Este domingo 25 de octubre se llevará a efecto el plebiscito que definirá, casi con certeza, el fin de la Constitución de la dictadura y el comienzo de un proceso constituyente que defina una Nueva Constitución Política para el país. Aún no se pueden dimensionar las consecuencias políticas y sociales del Estallido Social de octubre de 2019, pero no cabe duda alguna que este acto plebiscitario y lo que de allí devenga es una de ellas. En los hechos, independiente de las formas legales en que se haya derivado a su concreción, el plebiscito es producto y un logro del proceso de luchas populares y protestas sociales que continúa en desarrollo.
Estamos ante un hecho y una situación de importancia trascendental para la historia y para el futuro del país. Por una parte, se pondrá término a una Constitución pergeñada por medio de la fuerza de las armas y la violencia dictatorial en 1980 que fue, además, un engendro poluto por sus contenidos retrógrados, conservadores y pro empresariales que han mantenido atado al pueblo chileno por más de 40 años. Por otra parte, se abre la posibilidad de que por vez primera la ciudadanía pueda convertirse en actor y protagonista de la confección del nuevo marco regulatorio de la vida nacional.
Un aspecto distinto de anteriores procesos electorales es que éste ocurre luego de que el Estallido provocara el completo despertar del pueblo chileno, fenómeno que se convirtió en un cambio radical de la conducta social de la población. Las manifestaciones señalan el empoderamiento ciudadano con un categórico “Chile Cambió”, y tenemos que acostumbrarnos a esta nueva realidad.
“Chile Cambió”, aunque les pese a los habitantes de la burbuja del poder, al gran empresariado, a los gobernantes y a los ocupantes del Congreso. La transformación ha sido un suceso político-social generado en la comprensión por parte de la población que sólo la movilización propia, colectiva y decidida es la que hará posible mejorar la calidad y condiciones de vida. Esta compresión, sumado al hartazgo provocado por décadas de soportar atropellos y frustraciones, es la que conduce a la ciudadanía a la determinación de no cejar en sus luchas por conquistar los cambios estructurales que el país demanda.
La exigencia de la nueva Constitución es una resultante inicial de este Estallido de despertares colectivos y de cambios profundos. El pueblo se manifestó y exigió en las calles la convocatoria a una Asamblea Constituyente con la finalidad de que elabore esa nueva Carta Magna sobre bases democráticas, participativas y representativas. Pero, una vez más, como ocurriera en el plebiscito de 1988 en el marco de la lucha contra la dictadura, la clase política empotrada en las esferas de decisión, hace gala de su cualidad gatopardista y trata de usurpar la fuerza de las movilizaciones sociales y escamotear sus objetivos delimitando el camino que debe seguir la población, confinándolo solo a lo que al poder le resulte aceptable.
Bien sabemos que la corrupta y descompuesta clase política ha dado muestras fehacientes de actuar sólo al servicio de los intereses empresariales y de motivaciones ideológicas que representan la doctrina de la actual constitución que la ciudadanía quiere eliminar. Resulta del todo inaceptable que la misma élite que ha sido cuestionada por las movilizaciones, que carece de genuina representatividad social, que ha perdido toda legitimidad debido a la galopante corrupción de que se ha valido para entronarse en estamentos del Congreso y de gobiernos de turno, que no cuenta con autoridad moral alguna, pretendan erigirse en los diseñadores del método y de las formas que debe adoptar el proceso constituyente que el pueblo reclama.
Desde fines del año pasado, y en particular desde marzo de este año en adelante, con la pandemia como escenario de fondo e instrumentalizando esta desgracia sanitaria para sus propósitos, los gobernantes y los partidos políticos institucionalizados se han esforzado por establecer acuerdos de bambalinas, imponer limitaciones y restricciones al proceso democrático y constituyente que exige la ciudadanía movilizada. A mediados de noviembre de 2019, con la firma del llamado “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución”, comenzaron a trazar el corral hacia donde quieren conducir el proceso con la sola finalidad de salvarse a sí mismos y al modelo al que sirven.
El aludido Acuerdo fue un intento formal por desplazar a la ciudadanía del protagonismo que venía reclamando y ejerciendo. Este intento, aunque fue impuesto por la movilización social, paradojalmente excluye de participación a la propia ciudadanía, y sienta las bases para burlarse de las luchas populares con una propuesta que pretende subordinar al pueblo a que opine y actúe solo en el estrecho margen que los poderosos permiten o aceptan, morigerando y achatando los objetivos por los que la ciudadanía se moviliza.
Sin embargo, con el Estallido Social de octubre de 2019, Chile Despertó, Chile Cambió. Ya no está la ciudadanía disponible para dejarse escamotear el contenido de una lucha que ha significado sangre, sudor y lágrimas, expresada en las consecuencias de la violencia represiva del Estado que ha causado cientos de víctimas con daños oculares, cientos de personas que han sido mutiladas, violentadas, torturadas por las desquiciadas fuerzas policiales y uniformadas, miles de personas que han sido detenidas y procesadas por el solo hecho de protestar. La lucha desplegada no va a ser desestimada por un pueblo empoderado, y las manifestaciones de los últimos días no sólo fueron actos de conmemoración del Estallido sino un claro mensaje de que la revuelta sigue latente.
Por otra parte, la totalidad de las reivindicaciones por las que el pueblo estalló en la revuelta no han sido para nada resueltas o solucionadas ni por el gobierno ni por el Congreso ni por la casta empresarial. Al contrario, las condiciones y calidad de vida de población empeoraron de manera considerable a consecuencia del manejo que el gobierno ha tenido a propósito de la pandemia sanitaria; la estructural indefensión de la ciudadanía producto de un Estado que no brinda protección social y de un gobierno que sólo se ocupa de cuidar del gran empresariado, ha agravado la situación de las mayorías y aumentado la exigencia de cambios profundos.
Los políticos, el gobierno, el poder, siguen actuando como si pudiesen ignorar o no se hubiesen enterado de las demandas de fondo expuestas durante las movilizaciones sociales desde octubre de 2019 en adelante. Las manifestaciones y movilizaciones registradas con motivo del primer aniversario del Estallido Social dieron otra clara muestra de hartazgo a esa clase política sorda y servil de que el pueblo no está dispuesto a aceptar cualquier cosa, que no admite dobles lecturas, ni eufemismos, ni letra chica, ni robos, menos está dispuesto a dejarse ningunear por una élite altanera y displicente.
Por una vez en sus enlodadas y mezquinas carreras políticas tienen la oportunidad de servir al pueblo, de servir a la ciudadanía, de respetar la voluntad soberana de la nación. Pero no lo hacen, encapsulados en su propia burbuja, o sordos por conveniencia, no quieren ver la realidad. Nunca la ven venir. Lo único que les ocupa es conservar sus privilegios y los de sus mandantes y no hacen más que inventar fórmulas y discurrir tramas sobre cómo darle continuidad a este sistema y a este modelo. Ese es el rol y el contenido de la vergonzosa Ley 21.200, que no es más que un sinuoso tejido de trabas y componendas con el que pretenden confundir y amarrar a la población. La ciudadanía ya no está disponible para trampas ni colusiones mafiosas político-empresariales, ya decidió ponerle término al entramado de 40 años instaurado por la dictadura. Ese es el cambio. Ese es el camino que se inicia este domingo 25 de octubre.
Al modelo dominante ya no le alcanza con la brutal represión, ni con las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, ni con las turbias acciones de agentes encubiertos y provocadores infiltrados en las organizaciones sociales, ni con la instrumentación de patoteros de barras bravas colgadas del fútbol profesional, ni con las burdas maquinaciones de sórdidos aparatos de “inteligencia” de las Fuerzas Armadas y Carabineros, ni con la desidia cómplice de la Fiscalía Pública para no procesar a agentes policiales autores de delitos de derechos humanos, ni con la activación de bandas criminales de ultraderecha. Ya no alcanza con la letra chica, ni con el binominalismo adornado, ni con enjuagues, ni con cocinas; “Chile Cambió”, aunque no quieran enterarse.
El pueblo sigue reclamando un proceso constituyente con soberanía y transparencia, sin amarras ni trabas impuestas por los herederos de la dictadura, sin la gerenciación de una élite política desacreditada. Hecho el plebiscito y dado su evidente resultado, a partir del domingo 25 el proceso constituyente debiese ser soberano, participativo, democrático, paritario, representativo de los pueblos originarios, y eso significa dar espacio y cabida a todas las expresiones sociales que forman parte de este país. Luego, los constituyentes debiesen ser elegidos para elaborar una nueva constitución a partir de la hoja en blanco y sin bordes.
La consulta municipal realizada en diciembre de 2019 se pronunció claramente por la necesidad de la Asamblea Constituyente como mecanismo democrático para continuar con el proceso pero la clase política se aferró a sus métodos y fórmulas, de modo que, forzados por la institucionalidad formal y la legalidad posible, en este plebiscito el pueblo no tiene más opción que votar Apruebo y Convención Constitucional.
Estos gobernantes, el Congreso, los partidos políticos debieran hacerse cargo y dar paso a la democracia. Hacen gárgaras con la palabra democracia pero sólo conciben un molde encajonado y breve que a los poderes les sirva. En un momento crucial en que la democracia puede y debiera ser absoluta, verdadera, los políticos corruptos la niegan, la coartan, la ciegan.RESUMEN
