Por vía judicial y policial, España pretende impedir que millones de catalanes voten

[resumen.cl] Este 1° de octubre el Gobierno autonómico catalán, tras la aprobación del parlamento de las leyes de referéndum y de desconexión, convocó a un consulta al pueblo catalán para decidir: Seguir anclado al Estado monárquico español o construir una República catalana.

El Estado español ha dinamitado toda vía política o de negociación con las instituciones catalanas y se aferra a la vía represiva, a través de actos judiciales y policiales, para retener a Cataluña dentro de sí, haciendo crecer notoriamente el fenómeno independentista dentro de la sociedad catalana que durante 6 años cada 11 de septiembre ha hecho demostraciones multitudinarias a favor de la independencia.

Tras la aprobación del parlamento catalán de las leyes de referéndum y desconexión, el Estado español emprendió acciones, tanto contra el Gobierno catalán, como contra el parlamento catalán, se realizaron acciones tan desesperadas como ingresar a una imprenta y un periódico en busca de los votos que se utilizarán en la consulta del 1° octubre. Días más tarde cerró la web oficial de la consulta, la que el gobierno catalán volvió a levantar en minutos. Las amenazas judiciales y policiales se trasladaron luego a los medios de comunicación que realicen propaganda invitando al referéndum. El día de ayer, las amenazas judiciales recayeron sobre los 712 alcaldes catalanes que garantizaron que prestarán la infraestructura de sus municipios para la consulta, quienes fueron convocados a comparecer a tribunales.

El autoritarismo del Estado español llegó a límites insospechados, con la prohibición judicial de una manifestación a favor del “derecho a decidir” en Madrid, y de acciones similares de la policía española en contra de manifestaciones y foros de conversación en Valencia y Gijón.

Cataluña sigue su ritmo, los alcaldes de la izquierda independentista (CUP) señalaron abiertamente que no piensan comparecer ante ningún tribunal, los alcaldes socialdemócratas (ERC) y Liberales (PDeCat) han señalado que no tienen ningún problema de ir a tribunales a decirles a los jueces que apoyan el proceso. Hoy, la estrategia represiva del Estado español sigue apuntando a la logística del proceso electoral. Sin embargo, ya fracasaron con el intento requisar los votos en la imprenta, los catalanes respondieron publicando el voto en internet y mostrando impresoras personales en el parlamento español, mostrando que el voto puede ser imprimido por cualquiera desde su casa, luego de cual el Estado español echó abajo la página oficial de la consulta, sin embargo, los catalanes abrieron una en el extranjero y el propio Julian Assange se ofreció para garantizar la seguridad del servidor.

Por otra parte, el encargado de finanzas de Cataluña, Oriol Junqueras, comunicó que dejará de enviar informes a Madrid sobre los dineros que maneja el Gobierno autonómico, materializando una desconexión de la hacienda catalana con el Estado español.

Ahora, los jueces y policías intentan confiscar las urnas e impedir que llegue el material electoral a las mesas de votación. Desde órganos del Estado han amenazado con cortar la energía eléctrica y el internet en los centros que sean utilizados para votar, sin embargo para todos estos problemas hay remedios y los catalanes ya piensan en ello. La situación es tan patética para el Gobierno español que su líder, el derechista Mariano Rajoy, ayer hizo un llamado a los catalanes a no ir a votar, luego de haber prometido la no realización del referendum.

Las noticias se suceden hora tras hora. Hoy parte la campaña electoral para la consulta del 1° octubre y el Gobierno español está amenazando a quienes presten infraestructura o se involucren en estas manifestaciones. Lo cierto es que solo quedan 17 días para el mentado referéndum y la lógica de los catalanes es la desobediencia civil.

Para este referéndum están contempladas 8.017 mesas electorales ubicadas en 2.702 colegios electorales y las fuerzas de orden público en Cataluña suman 9.700 efectivos.

Estas leyendo

Por vía judicial y policial, España pretende impedir que millones de catalanes voten