Por Ruperto Concha / resumen.cl
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El asunto resulta bastante sucio. El asesinato del presidente de Haití fue perpetrado por unos mercenarios colombianos, exmilitares, entrenados a todo dar por instructores estadounidenses y financiados por Estados Unidos a través del Plan Colombia, supuestamente enfocado a exterminar a los productores y traficantes de drogas y también de las guerrillas socialistas FARC y ELN.
A través del Plan Colombia, Estados Unidos ha aportado más de 2 mil millones de dólares anuales, durante más de 20 años, para el equipamiento y entrenamiento militar de efectivos colombianos que alcanzan, según se dice, una alta capacidad de combate en territorios inhóspitos que van desde selvas hasta desiertos.
Desde mucho antes del Plan Colombia Estados Unidos se había forjado ya un prontuario siniestro que, en 1985, puso al presidente Ronald Reagan en medio del escándalo de tráfico de armas y drogas para financiar clandestinamente grupos de mercenarios en contra de las revoluciones izquierdistas de Nicaragua y El Salvador.
Los aportes clandestinos de Washington, en armamento y dinero, eran realizados por la CIA con colaboración de exiliados cubanos radicados en Miami, y los grandes capos del cartel colombiano de Medellín, encabezado por Pablo Escobar, establecieron una asociación con la CIA y con el cartel mexicano de Guadalajara, e instalaron una base de operaciones en Cancún, México, sobre la península de Yucatán.
El acuerdo establecía que los narcotraficantes entregarían los aportes en dinero y armas que se acordaran, a la “Contra” de Nicaragua, a cambio de libre paso de cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos. Esta complicidad de la CIA con los carteles de Medellín y Guadalajara para masivo tráfico de drogas hacia Estados Unidos, quedó comprobado por las declaraciones del agente Ernst Jacobsen, de la Policía Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, ante el Congreso de Estados Unidos cuando se destapó el escándalo Irán-Contra.
Según informó la prensa, sobre informes de la justicia federal estadounidense, la CIA introdujo a Estados Unidos muchísimas toneladas de cocaína. Más aún, cuando la Agencia antidrogas estadounidense, la DEA, descubrió que el armamento, el entrenamiento militar y el pago del dinero por tráfico de cocaína, se estaban llevando a efecto en ranchos o estancias agrícolas de México, esa agencia policial le ordenó a su agente Enrique Camarena entregar al Congreso toda la información reunida.
Pero, fíjese Ud., el 7 de febrero 1985, justo antes de que hiciera entrega de aquella información, Camarena fue asesinado junto a su piloto Alfredo Zabala. 18 años después de estos hechos, ex agentes de la DEA afirmaron que fue la CIA la que ordenó el asesinato.
¿Podríamos creer que esos fueron episodios excepcionales de los años 80 del siglo pasado y que después la CIA recuperó su honorabilidad?...
¡Claro que no!... De hecho en pleno siglo 21, el 12 de diciembre de 2007, un poderoso avión Gulf Stream 2, propiedad de la CIA y con base en Miami, procedente del presidio militar de Guantánamo, hizo escala en Medellín, Colombia, y siguió viaje supuestamente hacia Miami, aunque debía hacer escala en Cancún, Yucatán, México, para cargar combustible. Sin embargo, por alguna razón, el avión a último momento decidió no aterrizar en Cancún, donde se le esperaba, y en cambio seguir viaje a un pequeño aeródromo, a unas 200 millas náuticas de distancia.
Con esa decisión arriesgaban quedarse sin combustible… y efectivamente, a poca distancia del aeródromo elegido, el motor se detuvo y el avión tuvo que intentar un aterrizaje desesperado en una zona de matorrales donde quedó desbaratado.
A bordo iban 4 ciudadanos estadounidenses: una mujer y tres varones. Se salvaron, aunque con lesiones considerables, y trataron de huir del lugar. Sin embargo, efectivos del ejército mexicano habían detectado la situación y acudieron al lugar en pocas horas.
Entre los restos del aparato siniestrado encontraron una serie de gruesas bolsas de plástico oscuro, que contenían más de tres toneladas de cocaína pura, casi 4 toneladas. Eso equivale a algo más de 50 millones de dólares en el mercado mayorista estadounidense. Al detalle es mucho más.
Los ocupantes del avión fueron capturados pocas horas después. Se admitió que eran ciudadanos estadounidenses, pero no se les dejó ver ni se dieron sus nombres. Pero se confirmó que se trataba de un avión de la CIA que había hecho escala en la capital de la droga: Medellín, en Colombia.
Son muchos los analistas de estrategia internacional que consideran que la Guerra contra las Drogas lanzada por Estados Unidos desde la década de 1970, en realidad apuntó siempre, desde el comienzo, a dos objetivos que poco tenían que ver con proteger a la gente de la drogadicción. El objetivo uno, fue crear un campo de enorme actividad de dinero ilícito, imposible de controlar...
Y, dos, generar, sobre todo en América Latina, zonas de intensa actividad criminal, los carteles de droga, dotados de poderoso armamento y enormes recursos financieros, y, frente a ellas, generar una igualmente intensa actividad de policía militarizada supuestamente para luchar en contra de los carteles.
Por supuesto, en ese escenario de violencia empoderada, con enormes movimientos de dinero en efectivo imposible de rastrear, es inevitable que se produzca un fenómeno de corrupción sin precedentes que va desde la humilde venalidad del peoncito que se vende baratísimo, hasta la venalidad de los burócratas y las altas figuras de la política.
En esa geografía de corrupción, violencia criminal y descomposición de las estructuras democráticas, México y Colombia son los escenarios arquetípicos. Y es entre Colombia y México que el fenómeno de los poderosos grupos mercenarios amenaza con volver imposible que funcione una democracia.
De hecho, es a partir de las experiencias desarrolladas en América Latina y, un poco también en África, que se desarrolló el poderoso rubro actual de los Ejércitos Privados. Ejércitos de mercenarios que se atreven a perpetrar acciones que ningún gobierno se atrevería encomendarle a sus propias Fuerzas Armadas.
Iniciando el siglo 21, el presidente George W Bush inauguró el negocio de los ejércitos privados, en muy buen entendimiento con el empresario Erik Prince al que le garantizó un contrato de miles de mercenarios para actuar en Afganistán e Irak realizando cierta clase de misiones que Estados Unidos no podía encomendarle a sus propias fuerzas armadas.
Con tan buen mercado asegurado, el empresario Prince desarrolló su empresa Blackwater, que, con excelente y seguro financiamiento, pronto tuvo actuando en Irak igual número de mercenarios que las tropas del ejército regular norteamericano. Y en Afganistán, el número de mercenarios duplicó al de los militares de la OTAN. Y, ojo, hecho, en la reciente retirada de las fuerzas estadounidenses de Afganistán, la protección a las tropas y al transporte de equipos estuvo por completo a cargo de los mercenarios.
Sólo en el presupuesto militar de los años 2007 a 2012, Estados Unidos pagó 160 mil millones de dólares a empresas de mercenarios. Y, como se ha señalado, los mercenarios son baratos y los que contratan los servicios de esas empresas no pagan indemnización por los que mueren, o se mueren o quedan inservibles.
Sn pobres seres anónimos que cobran salarios bajísimos en comparación con los de los militares, pero que, de todos modos, son más de lo que podrían cobrar en su propio país. Por otro lado, esos mercenarios son propiedad de la empresa, se les controla minuciosamente en todo, incluso en sus comunicaciones íntimas.
Y, cuando llega el caso, simplemente desaparecen. Y las empresas por su parte se aseguran de quedar exentas de cualquiera investigación financiera o de otro tipo y de hecho pueden silenciar incluso las más atroces brutalidades que pudieran perpetrar, y que, de hecho, han perpetrado, que, en cambio, si se produjeran por acción de un cuerpo de ejército regular, tendrían que ser reconocidas por los gobiernos ante la prensa.
Tan enorme ha sido el éxito de estas empresas de mercenarios, que otros países como Francia, Gran Bretaña y Rusia, han permitido su creación y, de hecho, están operando en diversas partes del mundo donde haya clientes dispuestos a contratarlas no sólo para operaciones de combate o de protección, sino también para labores de espionaje, o cualquier otro asunto que algún cliente quiera contratar pagando un precio.
Estas empresas privadas contratan también, con sueldos especiales, a algún personal salido de entidades estatales de gran importancia, como la CIA y el FBI de Estados Unidos, el Mossad de Israel, o el MI6 británico.
Pero las guerras, tal como surgen también concluyen. Las empresas de mercenarios enfrentan las fluctuaciones de su mercado. En estos momentos, por ejemplo, el Cartel de Jalisco Nueva Generación, de México, ha contratado a empresas de mercenarios y ha pasado a ser con ellos tan poderoso militarmente en su país, que el Estado Mexicano sólo podría enfrentarlo desatando una guerra total, que implicaría decenas de miles de muertos y destrucción masiva.
Fue por ello que el propio Felipe Calderón, siendo presidente de México, inició contactos de negociación con los capos de carteles, y, al parecer, ello estaba en conocimiento también del gobierno de Estados Unidos.
En 2015, el gobierno de México lanzó una ofensiva en gran escala contra el cartel Jalisco, con fuerzas del Ejército, la Marina, la Policía Federal y los Servicios de Inteligencia.
El costo fue elevadísimo y de hecho hubo que pagar un terrible precio en vidas humanas, en asesinatos de funcionarios públicos y destrucción de infraestructura nacional. Finalmente, la ofensiva se detuvo sin haber alcanzado resultado alguno. Fue un fracaso descomunal que no ha dejado hasta ahora posibilidad de un nuevo intento.
Es decir, hasta ahora, el poderío de los ejércitos de mercenarios, en su mayoría colombianos, simplemente se exhibe como un igual ante el gobierno de México. Y ello, se sabe, se relaciona con la enorme corrupción que ha traído el dinero del narcotráfico, que se expresa en la ya famosa oferta que hacen los capos narco: “A ver, ¿qué prefiere Ud.?... ¿Plata o plomo?”. ¿Dinero o una bala?
Hoy día, en México, se está realizando un referéndum convocado por el presidente Andrés López Obrador, proponiendo que los expresidentes mexicanos puedan ser investigados y sometidos a juicio si se prueban actos de corrupción.
En palabras del presidente, “se trata de que el pueblo mexicano elija entre la verdad y la impunidad”.
Y fíjese que incluso en el propio aparato administrativo del gobierno federal mexicano, hay una sorda y solapada resistencia a que surjan las verdades incómodas.
Una oligarquía enquistada que ya aceptó religiosamente la doctrina de “¿Plata o plomo?"... ¿Corrupción o muerte?
En Colombia, en estos momentos, los sectores realmente democráticos y progresistas están dando una lucha en que los héroes tienen que estar dispuestos a ser mártires y los mártires tienen que estar dispuestos a ser héroes. El efecto más pernicioso del surgimiento de las empresas de mercenarios, es que entrega a la propiedad privada, al capital financiero, una independencia letal ante la justicia y los valores democráticos.
Más aún, dentro del aparato mismo de la república, los ejércitos privados alteran viciosamente la capacidad de los poderes del estado para tomar decisiones sobre el uso de la violencia sobre las propias bases sociales. Si el Ejecutivo mantiene su capacidad de hacer contratos, podrá inclusos declarar una guerra sin autorización del Congreso o del Poder Judicial.
Y sus campañas antiterroristas podrán imponer mediante el terror antiterrorista lo que ellos deseen. Y eso, bajo la mirada, supuestamente benévola, del gobierno de los Estados Unidos.
Recordemos que fue en Estados Unidos donde, bajo el gobierno de Ronald Reagan, se formuló la doctrina del Fin de la Historia, el triunfo del neoliberalismo y la reducción de los gobiernos a la condición de “Estado Subsidiario”, o sea, un Estado que sólo puede hacer lo que las empresas privadas no puedan o no quieran hacer.
El Poder, así, se concentra realmente en las empresas privadas… ¡incluso en hacer la guerra y no el amor!
Bueno, también hoy llegó a su fin en Estados Unidos, la inaplicabilidad de desalojar las viviendas de familias por no pago de arriendo, atraso excesivo o no aceptación de alzas de los arriendos. A partir de hoy, tres millones seiscientos mil familias estadounidenses podrán ser expulsadas de la casa que arriendan, si no se ponen al día en sus pagos.
En el Congreso de Estados Unidos, muchos demócratas se sumaron a los republicanos para no prolongar la protección a los deudores, al menos mientras no se encuentre una fórmula de pago que sea accesible. De hecho, en la mayoría de las ciudades de Estados Unidos, nadie que gane un sueldo mínimo de 10 dólares la hora puede pagar los actuales niveles de arriendo. Un departamento pequeño de 2 dormitorios con un baño se arrienda en más de 1500 dólares mensuales, y eso en un barrio modesto y más bien popular.
¿Qué pasará con las familias que sean desalojadas?...
Se entiende así que, según las últimas encuestas de opinión, en Estados Unidos más de un 60% de la gente se declara pesimista ante al futuro. Y sólo entre un 49 y un 51% de la gente todavía confía en que el gobierno de Joseph Biden vaya a ser finalmente de veras bueno.
Hasta la próxima, gente amiga. Cuídense. ¡Hay peligro!...
https://www.youtube.com/watch?v=pZ45eT5X-5M&ab_channel=ResumenTV
