Por Ruperto Concha / resumen.cl
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Sin ninguna excepción. Desde los más remotos países hasta aquí mismo, una especie de pandemia ha enfermado a casi todo el mundo con un mismo síntoma: una compulsión a hacer cualquier cosa, por inmunda que sea, si con ello se puede ganar plata.
Todos sabemos que ese síntoma es desquiciamiento, es una confusión mental enfermiza… Pero, desde la afligida África hasta la orgullosa Europa, en estos momentos las noticias dan cuenta de una ola repugnante de corrupción que está convirtiéndose en tsunami. Y en una proporción demasiado grande, esa corrupción se expresa a través de las fuerzas policiales.
De hecho, la creciente alarma en Estados Unidos por la posibilidad de un quiebre violento del sistema democrático, claramente se vincula con las oscuras maniobras del llamado “Estado Profundo”, el “Deep State” que supuestamente implicaría hasta los grandes aparatos policiales, la CIA, el FBI y los otros menos conocidos, además de diversas milicias paramilitares, y también a las policías estaduales y urbanas.
Es necesario recordar que ya, en 2007, un avión militar estadounidense, que supuestamente llevaba prisioneros de guerra árabes desde Guantánamo hacia Estados Unidos a través de Colombia, fue interceptado al entrar ilegalmente al espacio aéreo mexicano. Y en sus maniobras para evitar ser capturado, finalmente se estrelló tratando de aterrizar sobre la península de Yucatán. Los ocupantes lograron escapar, pero abandonaron en el aparato un cargamento de casi cuatro toneladas de cocaína de alta pureza.
Por supuesto el escándalo fue tan grande que se hizo indispensable zambullirlo cuanto antes en el olvido. Ya ningún medio habla de eso.
En Europa, hace unas pocas semanas fueron detenidos los principales jefes de la policía anti-drogas de Bulgaria, al descubrirse que, a cambio de millones de euros cada mes, estaban vendiendo protección y libertad de acción a los grandes traficantes de heroína, cocaína y otras drogas que utilizaban ese país como canal de abastecimiento para el resto de Europa.
Pero en estos momentos la atención del mundo está centrada en el remolino de escándalos de corrupción, violación a los derechos humanos, y crímenes de falsificación, torturas y asesinatos perpetrados por elementos de la policía en prácticamente todos los países de América Latina.
Y los principales titulares, en todo el mundo occidental, han estado mostrando cómo estamos sumidos en un profundo pozo del cual no hay más salida que reemplazar de raíz a nuestras instituciones policiales.
Antes de ayer, la misma y muy derechista agencia alemana Deutsche Welle afirmaba en su titular principal que, fíjese Ud., “La violencia policial en América Latina está fuera de control.”
Y desarrollaba su contenido a partir de la indignación generalizada por el caso de Chile, en que un muchacho de 16 años el 2 de octubre fue lanzado desde un puente por un policía.
Además, la agencia alemana señala que ya durante las protestas masivas del año pasado, los Carabineros de Chile habían sido acusados de torturas, disparos indiscriminados con efectos gravísimos y en muchos casos con consecuencias fatales.
Menciona también cómo en Colombia los policías asesinaron a golpes al estudiante de derecho Javier Ordóñez, que había sido detenido por violar la cuarentena. Ese asesinato bestial provocó un estallido de protestas callejeras y entonces… la policía asesinó a balazos a 13 personas más.
En su artículo de la Deutsche Welle se señala crudamente: “En América Latina, la brutalidad de las fuerzas de seguridad ha cobrado una magnitud muy distinta y sucia”.
Según la representante de Amnistía Internacional, Fernanda Coz Costa, Brasil, El Salvador y Jamaica son los países con mayor número de muertes de personas a manos de la policía. Pero, en muchos otros países latinoamericanos ni siquiera tienen cifras, ni siquiera tienen estadísticas de esos crímenes.
Por su parte, en el mismo artículo, se menciona a la historiadora argentina Agustina Carrizo de Riemann, quien señala que el proceso de creciente brutalidad de las fuerzas policiales es un problema estructural que se origina en la participación de la policía al servicio de las sangrientas dictaduras que se encaramaron en el poder en las décadas de los años 1970, 80 y 90.
Ella señal como ejemplo a los Carabineros de Chile, que todavía actúan, en parte, como si continuara la dictadura de Pinochet. Ellos ven a los manifestantes como si fueran enemigos del Estado.
Y, claro, el propio presidente de Chile, Sebastián Piñera, confirmó para ellos esa noción cuando afirmó que los jóvenes que protestaban eran un “enemigo implacable que está en guerra contra Chile”.
La prensa chilena, y particularmente Radio Bío Bío, ha entregado sólidos antecedentes sobre conductas abiertamente delictuales de Carabineros, y los estridentes casos de falsificación de pruebas, acusaciones calumniosas y falsas, torturas y gravísimas amenazas en contra de autoridades judiciales.
Por su parte, el grupo periodístico “La Voz de los que Sobran”, el pasado 8 de octubre entregó antecedentes de operaciones criminales realizadas por carabineros, similares a las de las mafias de extorsionistas gangsters de Estados Unidos. Éstas fueron denunciadas por el oficial de carabineros Miguel Toledo Cancino, ahora en retiro, según las cuales algunos elementos de carabineros participarían en extorsión de fuertes sumas de dinero a las empresas madereras, a cambio de una supuesta “protección”.
La denuncia implica además que acciones como robo de madera y quema de camiones, en muchos casos serían formas de “castigo” a quienes no pagan por la “protección” policial.
De hecho, en el Congreso Nacional, ya el mayoritario bloque de la oposición anunció que, si el gobierno no remueve de su cargo al General Director de Carabineros, ni aplica medidas reales para sanear esa institución ya marcada por demasiadas denuncias, no sólo de acciones criminales y corrupción, sino también de enormes sumas de dinero, bueno, simplemente se negarán a aprobar el presupuesto para financiar Carabineros en 2021.
Ciertamente, la investigación de tales gravísimas denuncias recaerá sobre un Poder Judicial que al parecer está dispuesto a hacer uso total de sus atribuciones como Poder constitucional del Estado de Chile.
Pero la corrupción policial latinoamericana alcanza dimensiones aún más amenazantes y destructivas que las denunciadas en nuestro país. En Paraguay, esta semana, la policía que investigaba un caso de terrorismo y narcotráfico, inesperadamente encontró en una propiedad de narcotraficantes un helicóptero de la policía argentina que inexplicablemente había quedado allí a disposición de los traficantes del temible grupo brasilero “Comando Vermelho”, que controla el tráfico de armas y drogas entre Paraguay y Brasil.
En Panamá, por otro lado, hace un mes, el gobernador regional de Guna Yala, Erik Iván Martelo fue detenido mientras llevaba en su auto 79 kilos de cocaína de alta pureza, ocultos en un compartimiento secreto debajo del asiento del conductor.
El gobernador Martelo, había sido designado personalmente por el presidente del Panamá, Laurentino Cortizo.
Pero el caso más extremo de corrupción policial y política, es el que se da en México bajo los gobiernos de centro-derecha y de derecha anteriores al de Andrés Manuel López Obrador, el centro-izquierdista AMLO.
El más importante estado de Hispanoamérica, México, ha llegado a estar tan profunda y entrañablemente penetrado por los carteles del narcotráfico, que en la práctica llegaron a controlar el aparato de gobierno, a partir de la famosa pregunta: “Qué prefieres tú?... ¿Plata o plomo?”.
El gobierno de AMLO está apelando directamente al apoyo político popular, incluso mediante plebiscitos, para avanzar a la reforma de una policía que en gran medida se ha transformado en una entidad dependiente de los carteles.
De hecho, ya hay pruebas de que la misma policía junto a efectivos militares participaron en el asesinato de los 43 estudiantes de pedagogía en Iguala, en setiembre de 2014.
De ahí que durante estos seis años las investigaciones hayan resultado infructuosas. Ahora, el gobierno de López Obrador inició una nueva investigación paralela sobre el lavado de dinero del narcotráfico, y su rastro de corrupción sobre la policía y el ejército, que llega hasta las más altas cúpulas políticas de los gobiernos anteriores.
Las investigaciones hasta ahora han logrado detectar e incautar más de ochocientos millones de dólares, eso a pesar del escaso entusiasmo del aparato financiero y judicial mexicano.
Sin embargo, los avances en la investigación sobre el lavado de dinero de los carteles de drogas del estado de Jalisco, mostraron ahora una realidad desastrosa.
Es que, si se interviene y se requisan los cientos y cientos de millones de dólares que en este momento están en juego, la economía total de ese estado se derrumbaría por completo instantáneamente.
Es decir, sanear los fondos generados por el tráfico de drogas, sería un golpe de muerte que liquidaría miles de puestos de trabajo legítimos y dejaría millones de personas en situación de miseria.
¿Qué alternativas le quedan ahora al nuevo gobierno? ¿Tendrá que consultar una vez más a la nación mediante otro plebiscito?
¿Cómo es que el contagio de la corrupción ha logrado enfermar a tal extremo a la clase política, a las grandes corporaciones privadas y a las Fuerzas Armadas y policiales?...
Esta semana, tras una reunión en Moscú, los gobiernos de Armenia y Azerbaijan acordaron un cese del fuego en la violenta guerra de Nagorno Karabaj. Han seguido algunos episodios sangrientos, pero la paz momentánea parece estabilizarse.
Pero el análisis de las causas de esa nueva, estúpida e inútil guerra, ya mostró una vez más que fue producto del choque de dos grupos de poder económico y político, del llamado “Estado Profundo” de ambas ex repúblicas soviéticas.
¿Qué es eso del llamado “Estado Profundo”?...
Una definición aceptable dice que se entiende por “Estado Profundo” el control ilegítimo y clandestino que alcanzan ciertos grupos encubiertos de poder enquistados dentro del aparato de gobierno de un estado.
Se trata de la colusión de grupos que controlan áreas del gobierno, desde donde logran imponer secretamente decisiones y objetivos que resulten de su conveniencia, en forma independiente o incluso contraria a los objetivos del gobierno legítimo, y en la mayoría de los casos, llegando a generar actos de corrupción.
Se producen esos grupos clandestinos y secretos principalmente en el seno de las fuerzas armadas y las autoridades civiles, los servicios de inteligencia, las policías secretas y la administración pública en general.
También pueden ser parte del “Estado Profundo” agrupaciones de empleados públicos, a menudo contratados mediante cuoteos políticos, que se unen secretamente atrincherándose para lograr provechos y asegurarse mantener sus pegas, alcanzando una mayor cuota de poder burocrático sobre el estado.
El Estado Profundo puede espiar, filtrar informaciones, obstaculizar iniciativas e incluso calumniar a quienes estorben sus propósitos.
Cuando miramos lo que fue el derrumbe de la Unión Soviética veremos el ejemplo más concreto de lo que es el Estado Profundo y sus cuáles pueden llegar a ser sus efectos.
Ahora, en el mundo occidental, el Estado Profundo está infiltrado en extremo. No sólo en los partidos políticos sino también en las Fuerzas Armadas y policiales.
¿Cómo podría eliminarse ese fenómeno que ya se volvió virulento y amenaza matar al sueño democrático?
Se nos dice que cuando pase la pandemia de COVID19 ya nada volverá a ser como antes. ¿Eso es una buena o una mala noticia?...
Hasta la próxima, gente amiga. Hay peligro, si no somos capaces de recobrar nuestros valores sencillos, claros, que no necesitan esconderse en conspiraciones ni colusiones… bueno, encontraremos entonces un feísimo futuro. ¡Un futuro tal como antes!
