El miércoles de esta semana el Gobierno anunció que desde el 4 de enero hasta el 31 de marzo, la población de comunas en fase dos o mayores, del mentado Paso a Paso, podrá conseguir un Permiso de vacaciones a través de la Comisaría Virtual, debiendo reportar la fecha de salida y la de retorno, además de informar del lugar al cual concurrirá.Aniceto Hevia / resumen.cl
La decisión gubernamental de crear este Permiso de vacaciones está en consonancia con la política sostenida desde el inicio de la emergencia sanitaria, desentendida de la responsabilidad de generar instrumentos y normativas que garanticen la subsistencia y el bienestar de la población, profundizando la desprotección laboral y negándose a implementar una renta básica universal que satisfaga sus requerimientos elementales. En este gravoso contexto, cada quien busca subsistir como puede, aun arriesgando su salud y la vida, y eso es lo que ocurre en la industria del turismo.
El país concentra una diversidad geográfica y climática que bien podría representar un escenario propicio para que las comunidades explorasen sus territorios y concurriesen a otros, dispersándose en diversas zonas. Sin embargo, esto no ocurre. Las empresas extractivas, beneficiadas con la matriz primario exportadora imperante, han convertido una multitud de lugares en fuentes de riqueza y contenedores de desechos propios de sus procesos. La minería, la agricultura industrial, la industria forestal y de fabricación de celulosa, la salmonicultura, así como la explotación pesquera, son casos de este fenómeno general. Es así como en estas últimas décadas se ha incrementado la cantidad de espacios lisa y llanamente inhabitables, o donde sus condiciones ambientales imponen un menoscabo para quienes deben permanecer ahí. Y, consecuentemente, los lugares donde la población puede concurrir para explorar y descansar, se han visto reducidos ostensiblemente.
Aproximadamente, el 90% de las áreas protegidas por el Estado están entre las regiones de Aysén y Magallanes, al tiempo que la población nacional del resto de las regiones, goza de una cantidad ínfima de espacios exentos de degradación. Ante esta situación, es absolutamente esperable que las y los viajantes se concentren en determinados puntos del país, caracterizados por tener una población que durante los meses estivales se incrementa exponencialmente. Estos lugares, carecen de servicios sanitarios con una capacidad equivalente al de las capitales regionales más pobladas, más aún, si la carencia predomina en el sistema de salud en general, en estos recintos se acentúa. Y son estos recintos a los cuales la población local debe y deberá concurrir ante las afecciones provocadas por el contagio de Covid 19.
Cuando el Gobierno anuncia la entrega de este Permiso de vacaciones, se generan dos tipos de respuestas. Por una parte, un sector que pone en evidencia lo errado y perjudicial de tal medida, por las consecuencias sanitarias previstas y, por otra, entre quienes laboran en turismo, una cierta conformidad ante la posibilidad de generar ingresos en medio de la ausencia de políticas que mencionábamos anteriormente. El gobierno y la clase política ha inducido a las y los habitantes del país en un espiral perverso y vil, que cuando se observa no deja de evocar el poema de Nicolás Guillén donde afirma: “Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan”.