Por Ruperto Concha / resumen.cl
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La pandemia del COVID19 fue, sin duda, un potente catalizador de la política y de la economía en todo nuestro pequeño universo al sur del Río Bravo. De hecho, está quedando en evidencia que ninguno de los gobiernos derechistas de nuestra América Latina ha sabido atinar en forma diestra una política eficaz para frenar la enfermedad y, al mismo tiempo, mantener las debiluchas economías funcionando.
En Chile, gracias a las compras de cobre por parte de la China, el precio del metal rojo se disparó a 4 dólares 70 la libra, o sea, a casi 10 mil dólares la tonelada… ¡Un precio sin precedentes!... Pero recién la Cámara de Diputados logró aprobar en primer trámite un impuesto a partir del 3% de las ventas de cobre, lo que, por cierto, permitiría cubrir todo el costo representado por la pandemia en nuestro país.
En cambio, en Colombia, el muy derechista gobierno de Iván Duque, arrinconado por el desplome de su economía, presentó al parlamento un proyecto de Reforma Tributaria, elevando prácticamente todos los impuestos a los bienes y servicios y las rentas de los trabajadores.
Pero sin tocar ni en lo más mínimo, ni un solo centavo, las exenciones que permiten que el sector financiero colombiano pague sólo el 1,9 % de sus inmensas ganancias… Oiga, ganancias que ya en 2020 habían superado los 32.000 millones de dólares.
Por supuesto, al conocerse aquel proyecto, la reacción popular fue explosiva. Las protestas estallaron el 28 de abril, simultáneamente, en todas las ciudades importantes del país, con epicentros en las ciudades de Cali y Bogotá, la capital.
Tras los primeros 4 días de protesta y presa del pánico, el presidente colombiano Iván Duque retiró su proyecto, el 2 de mayo. Pero las protestas siguieron aumentando su intensidad.
Según la mayoría de la prensa occidental, el proyecto de reforma sólo había sido detonante para la exasperación de la gente. Tal como ocurrió en Chile por el alza de la tarifa del metro en 2019. Y en Colombia la brutal intervención policial, lejos de frenar las protestas, tuvo por efecto hacerlas más intensas, más violentas y peligrosas… Y eso, cuando faltan sólo once meses para las próximas elecciones presidenciales.
Según la Defensoría del Pueblo, en una semana de represión armada, ha quedado un saldo de entre 19 y 31 manifestantes muertos, y 89 desaparecidos… Además, se están evaluando más de 140 otras denuncias que incluyen muertes, desapariciones y lesiones graves.
También funcionarios de las Naciones Unidas denunciaron que elementos de la policía militarizada, similar al GOPE de Carabineros de Chile, los habían interceptado violentamente, si bien no reportó que hubiese lesionados. La Comisionada Juliette de Rivero llamó a las autoridades a dar información veraz sobre las denuncias existentes que mencionan un alto número de otras muertes.
También la Fundación para la Libertad de Prensa y la internacional Reporteros sin Fronteras denunciaron más de 70 ataques de la policía contra periodistas que cubrían las protestas. 32 agresiones físicas que resultaron en lesiones de periodistas; 7 robos de equipo y destrucción de material informativo, 9 obstrucciones y 5 detenciones ilegales.
Reporteros sin Fronteras emitió internacionalmente una declaración en que acusa al gobierno de bloquear la verdad cruda, reemplazándola con publicitarias versiones oficialistas, lo que es síntoma innegable de un régimen que se ha vuelto anti democrático.
Reporteros sin Fronteras destacó que la policía antidisturbios ha realizado agresiones que revelan un nivel de violencia sin precedentes, y una intención evidente de impedir la cobertura periodística de los hechos.
La ESMAD, nombre de la policía antidisturbios colombiana, ha enfrentado ya centenares de denuncias judiciales durante años. Hasta 2015, la Fiscalía había procesado unos 40.000 casos graves, de los cuales fíjese Ud., sólo 18 resultaron en condenas. Todos los demás han sido cerrados por “falta de pruebas”.
Hasta ahora, las autoridades no han desmentido ni confirmado las denuncias referidas a los últimos enfrentamientos y denuncias. Pero el presidente Iván Duque emitió por radio y televisión un emocionado mensaje repudiando, textualmente, “que haya gente que sale a agredir, cruelmente, a nuestros policías que llevan los derechos humanos grabados en su corazón”.
Como fuere, para Estados Unidos Colombia sigue siendo un faro de prosperidad democrática. Y la Unión Europea, dócilmente, se cuida de no tomar decisiones que pudieran ser fastidiosas para el actual gobierno colombiano.
En cambio, el presidente de la pequeña República del Salvador, Nayib Bukele, sí resulta un blanco rico para hacerle la puntería destructiva, acusándolo incluso de acciones que él mismo no ha realizado.
Ocurre que en El Salvador, al estallar la pandemia del COVID19 el Presidente Bukele ordenó que la policía y el ejército impusieran el cumplimiento de las cuarentenas y el uso de mascarillas para disminuir los contagios.
Sin embargo, una cantidad de personas, sobre todo de la clase más acomodada, se negaron a acatar las medidas sanitarias, y entonces, cumpliendo el mandato del gobierno, se produjeron centenares de detenciones.
Los rebeldes fueron acomodados en galpones mientras se les aplicaban las multas. Y por cierto, esos centros de detención eran muy precarios y no tenían protección para evitar contagios de los detenidos.
Ante ello, la Corte Suprema de Justicia consideró que las detenciones eran todas ilegales y ordenó que de inmediato todos los infractores fueran puestos en libertad, pese a que la pandemia era una oleada cada vez mayor de miles de contagios diarios.
Ante eso, el Parlamento salvadoreño, conforme a las disposiciones constitucionales, aprobó, con una mayoría de más de dos tercios, que los ministros de la Corte Suprema fuesen destituidos por haber puesto en gravísimo peligro a la población al bloquear las medidas presidenciales para frenar la pandemia, y se aprobó, además, destituir también al Fiscal General, que había sido cómplice en el bloqueo de las medidas contra la pandemia.
La decisión parlamentaria fue aplicada de inmediato. Efectivos policiales impidieron que los jueces destituidos ingresaran nuevamente al palacio de la Corte Suprema, y garantizaron que los nuevos ministros ya designados pudieran asumir sus funciones.
Y, en ese mismo instante, el gran aparato de comunicaciones transnacionales controlado por Estados Unidos inició sus andanadas de artillería pesada contra la persona del Presidente, y no contra el Parlamento que había aprobado la destitución.
La chilena Michelle Bachelet, dos veces presidente de Chile y actual Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, declaró en tono urgente y compungido que lo ocurrido en El Salvador está produciendo, fíjese Ud. “una alarmante tendencia a la concentración de poderes”.
Y diagnosticó que la decisión parlamentaria, aunque aprobada por una mayoría abrumadora, “socava gravemente la democracia y el estado de derecho”.
El gobierno de Estados Unidos, por su parte, asumió de inmediato un tono amenazante y desconoció la legitimidad del Congreso y del Ejecutivo que habían violado el principio democrático de separación de los poderes del Estado.
Ante la estridente reacción internacional, el presidente Bukele invitó a la totalidad de los representantes diplomáticos acreditados en el país, para explicar la legitimidad de las decisiones del Congreso y las del propio Ejecutivo. A la reunión asistieron todas las representaciones diplomáticas… ¡excepto la de Estados Unidos!
Fue una exposición detallada, citando cada una de las disposiciones contenidas en la Constitución Política del País, referentes a la vigilancia e interacción recíproca entre los poderes del Estado, y la reunión completa fue transmitida por televisión.
En relación con la insultante negativa de Estados Unidos a escuchar la defensa del gobierno salvadoreño, Nayib Bukele comentó que, al negarse a conocer los hechos reales, Washington arriesga tomar decisiones equivocadas.
¿O es que precisamente Washington lo que quiere es tomar decisiones sobre El Salvador, sin que le importe si son equivocadas o no?
Tanto el presidente Bukele como el presidente de la Asamblea Nacional, Ernesto Castro, enfatizaron que todas las medidas tomadas por el Ejecutivo como por el Congreso, son respuesta a la voluntad del pueblo salvadoreño que ha apoyado abrumadoramente al actual gobierno, y que el verdadero peligro para la democracia está en las presiones indebidas para forzar que no se cumpla lo que el pueblo quiere, y que ha expresado libremente con sus votos.
Según las encuestas realizadas por agencias internacionales y publicadas por el periódico La Prensa Gráfica en mayo de 2020, la aprobación al gobierno de Bukele era del 92,5%... Oiga, un abrumador apoyo del 95%. Bueno, y ahora, en plena crisis de acusaciones contra el gobierno, una nueva encuesta realizada por la empresa Gallup, de Estados Unidos, mostró que el apoyo al gobierno de Bukele y su manera de enfrentar la pandemia había aumentado al 98%.
De hecho, hasta el ex presidente del partido conservador salvadoreño, el ARENA, Walter Araujo, se atrevió a admitir que jamás antes ningún presidente había logrado un nivel tan alto de apoyo democrático. Y el dirigente conservador agregó “el pueblo salvadoreño es el que tiene la facultad de decidir si Bukele ha hecho una buena o una mala gestión de gobierno”.
Ya el año pasado, Bukele se encontró con que demasiadas de las medidas de emergencia de su gobierno para enfrentar la pandemia estaban siendo frenadas por la Corte Suprema y también por el Congreso que en aquel momento todavía estaba controlado por la oposición.
Ante eso, Bukele anunció que demandaría una intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para evitar la “violación del derecho a la vida y la salud del pueblo salvadoreño”.
Bueno, fíjese Ud., en esa ocasión la Comisión de Derechos Humanos respondió que “no tiene competencia para intervenir en controversias entre los poderes del Estado”.
¿Cómo es que ahora sí se atribuye la competencia que hace un año se negaba a tener?
En realidad, Estados Unidos y el aparato burocrático de la Unión Europea habían iniciado desde mucho antes una estrategia en contra del proceso político que estaba encabezando Nayib Bukele y su partido Nuevas Ideas, y que amenazaba la plácida convivencia de la derecha, con el Partido ARENA, y una ya domesticada izquierda del Frente Farabundo Martí.
Una convivencia parecida a la que en Venezuela se había establecido entre la Democracia Cristiana o COPEI, y la Social Democracia o ADECO, que fue barrida luego por el Movimiento al Socialismo Bolivariano del presidente Hugo Chávez.
En esta crisis, la diputada supuestamente izquierdista, Dina Argueta, del Frente Farabundo Martí, declaró que el gobierno “ha dado un golpe de estado contra la democracia y la institucionalidad y el orden establecido”.
Bueno, junto a ella, el jefe de la bancada derechista de ARENA, René Portillo, calificó la decisión del congreso como “un golpe de Estado”.
Y ocurre que la totalidad de los votos de esos dos partidos, sumados, no llega a ser ni un tercio de los votos que obtuvo Nuevas Ideas, el partido de Bukele.
De hecho, la analista política salvadoreña Bessy Ríos, en una perspectiva académica e imparcial, admitió ante las agencias noticiosas internacionales que la Asamblea Legislativa podía destituir a los jueces porque tiene los votos más que suficientes y además tiene el mandato de la Constitución para hacerlo.
La trayectoria del joven líder político Nayib Bukele, que a los 37 años ganó democráticamente la Presidencia de su país, deja en evidencia un penoso proceso de descomposición que parece estar afectando a gran parte de los partidos de la izquierda y la centro-izquierda tradicional, lo que se hizo, por ejemplo, sentir dramáticamente en Brasil, cuando los partidos de centroizquierda aliados del Partido de los Trabajadores, traicionaron aquella alianza y se sumaron a la maniobra parlamentaria que culminó con la destitución de la Presidente Dilma Rousseff en 2016.
Esa traición fue la que hizo posible la llegada al poder del ultra derechista neo nazi Jair Bolsonaro… pero a la vez llevó a la ruina a los mismos cabecillas de aquella traición, que terminaron como cadáveres políticos o presos por corrupción ellos.
En Chile, importantes sectores de la izquierda y la centroizquierda adhirieron a un proceso de 30 años en que la política chilena se acomodó a las estructuras y la ideología económica diseñada en la dictadura de Pinochet.
En toda América Latina, las nociones de la izquierda tradicional fueron siendo modificadas de una u otra forma, en facciones a menudo hostiles entre sí, sin llegar a germinar en propuestas coherentes.
También en Chile se está hablando de “la bolsa de gatos” de la oposición al neoliberalismo de Piñera. En México, la izquierda tradicional y el Partido Zapatista se han negado a apoyar realmente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En Nicaragua, una facción del Frente Sandinista de Liberación se unió a la derecha en un intento de derribar el gobierno de Daniel Ortega, y para ello llegó a tener sus bases operativas en Miami, obteniendo un millonario financiamiento del fondo USAID del Congreso de Estados Unidos.
Se trata de un fenómeno de evolución ideológica, que parece ir paralela a un necesario proceso de evolución de la realidad social y cultural impactadas por los avances de la ciencia y la tecnología, además de los procesos de entropía, de cambio climático y de súper población.
Nadie puede todavía prever la velocidad y la gravedad de las transformaciones que seguirán al cataclismo de la pandemia COVID19. Pero sí sabemos que habrá que enfrentar una realidad dramáticamente transformada.
En el caso de Nayib Bukele, tenemos a un joven izquierdista, militante del Frente Farabundo Martí, que inevitablemente llegó a conflicto y ruptura con la cúpula de esa envejecida izquierda. En 2017, la directiva del partido decidió expulsarlo aduciendo “discrepancias internas e indisciplina”
Bukele entonces, junto al equipo que lo había acompañado en sus victoriosas campañas municipales, optó por formar un nuevo partido con el cual postuló a la Presidencia de la república, logrando una inesperada victoria.
Sin embargo, en el Congreso, la derecha y la izquierda tradicional se unieron para bloquear la mayor parte de sus proyectos de ley.
Hasta que en las siguientes elecciones parlamentarias del 28 de febrero de este año, para ocupar los 84 escaños de la Asamblea Legislativa, el Congreso, donde la mayoría absoluta se obtiene con 43 escaños, el recién nacido partido Ideas Nuevas obtuvo un triunfo arrasador.
Alcanzó 56 escaños, o sea más de dos tercios. El segundo lugar lo obtuvo la derecha, partido ARENA, con 14 escaños. La vieja izquierda Farabundo Martí sólo alcanzó 4 escaños, y el partido Demócrata Cristiano un solo escaño.
El abrumador triunfo de Nayib Bukele simplemente dejó aterrorizada a la política tradicional no sólo en Centroamérica. De hecho, inmediatamente surgieron las opiniones condenatorias que señalaban que un apoyo popular tan grande “es peligroso para la democracia”. Es decir, que el pueblo unido es anti democrático. ¿Qué tal?
Por cierto, el presidente Bukele, ahora con el apoyo absoluto del congreso, inició un programa apuntado a enfrentar la pandemia, a la vez que enfrentaba el ruinoso estado de las finanzas estatales en el país, con un endeudamiento de más del 60% del producto nacional, y un estado de descomposición social y criminalidad desatada.
Bukele buscó y obtuvo apoyo mediante créditos e inversiones de la China, que además aportó en forma gratuita cerca de un millón de vacunas Sinovac contra el COVID.
Asimismo, se preocupó de restablecer y afinar sus relaciones con Nicaragua, su también izquierdista vecino limítrofe por el Pacífico.
Con medidas muy rudas logró neutralizar el poder de las llamadas “maras”, inmensas pandillas o carteles criminales con un poder creciente similar al de los carteles de México, que en permanente lucha por el dominio delictual del país, hacían que El Salvador fuese uno de los países con más alto índice mundial de asesinatos.
Bukele optó por hacer redadas masivas de militantes de esas maras rivales, y se preocupó de encarcelar juntos a los rivales más sanguinarios.
Claro, entonces se le acusó de ser inhumano al poner juntos a los más feroces rivales, en riesgo de que se masacraran mutuamente. Sin embargo, con eso, obtuvo, por un lado, una portentosa disminución de la criminalidad, y, por el otro, forzó a que las maras rivales tuvieran que abandonar su guerra de enfrentamientos mortíferos y comenzaran a dialogar unos con otros.
En fin, Nayib Bukele se encontró ante su pueblo exhibiendo una exitosa política sanitaria frente a la pandemia, un repunte económico notable, una reducción de la criminalidad a niveles de normalidad internacional, y una asociación con China que le proporciona independencia ante las exigencias de Estados Unidos.
Esto, en momentos en que se reveló que, durante la atroz matanza de campesinos perpetrada en la zona de El Mozote, donde cientos de niñas chicas fueron violadas por las tropas y luego asesinadas a culatazos, bajo un efectivo militar al mando del comandante Domingo Monterosa, también estuvo participando un militar estadounidense en servicio activo identificado como un tal Bruce Hazelwood, con grado de mayo o sargento mayor.
Cabe preguntarse ¿cómo se atreve Estados Unidos a cuestionar la actual democracia salvadoreña, luego de haber sido cómplice de esa monstruosidad?
¿Le permitirán a Bukele seguir siendo un líder tan insoportablemente exitoso? ¿Se lo permitirá la derecha que parece estar volviéndose cada vez menos “diestra”?
¿Tendrá el apoyo de una izquierda que está pareciendo cada vez menos “siniestra”?
Todo se ve muy raro.
Hasta la próxima, gente amiga. Cuídense. ¡Hay peligro!...
