[resumen.cl] Se ha anunciado el fin del paro de los trabajadores del Registro Civil luego de haber logrado parcialmente los objetivos planteados en el inicio de la movilización. Durante los 39 días de paralización, los medios de comunicación controlados por empresas privadas buscaron posicionar a los movilizados como verdaderos enemigos de los chilenos y aprovechadores de un supuesto paraíso laboral, ofrecido por el Estado. En esta carta, la Unión Portuaria del Bío Bío pone en evidencia estas falacias y entrega su apoyo y compresión a quienes, bajo el agobio de la propaganda antisindical, persistieron en su lucha.
COMUNICADO PÚBLICO
A través del presente quisiéramos entregar nuestro apoyo y comprensión a nuestros compañeros y compañeras del Servicio de Registro Civil que se encuentran en huelga por sus demandas laborales. Entendemos la frustración y molestia que esta movilización causa en la población, de hecho nosotros mismos hemos debido retrasar trámites sindicales por no contar con certificados que esta institución debe emitir, pero no entendemos ni compartimos la parcial visión que el gobierno y los medios de comunicación han dado al conflicto, poniendo como único y exclusivo culpable a los trabajadores organizados del Registro.
La verdad es que a los trabajadores no nos agradan las huelgas, no lo vemos como un fin, sino como un medio para conseguir un fin justo y legítimo que se nos ha negado a través de otros mecanismos. Lo afirmamos así, porque nos ha tocado experimentarlo en carne propia. Por años en los puertos a sus trabajadores se les negó todo, no estábamos autorizados a tener Comités Paritarios por lo que el abuso en aspectos de seguridad y salud fue (y en muchos aspectos continua) siendo la tónica, por muchos años se nos prohibió colar en nuestros turnos de trabajo a pesar que Chile había suscrito varios acuerdos internacionales donde ello se aceptaba como un derecho intransable. Años de búsqueda y conversaciones tratando de solucionar esos problemas fueron infructuosos y lo único que nos quedó fue la huelga exigiendo su cumplimiento, lo que al final se tradujo en la ley 20.773, pero sin antes de ser tratados como terroristas y egoístas por buscar nuestros beneficios a costa del perjuicio al país por frenar su comercio exterior, pero jamás se mencionaron las precarias condiciones laborales que exigíamos que se acabaran y las que motivaban nuestro accionar. Mas nosotros sabíamos que por más de 9 años buscamos corregir esa situación por la vía del dialogo, solución que siempre se nos negó, no quedando otra alternativa que una movilización que duró más de 3 semanas. Ahora, el tratamiento que se le ha dado a nuestras compañeras y compañeros movilizados del Registro Civil no dista en nada al que se nos dio, se mencionan sólo verdades a medias y no toda la verdad. Es verdad que los trabajadores de planta del Estado son inamovibles de sus puestos, ¿pero se menciona que ellos no superan el 20% del total de los trabajadores fiscales?, ¿acaso se ha dicho que más del 80% o está a plazo fijo por años, incluso décadas, y que por lo tanto no tienen derecho a indemnizaciones en caso de despido?, ¿acaso se dice que un porcentaje cercano al 40% de los trabajadores fiscales no tienen contrato de trabajo sino que de honorarios, negándoseles las previsiones sociales como las de salud? ¿Se ha mencionado acaso que incluso existen trabajadores que están como “Compra de Servicios” rebajando a dicho trabajador(a) al mismo nivel de la compra de una resma de papel? ¿Se ha mencionado que por esos 2 últimos tipos de contratación se les ha negado sus derechos reproductivos a miles de mujeres, pues en caso de quedar embarazadas pueden perder sus empleos?...pues nada de ello se ha escuchado.
Esas realidades de precariedad, y muchas otras más, son las que millones de personas viven en nuestro país desde hace décadas y la búsqueda de terminar con ellas, por parte de los que son explotados por esa realidad, es natural y legitima. El ser humano por naturaleza buscará una mejor calidad de vida, un mayor bienestar y luchará por ello si se le niega. La negación de justicia que los trabajadores han sufrido por décadas, desemboca en estos terremotos laborales debido a la tensión social acumulada por los años de oídos sordos. Por lo tanto no se puede culpar a los trabajadores por que éstos ocurren, pues como sujetos sociales y como seres humanos hemos sabido que organizándonos es la mejor forma de conseguir una mayor capacidad para satisfacer nuestras legitimas necesidades y demandas, no porque exista una ley, sino porque nuestros instintos humanos nos lo señalan.
Ahora, gobiernos y empresas, ¿pretenden seguir ese camino de negación de una legítima justicia social, generando caldos de cultivos para nuevas revueltas, provocando nuevas acumulaciones de tensiones sociales que tarde o temprano estallaran destruyendo todo lo creado? ¿Acaso pretenden por ley eliminar el instintivo comportamiento humano de encontrar mayor bienestar organizándose con sus semejantes? ¿o alguna vez se tomará el camino de los acuerdos sociales reales, participativos, democráticos, legítimamente validados de una construcción de sociedad y de sus modelos de producción?
Algunos pocos, lastimosamente muy minoritarios aún, han empezado a vislumbrar eso último como una vía factible, pero la opción de desentenderse de las demandas de la sociedad, de reprimirlas si es necesario, sigue siendo la de mayor arraigo. Pero son los mismos que después miran con espanto como años de tensión acumulada les estalla en la cara, sin darse cuenta que fueron ellos mismos los que generaron dicha presión y provocaron que esta se acumulara por décadas. Pensar que eso se terminará por la simple existencia de una ley que prohíba esas expresiones de frustración y justicia es tan absurdo como pretender que los terremotos se terminarán con una norma que impida su existencia. El no entender que al chocar 2 placas tectónicas genera tal presión geológica que en algún momento esta se desprenderá, provocando los ya conocidos terremotos, es equivalente a no entender que una sociedad donde los intereses de unos sean oprimidos por los de otros tarde o temprano provocará sismos o cataclismos laborales y sociales. Y para eso no hay ley que lo impida.
La naturaleza es igual en ambos casos, pero a diferencia de los movimientos telúricos geológicos, los laborales si pueden evitarse, pues sus causas si se pueden salvar, canalizar, encausar. ¿Y ello cómo? Pues con la participación real en decisiones claves que afecten a todos, en la justa repartición de las ganancias que el esfuerzo individual y colectivo genera, pero principalmente a través del dialogo abierto, verdadero, vinculante y en el respeto irrestricto del ser humano y sus derechos. De no ser así, vayámonos acostumbrado a estallidos como el acá visto, como el que vivimos en los puertos, como el que mostró Aeronáutica Civil y olvidémonos de un país donde tengamos un futuro próspero y con crecimiento, porque la paz social, la verdadera, la legitimada, la que nace producto del acuerdo social real, es el capital imprescindible para que ello ocurra y esta no existirá.
