Paul Walder / Punto Final

Una sumatoria de malas noticias se acumulan para los trabajadores y futuros pensionados. Al rechazo del gobierno a reformar el sistema de AFP, pese a haber convocado y contar con el informe de una comisión asesora -la denominada Comisión Bravo-, se suma un recorte del dos por ciento a las ya escuálidas pensiones y una permanente inestabilidad de los mercados financieros en los cuales están invertidos esos fondos. A este evidente retroceso en las políticas previsionales se agregó, a inicios de mes, el retiro del Congreso del proyecto de AFP estatal, ingresado durante el primer año de gobierno.

En este deprimido contexto para millares de trabajadores, la pensión de Myriam Olate, funcionaria de Gendarmería y ex esposa del presidente de la Cámara de Diputados, coloca el problema de las escuálidas pensiones en el centro de la discusión sobre la desigualdad en la distribución de los ingresos. Mientras la ex pareja de Osvaldo Andrade recibe tras trucos, apaños y cercanía con los centros de poder del Estado una abultada e impresentable pensión de más de 5,5 millones de pesos, los promedios de las pensiones que reciben los trabajadores y trabajadoras en el sistema de capitalización individual se mueven bajo los 200 mil pesos.

A los trabajadores y futuros pensionados les ha llovido sobre mojado. Como consecuencia de la exposición de sus ahorros de vejez en los mercados y casinos financieros locales y globales, en junio pasado todos los fondos, incluso el publicitado como más seguro, registraron retrocesos. Según explicó la Superintendencia de Pensiones, la baja “se explica principalmente por el retorno negativo que presentaron en el periodo las inversiones en el extranjero, especialmente la renta variable”. Como consecuencia de este escenario, el Fondo A (el más riesgoso y expuesto en su totalidad en acciones y otros instrumentos de renta variable) cayó 3,8 por ciento, en tanto el Fondo E, el más conservador orientado a renta fija, se estrechó en 0,10 por ciento. Entre ellos, todos los demás también perdieron.

Estas cifras, que han hecho recordar a los trabajadores las pérdidas de más de un diez por ciento real sufridas durante la crisis de las subprimes hacia finales de la década pasada, son especialmente sensibles en los ahorros al observar la estructura de estos fondos. Ello, porque ante la mezquindad e ineficiencia propia del sistema, los cotizantes se ven obligados a poner sus dineros en los fondos potencialmente más rentables pero objetivamente más riesgosos. Es así como en los tres fondos de mayor exposición, el A, B y C, los trabajadores han puesto el 64 por ciento de sus ahorros.

RECORTE ARBITRARIO

El 1º de julio entraron en vigencia las nuevas tablas de mortalidad para el cálculo de las pensiones. Según explicó la Superintendencia del ramo, sobre la base de estudios de la OCDE, del INE y del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade), se cambiaron las estimaciones de vida de los futuros pensionados. De este modo, se informó, las mujeres afiliadas al sistema de pensiones que hoy tienen 60 años (edad legal de jubilación) vivirán en promedio hasta los 90,3 años, “esto es un año y dos meses más respecto de las tablas vigentes. La mayor sobrevida, involucra una baja promedio de 2,2% en las pensiones por retiro programado, respecto de las pensiones calculadas con las tablas vigentes. No obstante, ese porcentaje de la pensión no se pierde, sino que es redistribuido para cubrir la mayor longevidad y evitar que los fondos se agoten antes del final del periodo estimado”.

En el caso de los hombres sucede al similar. Quienes hoy tienen 65 años (edad legal de jubilación), se estima que su esperanza de vida llegará en promedio a 85,24 años, siete meses más respecto de las tablas actuales, lo que implica una baja en las pensiones del 2,1 por ciento.

Ante esta baja, surgieron voces cuestionando estos cálculos y denunciando la medida de la Superintendencia como arbitraria. La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó en mayo pasado un informe sobre la esperanza de vida en los países americanos. Aun cuando Chile es la nación del continente cuya población es la más longeva, la esperanza de vida se ubica sólo en 80,5 años, estimación bastante menor a los cálculos de la autoridad nacional de pensiones. Si consideramos que el monto promedio de las pensiones de vejez pagadas por las AFP en junio fue de escasos 190 mil pesos, la medida de la Superintendencia apunta a reforzar un sistema que conduce a la miseria a todos los trabajadores chilenos.

DESAPARECE LA IDEA DE AFP ESTATAL

En este contexto que ya está en plena crisis, el gobierno retiró de manera unilateral del programa la única propuesta para matizar, aunque de forma sin duda insignificante, el sistema de AFP. Hacia finales de junio le quitó urgencia al proyecto de AFP estatal, lanzado en 2014 y reiterado durante el discurso del 21 de mayo pasado. Una administradora estatal, que posiblemente el único impacto favorable y marginal hubiese sido menores comisiones, desapareció de escena de un día para otro ante la perplejidad de los diputados y otros actores y observadores.

Ante la decisión del Ejecutivo, hoy nuevamente bajo la presión empresarial y de la derecha por recortar el gasto fiscal, desde el Congreso el diputado DC Fuad Chahín calificó esta determinación como un “error” y un “portazo” a las demandas de los trabajadores y trabajadoras. “Sabemos que hay ajustes y un complejo escenario fiscal y económico, pero ello no nos puede inhibir trabajar y avanzar con las recomendaciones que arrojó la Comisión Bravo y generar un cambio sustantivo para mejorar las pensiones y una transformación estructural del sistema de AFP”, planteó. Asimismo, fue enfático en manifestar que ya no existe credibilidad para que, nuevamente, esta bandera sea utilizada como programa para un próximo gobierno, cuando en cuatro años y más no se ha podido modificar o transformar esta realidad “que afecta con pensiones de hambre a millones de chilenos en el país”.

El retiro del proyecto de AFP estatal ha sido interpretado por algunos observadores como la claudicación del gobierno a nuevas reformas, como una conformidad con lo realizado y un anuncio del cierre del programa. Sería la intención de acotar las áreas de discusión a las materias ya en curso y evitar más focos de enfrentamiento con el sector privado y la derecha. Porque una AFP estatal, que poco o nada favorece a los trabajadores, sí abre conflictos con el sistema privado de AFP, el sector financiero y las sociedades anónimas.

De partida, abre el clásico foco de discusión neoliberal de la competencia desleal de un sector público que debe inhibirse de participar en actividades productivas y financieras. Porque una AFP estatal, que hubiese ofrecido comisiones más bajas de administración de los fondos, podría haberle quitado mercado al sector privado, hoy concentrado en grupos muy poderosos y con gran capacidad de lobby. Sólo como ejemplo: hoy tres AFP, Provida (MetLife) Habitat (Cámara de la Construcción) y Capital (grupo internacional Sura), administran casi el 80 por ciento de un mercado de 171 mil millones de dólares, que es el fondo total de los trabajadores. Un poder que quedó expresado en la cooptación de funcionarios que supervisan el sector, como es el caso aún no resuelto en su totalidad de la fusión ilegal destinada a eludir impuestos de las AFP Cuprum y Argentum, ambas del mismo propietario con fuertes relaciones con figuras de la Concertación. En la presidencia del directorio de Cuprum está Hugo Lavados, exministro del anterior gobierno de Michelle Bachelet y exponente de la puerta giratoria entre el sector público y privado.

Hay también otros aspectos que habrían tenido como efecto la renuncia del gobierno a poner en marcha una reforma al sistema de AFP. Una administradora por muy estatal que fuere, tiene que ingresar a un mercado de inversionistas y especuladores privados. Tal como las inversiones de las otras AFP están colocadas entre otros instrumentos en acciones de grandes sociedades anónimas, el sector privado chileno habría presionado para evitar el ingreso de inversiones públicas en la compra de acciones de empresas.

En cualquier caso, este no es ni lejos el problema de fondo. El concepto de administración de los fondos de los trabajadores por el sector privado fue diseñado para beneficiar al sistema financiero y las sociedades anónimas. La rentabilidad de ambos, tanto de las AFP como las sociedades anónimas, en comparación con los fondos de los trabajadores, expresan de forma clara esa realidad. Al primer trimestre del año las principales sociedades anónimas chilenas lograron aumentar sus ganancias en un promedio del 43 por ciento. Por su parte, las AFP como empresas tuvieron una rentabilidad entre 2014 y el año pasado del 22 por ciento, en tanto el fondo de los trabajadores ha perdido parte de su volumen durante el último año. Entre junio de 2015 y el mes pasado el Fondo A cayó más de un cinco por ciento y sólo los dos más conservadores tuvieron leves rentabilidades. Las AFP saben bien para quién trabajan.

El problema es ya de larga data y no tiene cómo resolverse sin evitar una reforma profunda o un regreso a un sistema solidario. Un informe de la consultora Mi Previsión hace una comparación entre las rentabilidades históricas de los fondos y las actuales. El resultado es impresionante. En los años 80, cuando se creó el modelo privado de capitalización individual, la rentabilidad anual promedio era superior a un once por ciento real. En los 90 llegó a superar un trece por ciento, pero a partir del 2000 el rendimiento fue descendente. Hasta el día de hoy. Entre el 2000 y el 2010 los fondos crecieron sólo un 5,8 por ciento por año en tanto en la década actual el promedio es de un cuatro por ciento.

En este lúgubre escenario para los trabajadores, a quienes les esperan unas pensiones de miseria, los legisladores, sin ningún éxito hasta la fecha, junto a organizaciones de futuros pensionados, buscan colocar la reforma completa del sistema en la agenda. Desde la Cámara, la bancada DC ha levantado el tema como propio y ha exigido, con muy poco eco, la postergación del recorte a las escuálidas pensiones así como ha insistido en disminuir la brecha de desigualdad que existe entre los diversos sistemas previsionales que benefician a fuerzas armadas y otros trabajadores.

Nada de ello resuelve el problema, cuya solución tiene ribetes de urgencia y no es otra que transformar el sistema de pensiones por uno tripartito y solidario. En esa línea, la Coordinadora Nacional de Trabajadores NO+AFP, tras el escándalo provocado por la pensión de la ex mujer del diputado Andrade, llamó al gobierno una vez más a terminar con el sistema de AFP impuesto en dictadura y a restablecer un sistema de reparto solidario, financiado de manera tripartita y administrado por un organismo sin fines de lucro, como el que tienen todos los países de Europa y Norteamérica y los países de la OCDE.

El sistema se halla en una crisis profunda y su solución, postergada ya para un próximo gobierno, exige urgente decisión.

PAUL WALDER

Publicado en “Punto Final”, edición Nº 856, 22 de julio 2016.