[resumen.cl] Este martes por la mañana pescadores artesanales de Lebu realizaron barricadas en protesta contra la Ley de Pesca. En Valparaíso por el mismo motivo marcharon varias decenas de artesanales hacia el Congreso Nacional.
“Linea de mano y potera para la Jibia y la Merluza” rezaba el lienzo de los pescadores artesanales de Valparaíso. La consigna representa una demanda de los artesanales para proteger las especies de peces y no permitir el ingreso de la pesca industrial y sus métodos depredadores en todos los sectores.
En Lebu los pescadores levantaron barricadas y luego llegaron a la Gobernación Provincial a exponer sus demandas.
La Ley Pesca, bautizada por la pesca artesanal como Ley Longueira, en referencia al Ministro de Economía de la época de Piñera que implementó la Ley, ha sido hecha a punta de sobornos. Ha sido demostrado que la principal empresa pesquera de la zona norte del país (Corpesca del grupo Angelini), ha realizado pagos ilegales a parlamentarios como Marta Isasi (UDI-PRI) y Jaime Orpis (UDI) en el marco de discusión de la ley de pesca de 2012, además, otras empresas pesqueras como Blumar y ASIPES realizaron pagos al entorno cercano del ex ministro de Economía Pablo Longueira (UDI). Así se evidencia el fuerte vínculo político-empresarial, que opera dentro de la legalidad y tambien fuera de ella, entre los actores de esta industria y distintos dirigentes políticos en la administración estatal.
La Ley Longueira ha aumentado los beneficios para las mismas industrias responsables de la depredación pesquera durante la dictadura militar y el gobierno de la Concertación. Debido al evidente colapso de las especies más capturadas, ahora las licencias de pesca comenzaron a ser “vendibles, transables en el mercado”. Un negocio especulativo donde no es necesario que existan peces para que haya permisos de pesca. Esto ha permitido la continuación de la explotación de las principales poblaciones de peces en la región oceánica chilena, asegurando la propiedad de la pesca a los principales grupos económicos que controlan el negocio de la pesca industrial. Sus nefastas consecuencias han permitido el agotamiento de recursos de los que flotas artesanales vivían, causando una crisis social que ha llevado a los pescadores a depender de bonos entregados por el Estado.
Hoy, la actividad industrial en la conservación de las poblaciones de peces es difícilmente defendible por la clase político-empresarial: la mayor parte de las pesquerías han sido colapsadas, y entre 2012 y 2015, la situación ha continuado empeorando.
