[Nota de Resumen] Boris Bravo, actual presidente de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, quien fuera dirigente de la Universidad Católica Penquista (2002-03), cuestionó las declaraciones del vocero del Gobierno, Marcelo Díaz sobre supuestas ventajas de funcionarios por inmovilidad de cargos.

Por Boris Bravo Rodríguez /resumen.cl

Casi dos años han pasado del tercer gobierno encabezado por una mandataria del Partido “Socialista” desde el retorno a la democracia y la verdad es que no se han visto avances en materia laboral. Hemos sido testigos de cómo se han consolidado los pilares instaurados por José Piñera durante la dictadura cívico-militar y han prevalecido los intereses del empresariado.

A raíz del paro del Registro Civil, hemos escuchado a destacados militantes del Partido del Presidente Salvador Allende referirse a las demandas de los trabajadores del sector público y hacer aseveraciones que se alejan de la verdad.

“Funcionarios públicos gozan de inamovilidad de sus cargos en sus puestos de trabajo”, manifestó Marcelo Diaz, vocero de Gobierno, en punto de prensa por el paro del Registro Civil. Lo declarado por el Ministro busca poner a la ciudadanía en contra de los trabajadores del Estado, dado que la realidad es muy diferente.

Más del 80% de los trabajadores tienen “contratos” a plazo fijo que deben ir renovando año a año, sin derechos a beneficios, tales como indemnización por años de servicio, o seguro de cesantía, entre otros. Los gobiernos de la Concertación y hoy de la Nueva Mayoría, no han tenido la voluntad política de cambiar esta realidad y han precarizado aun más el servicio, con el fin de mantener verdaderas trincheras del poder de los partidos oficialistas dentro de los servicios públicos.

En el mismo contexto, Camilo Escalona, el eterno dirigente del PS, dijo en una entrevista con radio T13: “Se instaló la idea de que el Estado puede financiarlo todo y eso no puede ser. No es un saco sin fondo” y continúa “Esos pequeños y múltiples gastos están presionando de forma tal, que el Estado no va a tener los recursos para financiar sus prioridades (…) Estamos en un momento muy delicado desde el punto de vista del impacto del gasto en la situación macroeconómica del país. No es posible continuar presionando la caja fiscal” dice el militante socialista.

Esta afirmación se cae a pedazos si solo consultamos, ¿cuáles son las prioridades del gobierno? ¿Acaso los gobiernos no han entregado las responsabilidades inherentes al Estado al sector privado? (Educación, Salud, Vivienda, Transporte, Previsión, etc.).La tónica de los gobiernos concertacionistas ha sido contar con la anuencia de la clase empresarial para poder realizar cambios o “reformas” en temas trascendentales para el país. Estas terminan siendo “a la pinta de los empresarios”, quienes hacen un gallito con la autoridad y amenazan a través de los medios de comunicación del peligro que estas reformas revisten y de la latente amenaza de volver a los tiempos de la “Unidad Popular”.

Hace unas semanas la Presidenta Bachelet en su encuentro con empresarios, en el Centro de Estudios Públicos, les aseguró que no se tocarán las bases institucionales (La Tercera, 09 octubre 2015).

La siguiente cita a pesar de que fue enunciada hace más de 100 años, cobra plena vigencia en estos días: “Los dueños de Chile somos nosotros, los dueños del Capital y del suelo; lo demás es masa influenciable y vendible; ella no pesa nada ni como opinión ni como prestigio” (Eduardo Matte, bisabuelo de Eliodoro Matte Larraín, diario El Pueblo 19 de marzo de 1892).

El ex presidente del Partido Socialista, ex Ministro del Trabajo, Director Suplente de Aguas Andinas en representación de Corfo, y Diputado de la República, Osvaldo Andrade, que más que diputado, se mueve como vocero de gobierno en el Congreso, ha anunciado una moción de reforma constitucional que permitirá establecer el derecho para que los trabajadores del sector público puedan negociar colectivamente, que además apunta a regular el derecho a huelga de dicho sector.

Llama la atención que este parlamentario proponga regular derechos que hoy se encuentran autorregulados y por los cuales el Estado chileno ha suscrito convenios internacionales (convenio 87 y 159 de la OIT). Importantes académicos como María Ester Feres, abogada y experta en temas laborales, y José Luis Ugarte, abogado laboralista de la Universidad Diego Portales, han entregado su opinión respecto al proyecto de la reforma laboral. La ex directora del trabajo del gobierno de Ricardo Lagos, ha sostenido que el actual proyecto es inocuo y que no rompe con los cimientos de la estructura laboral heredada de la dictadura. A su vez, Ugarte advierte que hay que sospechar de estas propuestas de sobrerregulación, ya que más que facilitar las negociaciones buscan burocratizar y dejar en manos del empleador las decisiones de negociación colectiva y derecho a huelga. Si la regulación es inevitable, explica, es importante “distinguir entre aquellas leyes que tienen el objetivo de promover el poder de las organizaciones sindicales de aquellas que buscan controlar el fenómeno sindical”.

Se puede concluir que estos dirigentes, cuando se llamaban oposición, aplaudieron y apoyaron los movimientos sociales y las demandas de los trabajadores. Hoy, que son parte del gobierno, las desprestigian y atacan mostrando un doble estándar, propio de lo que se ha convertido el Partido Socialista.

¡Qué lejos resuenan las últimas palabras de Salvador Allende dedicadas a las y los trabajadores de Chile!

(*) Boris Bravo es Presidente Asociación de Funcionarios Ministerio de Vivienda y Urbanismo, parte del Movimiento Cabreados, que agrupa a trabajadores del sector públicos organizados "contra las irregularidades y las colusiones de la clase política, la élite empresarial y las cúpulas de la dirigencia sindical" (www.movimientocabreados.cl)