“Como no podían sacarme, me cambiaron a un departamento que no existía, que no tenía funciones, funcionarios, recursos, oficina, nada”, expresa Alejandra Burgos, matrona y epidemióloga, quien fue removida del cargo de la jefatura del Departamento de Participación Ciudadana y Salud Intercultural de Arauco, tras la llegada de la administración Piñera.Por Christopher Cortez
Todo comenzó en 2016 cuando Alejandra Burgos llegó al puesto en el que estaría durante dos años y que, en 2018, se adjudicaría personalmente mediante un concurso público. En éste, realizó labores territoriales de nexo entre las comunidades organizadas de salud con la administración central, y un rol intercultural de contacto estrecho con las comunidades indígenas.
Con la instalación del actual Gobierno, llegaron nuevos aires a la Dirección de Salud en Arauco. Con ellos, asumió Aldo Parra como nuevo director, quien tomaría la determinación de removerla en el mes de mayo.
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“Ellos mismos me comentaron que este cargo estaba destinado a un concejal de la comuna de Cañete y que me trasladarían a otro con las condiciones para poder desarrollarme y debía entender que las cosas eran así”. El cupo estaba destinado a Cristián Medina, concejal UDI de Cañete, quien sería trasladado tiempo después a la Gobernación por problemas con dirigentes sociales de salud.
En aquel entonces, comenta que “como no podían sacarme, ellos me cambiaron a un departamento que no existía, que no tenía funciones, funcionarios, recursos, oficina, nada. Entonces, desde ese momento, empezó una situación de acoso y maltrato, porque yo sigo trabajando sin funciones”.
Hasta la fecha, la profesional que también es especialista en salud pública, en salud internacional y participación ciudadana, se mantiene realizando labores con otros departamentos y, durante la pandemia, en materias de epidemiología a través de charlas informativas y análisis en la provincia de Arauco. “Para mí esto no está bien porque yo tengo un currículum súper amplio, con una carrera ligada a lo técnico y no a lo político”, manifestó en relación a acciones que, según dice, son ya una costumbre contra los funcionarios del tercer nivel de jerarquía “porque solo se toma en cuenta que son cargos de la administración anterior”.
Es más, este tipo de labores, están destinadas para tareas técnicas y procesos a largo plazo, por lo que son inamovibles durante tres años, con objetivo de mantener líneas de trabajo ya trazadas. “Ahí partió la inquietud de pedir a los Tribunales que se expresen al respecto. En mayo, realizamos la presentación de la demanda por acoso laboral. A partir de eso, se inició un proceso que se cerró la semana pasada con la sentencia del Tribunal de Lebu”, cuenta.
Dicha resolución, reza que el Servicio de Salud de Arauco “ha incurrido en actos discriminatorios y constitutivos de acoso laboral contra la actora (Alejandra Burgos Bizama), vulnerando la garantía fundamental reconocida en el artículo 19 N°1 inciso primero de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la integridad psíquica”, tal como lo manifiesta la demandante, quien confiesa haber sufrido mucho daño e, inclusive, tener un “complicado cuadro de salud mental por las condiciones en que estaba trabajando”.
Sumado a esto, el Tribunal obliga a los responsables del Servicio de Salud “a reincorporar a la demandante al cargo de jefa del departamento de participación ciudadana o asignarla a otro cargo de jefa de departamento ya existente a la presente fecha, acorde a sus habilidades y experiencia profesional”, agregando también que deberán pedirle disculpas públicas por lo acontecido.
Pese a que ya han pasado varios días desde la resolución, todavía nadie se ha dirigido ante ella ni puesto en contacto de ninguna forma, tal como ha sido la tónica durante este tiempo, puesto que no logró entablar comunicación con ningún dirigente del servicio para hallar una solución previa a la demanda. “No tengo claridad de lo que va a pasar. Además, ellos tienen un plazo para apelar el juicio”, expresa con incertidumbre.
Aun así, manifiesta con claridad que lo más importante de este proceso legal llevado a cabo, es que “no vuelvan a realizar este tipo de acciones a funcionarios con estos cargos, porque estos van mucho más allá de la política”. Por consiguiente, añade que “es importante que esta información se conozca porque marca precedente para que en el futuro no se produzcan discriminaciones de este tipo, donde hay una cuota de temas de género, y tampoco por factores políticos”.
