La Unión Portuaria del Bío Bío se acerca a cumplir 5 años desde su creación, desde sus tímidos inicios como heredera de la desaparecida Coordinadora Nacional de Trabajadores Portuarios y con el objetivo de propender al bienestar de los trabajadores portuarios y sus familias, la defensa de sus derechos laborales y avanzar en mayores conquistas económicas y sociales, utilizando la acción directa como principal arma para el logro de sus metas. 

Su historia está llena de éxitos de variada escala, desde coordinar ayuda solidaria para los trabajadores afectados por el terremoto, hasta el pago retroactivo de impuestos y colaciones. 

En todos esos desafíos de corto plazo ha demostrado una eficacia sin precedentes, puesto que en todas las luchas realizadas ha salido airosa, pero ahora se enfrenta a nuevos retos. Sus metas apuntan a lograr hitos que sean permanentes en el tiempo, triunfos que signifiquen mejoras definitivas en el bienestar de los trabajadores portuarios, leyes que aseguren -a perpetuidad- pensiones mejores y más tempranas, que den estabilidad y seguridad a los que laboran en los terminales portuarios, triunfos que signifiquen una herencia histórica a las futuras generaciones. No es sencillo, pues no se está acostumbrado a luchas de largo aliento, que afecten a la sociedad en su conjunto, y que generen una mayor resistencia por parte del empresariado al significarles alzas permanentes en sus costos. Por lo mismo, se deberá actuar mucho más reflexivamente que impulsivamente, se deberá potenciar todos los aspectos fuertes y mejorar aquellos donde se han mostrado debilidades: Pues sí, algo que nos enseñó la última movilización es que tenemos puntos débiles y que el empresariado, en conjunto con elementos del Estado cercanos a ellos, está dispuesto a dar una dura pelea y no perder su hegemonía. 

Un claro ejemplo de lo anterior se ve en la movilización de Mejillones de Enero reciente, en la cual el 70% de los trabajadores del puerto (adscritos a la Unión Portuaria de Chile) pararon contra Ultraport por mejoras económicas, pero esta empresa, lejos de negociar, decidió enfrentar a los trabajadores mediante una arma muy efectiva: el miedo, todo ello con cooperación de organismos estatales como la Dirección Regional del Trabajo, su Intendencia y Fuerzas Armadas. Estas últimas, entre carabineros y marinos, enviaron un enorme destacamento de más de 500 efectivos cuya misión no era expulsar a los manifestantes, sino permitir que entraran trabajadores externos a realizar las operaciones que los paralizados no estaban efectuando. 

Su efecto fue el esperado. No era que el puerto siguiera funcionando con otros trabajadores (pues estos nuevos tenían mucho menos experiencia que los huelguistas), sino que se produjo el temor de perder el empleo o turnos y se generó que los trabajadores movilizados se desarmaran y comenzaran a entrar a trabajar, destruyendo con eso a la organización. Ultraport tomó esa pérdida generada por trabajadores poco experimentados como una inversión, si con ello se desarticulaba el movimiento portuario en su terminal. Y lo consiguió, demostrando al resto que los portuarios podían ser muy fuertes, pero no eran invencibles. 

Con ese resultado, algo similar intentó el gobierno con el resto del país, movió sus piezas y el martes 21 de enero esperaba hacer su jugada. Ella consistía en repetir lo que hizo Ultraport en Mejillones, pero ahora a escala nacional. Ese día el Ministerio del Trabajo promulgaba el DL 4 del 2014 que permitía que trabajadores con tarjetas portuarias vencidas u operadores de maquinaria pesada con el sólo hecho de tener su licencia de conducir, podían reemplazar a trabajadores paralizados si el gobierno estimaba que dicha paralización significaba un grave deterioro a la economía del país. Tras esa promulgación y argumentando que los puertos licitados estaban obligados a producir. 

Distintas intendencias ordenan a los puertos licitados por SAAM (Iquique, San Antonio, San Vicente) laborar, y para permitir que ingresen trabajadores envía destacamentos armados, similares a los presentes en Mejillones (o sea unos 400 a 500 efectivos), para desalojar las entradas de los terminales y con ello dar espacio a la entrada de trabajadores. Ello estuvo a punto de ocurrir -de hecho un batallón con decenas de vehículos policiales y de asalto con reservas de efectivos provenientes de Chillán y Los Ángeles se encontraba reunido en la comisaría de Talcahuano y a las 19:00 tenían orden de proceder- pero no contaron con que el discurso que llevaba la movilización diera un giro, un giro que le devolvía el disminuido apoyo popular con que contaba, tras erróneas declaraciones realizadas en la prensa escrita y principalmente en la TV, con la entrevista que el dirigente de San Antonio sostuvo en el programa Tolerancia Cero de CHV, en el cual no pudo ni supo explicar por qué una deuda de privados debía cancelarla el Estado, quien en todo momento fue el centro de la demanda y considerado como único responsable. 

Esa tarde, y para corregir ello, la Cámara de Diputados genera el Proyecto de Acuerdo 994, donde da una visión al conflicto que devuelve la popularidad a los portuarios al proponer y presentar un discurso que sí era aceptado por la gente y que responsabilizaba originalmente a los empresarios por la deuda y pone al Estado como un interventor producto de que las empresas no querían reconocerlo. En otras palabras, se dijo que los patrones eran unos ladrones y que si el Estado insistía en protegerlos (con decretos y fuerzas policiales) estaba defendiendo sólo intereses de privados. Con ello la lucha portuaria se transformó, en la mentalidad colectiva, de un asunto de un grupo de trabajadores que peleaban por asuntos propios a una reivindicación social contra el empresariado. Ese nuevo discurso y apoyo popular alejó a la fuerza pública de los puertos y obligó al gobierno a negociar en serio, hasta llegar al acuerdo del 25 de enero. Con esta sucesión de hechos nos queda una lección que debemos integrar a las futuras luchas. Esta es, que para desarticular las armas que el empresariado y el Estado pueden ocupar contra los portuarios, se debe contar con un fuerte respaldo popular.

Por lo tanto nuestro discurso también debe tener demandas y sentires del resto del pueblo y la clase trabajadora y ésta siempre debe vernos como parte de ella y con ella, que no los abandonamos ni nos rendimos al sistema (como culpan a algunos nuevos diputados y diputadas) sino que nuestra lucha también es parte de la de ellos, somos de ellos, somos y siempre seremos “de la calle”.

La nueva pillería muestras sus cartas para bajar las movilizaciones. 

La estrategia del gobierno para bajar las movilizaciones apunta a debilitar las organizaciones cooptando a sus líderes y asumiendo como propias las demandas de éstas. 

Uno de los sectores que por años se ha movilizado son los estudiantes secundarios y universitarios. Recordemos el pingüinazo del año 2006, varios de sus líderes más carismáticos fueron sacados de las calles por orden de sus partidos políticos y el gobierno de la concertación le cambio la ley de educación, ¿recuerdan?, la LEGE por la LOCE que al final fue “mierda por caca”, se “jodieron” a los cabros y bajaron las movilizaciones, la educación en la práctica no cambió, siguió siendo una educación para seguir enriqueciendo a los “poderosos”. 

Hoy la pillería le dio unos cupos en el parlamento a algunos de los “líderes” universitarios, a otros les dieron puestos en el gobierno, además de anuncios como el de terminar con la educación municipalizada y volverla al Estado, el proyecto de ley que pone fin al lucro, además de inventar la figura de un “interventor” para solucionar los problemas cuando una universidad se pegue un “condoro”. Parches tras parches, cuando el problema de fondo no es tan solo el lucro, el problema es que no se puede seguir con esta educación de mercado, que sigue sacando profesionales al servicio de las grandes empresas, para seguir exprimiendo nuestros recursos naturales, la educación se soluciona con la participación de toda la comunidad educativa en la toma de decisiones y para ello se tienen que democratizar los espacios de participación. 

Las movilizaciones de los pobladores tuvieron un significativo aumento en los últimos años, pero así como prendieron también se apagaron, se levantaron líderes carismáticos que fueron reconocidos por todo el país, los problemas de Freirina con sus chanchos, Aysén y sus problemas con el alto costo de los combustibles y de la canasta básica, entre otros temas. 

El gobierno se ha encargado de llegar al núcleo de las poblaciones para embaucar a los dirigentes de las juntas de vecinos, ofreciendo el cielo y la tierra con el objetivo de parar futuras movilizaciones, aquí también la nueva pillería ofreció cargos a dirigentes, uno de los que cayó fue el vocero de los ayseninos el hoy diputado Iván Fuentes Castillo. 

En el sector de los trabajadores, la concertación aprovechó desde el momento mismo en que asumieron en 1990 para utilizar a la CUT como el opio de los trabajadores, bajo el pretexto de no hacer “olitas” al gobierno de Patricio Aylwin, infundiendo el temor que podían volver los militares si hacíamos protestas. Esta artimaña le reportó grandes beneficios a la clase política y a los empresarios, durante años los trabajadores se durmieron en los laureles, y el desaparecido señor Bustos, luego el señor Martínez, se dejaron acariciar por la suave mano del empresario y sus billetes, traicionando a la clase trabajadora. 

En la actualidad la CUT, al mando de la señora Bárbara Figueroa, sigue caminando por la vereda de los empresarios y gobierno, alejándose cada vez más de las demandas de los trabajadores, la guinda de la torta la pone el señor Cristián Cuevas, reconocido dirigente del cobre. Este señor lideró la mayoría de las luchas millonarias de estos trabajadores, hoy el gobierno en una jugada de lujo lo saca de las calles y lo envía como agregado laboral de Chile en España. 

El sector portuario no ha escapado a la mano del gobierno y empresarios, nosotros tenemos a los “célebres” dirigentes de Valparaíso: Sergio Baeza y Roberto Rojas. Estos señores han puesto sus servicios y a la COTRAPORCHI a las órdenes del gobierno de turno, abandonando a sus trabajadores. 

En la Unión Portuaria existen dirigentes que tienen sus posiciones políticas definidas, hasta ahora no ha ocurrido nada extraño que se sepa, pero tenemos que estar alertas a cualquier movimiento raro, los señores del gobierno y empresarios nos tienen en la mira, esperemos que los dirigentes de esos partidos de la nueva mayoría sigan privilegiando las demandas de los trabajadores por sobre las líneas políticas de sus partidos. 

Primer Congreso No + AFP - Valdivia

Comentarios y síntesis de Congreso No+AFP 

En la instancia participaron una serie de organizaciones sindicales y sociales desde Santiago al sur. El trabajo se llevó a cabo en la ciudad de Valdivia los días 16 y 17 de Mayo. Dentro de los principales elementos que se analizaron se menciona el estado actual del movimiento a nivel nacional, una línea general de comunicaciones, acciones de movilización y profundización técnica de la propuesta, además se integró al ejecutivo nacional a dos voceros regionales de los cuales se determinará quienes asuman las vocerías nacionales, no obstante hasta entonces se mantiene la vocería nacional de Luis Mesina de la Confederación Bancaria. 

Se establece que el movimiento apuntará a la autonomía en relación al Estado, los partidos políticos tradicionales y las empresas. Se fija como objetivo convocar a nuevas organizaciones sociales, sindicales, gremiales e individualidades para integrar el movimiento en sus bases territoriales y de esa forma engrosar el trabajo y abrir mayores espacios de difusión. Se convoca a una instancia de movilización multisectorial para el día 26 de Junio. Se generará una comisión técnica alternativa conformada por trabajadores o individualidades que pertenecen al movimiento. En representación de los trabajadores portuarios asistió Luis Neira.