Rosario Nunes, ministra de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, quien proporcionó archivos y material de investigación. “El otro nombre de la democracia es derechos humanos”, dijo la ministra.

La Comisión Nacional de Memoria, Justicia y Verdad de los Periodistas Brasileños quedó presidida por Audálio Dantas, de reconocida trayectoria profesional y sindical, e integrada por Sérgio Murillo (de FENAJ), Rose Nogueira, Carlos Alberto Caó y Nilmário Miranda, también diputado federal. Prácticamente todos los miembros de la Comisión, y sus familiares y amigos, fueron víctimas de violaciones de sus derechos humanos en diversos grados, como el periodista Vladimir Herzog, torturado y muerto en San Paulo en 1978. (Más información en http://www.fenaj.org.br/materia.php?id=3765)

Seminario DDHH y Periodismos

Desde una perspectiva progresista que excluyó las ya clásicas provocaciones de otros foros contra países que intentan democratizar los grandes medios audiovisuales o han introducido reformas al régimen de concesiones de radiodifusión y procuran regular el mega negocio de la información, como Argentina, Ecuador, Venezuela y otros, durante dos días de intenso trabajo, el seminario internacional también pasó revista a la alarmante violencia actual contra los periodistas en todo el mundo, y en particular en América Latina, analizó la experiencia del periodismo bajo las dictaduras latinoamericanas y del Caribe en el siglo 20 y, además, focalizó su atención en el caso Brasil.

Marcelo Duhalde, Director de Prensa y Comunicación del Archivo Nacional de la Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina, expuso cómo la dictadura militar liquidó medios opositores y eliminó físicamente a más de un centenar de periodista y describió el actual conflicto en el cumplimiento de una ley conocido como “caso Clarín”.

Ernesto Carmona describió el duopolio El Mercurio/La Tercera que maneja toda la prensa escrita del país y el control de mega corporaciones locales y transnacionales de la radio y la televisión, como el grupo AOL-Time Warner-CNN, el grupo Prisa o el mexicano Ángel González. También dio a conocer los padecimientos del periodismo chileno bajo la dictadura de Pinochet, la colaboración de los medios y de ciertos periodistas con la dictadura en la difusión de hechos fabricados o falsos enfrentamientos para “lavar” la muerte o desaparición de cientos de personas. Además, se refirió a al desarrollo creciente de la violencia contra los periodistas que cubren manifestaciones sociales de manera simultánea a la concentración de la propiedad y banalización del quehacer informativo de los grandes medios. El balance final aludió 30 periodistas de un total de 100 trabajadores de prensa y afines, más de 3.000 víctimas asesinadas o desaparecidas en todo el país y sobre 30.000 personas torturadas, de acuerdo a los reportes oficiales de dos “comisiones de verdad”, el llamado Informe Rettig y el Informe Valech.

Jacques Alfonsin, de la Comisión de Memoria, Verdad y Justicia del estado Río Grande do Sul explicó que los efectos de las dictaduras alcanzaron a toda la sociedad, desde periodistas a políticos, religiosos, sindicalistas y estudiantes. Dijo que el pueblo se siente víctima y debería conocer la verdad, en un país donde el 70% de los asesinatos continúan impunes, mientras el gran síntoma actual del terrorismo de Estado en Brasil se traduce en que los grandes medios “no comunican lo que molesta el sistema”. Actuó como conductora de este panel la periodista del Perú Zuliana Láinez, dirigenta gremial en su país y vicepresidenta de  Fepalc, quien hizo importantes aportes durante el debate con el público.

En el panel "Ausencia del Estado y violencia social contra los periodistas: Del crimen organizado a los detentores del poder organizado el diputado Protógenes Queiroz (PCdoB/SP) describió su proyecto de ley que federaliza los crímenes contra periodistas en Brasil y afirmó que comúnmente las influencias políticas y económicas impiden dilucidar los atentados contra periodistas, favoreciendo así la impunidad, en tanto el periodista uruguayo Roger Rodríguez relato las atrocidades contra periodistas de la dictadura civil-militar de los ‘70 y ‘80 en su país y recordó que además sufrir torturas y secuestros, los periodistas eran censurados, impedidos de mencionar en los medios al Movimiento Tupamaros. “Si no pudiéramos aclarar los crímenes de lesa humanidad cometidos contra nuestros países, ¿qué haremos hoy?”, se preguntó.

Sergio Murillo de Andrade, director de Relaciones Institucionales de la FENAJ, dijo que castigar a torturadores y a asesinos de la dictadura es condición fundamental para la afirmación de las nuevas democracias de América Latina. “Solamente vamos a liquidar la deuda con las personas que combatieron y resistieron a la dictadura cuando podamos salvar la memoria, establecer la verdad y responsabilizar a los responsables de la violación de derechos humanos”, dijo. Añadió que recordar las dictaduras en el poder por largo período gracias a la ayuda “de los patrones y de los grandes medios de comunicación”, convierte a la democratización de las comunicaciones en requisito para invalidar las violencias cometidas contra periodistas y la sociedad, así como para el ejercicio de un periodismo ético.

Honduras: zona de riesgo mortal para el periodismo

En otro panel, La violencia cotidiana de las redacciones: la censura interna, la autocensura, las presiones políticas y económicas que afectan a la producción periodística y a la salud de los periodistas, en una extraordinaria disertación, el joven periodista José Pablo Peraza, director de noticias da Radio Progreso de Honduras, explicó que en su país se requiere bastante valor para dedicarse al periodismo porque “el Estado es utilizado para mantener el poder de los más fuertes”. Precisó que si un comunicador social noticia algún hecho que afecte a alguien con cierto poder económico o político, corre el riesgo real de ser asesinado.

“Las personas con poder y dinero cuentan con la protección del Estado. En el máximo el Estado castiga al ejecutor de un crimen y no a quien lo ordenó", sentenció para ilustrar el contexto de precariedad y peligro en que actúa los periodistas hondureños. “El trabajo de comunicador social es una de las tareas más peligrosas que una persona pueda ejercer en Honduras”, dijo Peraza.

Grisell Betancourth, del Colegio Nacional de Periodistas de Panamá, explicó que los periodistas de América Central viven un momento difícil a causa de asesinatos de profesionales del área a manos del crimen organizado y narcotráfico. Mencionó que sus colegas temen represalias, son víctimas de campañas de descrédito y amenazas de muerte, y además son tildados de “terroristas y enemigos de la democracia”. Esta situación facilita la autocensura y es el principal conflicto en las redacciones, mientras existen 67 casos de violación de la libertad de los periodistas, quienes sufren violencia física y psicológica y además son víctimas de acciones judiciales.

El caso Brasil

Carlos Alberto Kolecza, periodista brasileño que analiza el comportamiento de los medios de comunicación, observó que aunque en Brasil no existe ya la censura de tiempos del autoritarismo, impera en el país un control de la información, que en el último período se ha vuelto más agudo. “Hoy, es posible que diarios de otros países muestren más la realidad brasileña que nuestros medios de comunicación”. Dijo que después del golpe de 1964 existe una concentración de la información en los grandes medios del eje Río/São Paulo que actualmente filtra la información y determina qué se informará al resto del país, por ejemplo a regiones como el Noreste. “Poco sabe una persona de Brasil que oye radio, lee diarios y ve televisión”, dijo.

Kolecza mencionó también la unificación del lenguaje periodístico en Brasil, donde los medios los mismos patrones, el mismo ángulo y enfoque para mantener los mecanismos de exclusión social. De esta forma, a algunos grupos sociales se les excluye como protagonistas de noticias del telediario o solamente se aluden de manera peyorativa. “La censura que antes era de adentro hacia afuera ahora es del exterior hacia adentro”, afirmó.

*) Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno, director del Círculo de Periodistas de San