[resumen.cl] En una nueva marcha, este viernes, pescadores del golfo de Arauco demandaron la anulación de la Ley de Pesca y manifestaron su rechazo a la instalación de plantas salmoneras en la Región del Bío Bío.

La movilización se dio un día después que fuese decretada la prisión preventiva al desaforado senador Jaime Orpis Bouchon (UDI), a quien se le imputan los delitos de cohecho, delitos tributarios y fraude al fisco. Las acusaciones de cohecho, se respaldan en el pago, recibido por éste, de 264.254.120 de pesos por parte del entonces gerente general de CORPESCA, Francisco Mujica, entre marzo del año 2009 y abril del año 2013.

Junto con estos antecedentes, la sentencia por la cual se desaforó a Jaime Orpis, consigna la imputación de que "entre 2009 y 2013, el Gerente General de CORPESCA S.A., y otros ejecutivos y empleados de la compañía, hicieron llegar al Senador una serie de Instrucciones, así como también Documentos o Materiales que luego fueron reproducidos por éste en sus intervenciones, durante la tramitación de diversos proyectos de Ley, ya sea en tanto fue miembro de la Comisión de Pesca y Acuicultura, como con posterioridad. Algunas de estas instrucciones fueron enviadas mediante correos electrónicos, dirigidos a la dirección [email protected] y a la dirección de correo [email protected]. Del mismo modo, desde ambas casillas de correo, el Senador ORPIS remitía reportes sobre la tramitación de los proyectos y resultados de sus gestiones".

Los acciones que se le imputan a Orpis fueron descubiertas a partir de una denuncia sobre la exdiputada Marta Isasi (UDI - PRI), quien también recibió dinero por parte de CORPESCA en el contexto de la tramitación de la ley de pesca. Han sido 25 millones de pesos los que, hasta ahora se han demostrado en este caso.

Junto a Orpis e Isasi, hay múltiples figuras políticas involucradas en hechos de corrupción, ya sea, porque legislaron respecto a la ley de pesca teniendo intereses personales en la industria pesquera o por la posible recepción de dinero de empresas pesqueras, como es el caso de Fulvio Rossi (PS) o Marco Enríquez Ominami (MEO) y otros. Al respecto, es significativa la respuesta de Francisco Mujica cuando fue consultado por CIPER respecto a los vínculos con Isasi: “hemos hecho los mismos aportes a todos los diputados, a toda la parte parlamentaria, pero de forma legal… y si eso significa que hemos ayudado, sí, a ella (Marta Isasi) y a muchos más”.

La corrupción a través de la cual fue tramitada y aprobada la ley de pesca es irrefutable y, por cuanto, su anulación es absolutamente necesaria.

Los pescadores también demostraron su terminante oposición al emplazamiento de salmoneras en las bahías en la costa de la Región del Bío Bío. En marzo de este 2016, 5 empresas de salmonicultura ingresaron 72 solicitudes en los registros de la Subsecretaría de Pesca para instalar centros de cultivo en toda la región del Biobío. Las compañías solicitantes son Caleta Bay que ha realizado 28 peticiones, Cultivos Marinos Lago Yelcho que ha presentado 24 requerimientos, Congelados Pacífico con 14 solicitudes, también Cermaq (ex Mainstream) que busca instalar cinco centros y por último; Marine Harvest que ha ingresado una solicitud. Hasta ahora, en Lebu, hay 26 peticiones de instalación en el mar y que luego continuarían con su proceso de producción en tierra. En Tirúa hay 22, en Cobquecura 11, en Cañete 16, en Tomé 12, en San Pedro de la Paz 12, en Arauco 11, en Coronel 10, en Hualpén 6, en Coelemu 4, en los Álamos 4 y 2 en la comuna de Trehuaco.

Las repercusiones socioambientales de esta industria tienen en Chiloé una clara expresión. La contaminación y la consecuente pérdida de fuentes de subsistencia provocada por esta industria se uniría a las fuentes destructoras que ya asedian la Región, agravando el empobrecimiento de nuestra población.

Foto: Fenaspar Chile